Ecuador, en crisis económica por la pandemia de coronavirus, cerrará embajadas y reducirá personal diplomático en Venezuela, México o Irán y eliminará empresas estatales, en busca de ahorrar unos 4.000 millones de dólares anuales, anunció este martes el presidente Lenín Moreno.
«Cerraremos embajadas y oficinas diplomáticas», dijo el mandatario por radio y televisión al presentar su plan para reducir el gasto público en su último año de gestión, que culmina en 2021.
Señaló que desde que la presencia del covid-19 fuera declarada en Ecuador el 29 de febrero, 150.000 personas perdieron sus empleos y el Estado dejará de percibir 8.000 millones de dólares en concepto de exportaciones y recaudación de impuestos.
El mandatario estima que con estas medidas de ahorro el déficit fiscal para 2020 se reducirá a unos 4.000 millones de dólares.
Moreno señaló que los recortes en el servicio diplomático, que incluyen el regreso de embajadores para dejar a funcionarios de menor rango, serán aplicados en diversas misiones como en Irán, Nicaragua y Malasia.
Precisó además que cerrará Consulados en la localidad mexicana de Tapachula y la venezolana de Valencia.
El gobierno ya había cerrado legaciones en Argelia, Nigeria, Bielorrusia, Etiopía y Angola.
Aerolínea a liquidación
En su administración, que se inició en 2017, Moreno dio un giro a las cercanas relaciones diplomáticas con Venezuela y Nicaragua promovidas por su antecesor y exaliado Rafael Correa.
Tras eliminar durante su gestión más de 40 ministerios e instituciones públicas, Moreno también anunció que continuará reduciendo el aparato estatal con la eliminación de siete empresas públicas como la de ferrocarriles, medios de comunicación y correos.
El mandatario no dio detalles sobre si las empresas serán fusionadas, privatizadas o cómo se llevarán a cabo tales supresiones. Tampoco el tiempo que tomará implementar sus decisiones.
En el caso de la aerolínea Tame, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos cinco años, dijo que entrará en liquidación.
La difícil situación económica de Ecuador, por el alto endeudamiento de 65.000 millones (con un PIB de 110.000 millones de dólares) y su dependencia del petróleo como principal producto de exportación en un contexto de caída de precios del oro negro, se agravó con el coronavirus, que deja en el país cerca de 34.000 casos, incluidos unos 2.800 muertos.
Las autoridades también reportan otros 1.700 fallecidos probables por la pandemia.
«Sumadas todas las guerras(tres con Perú en el siglo XX y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de su historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos», expresó Moreno.
Gasolina a la baja
Añadió que su gobierno aplicará una fórmula, que no precisó, para que el precio de la gasolina se alínee con el del mercado internacional, por lo que el galón 3,8 litros bajará de 1,85 a 1,75 dólares debido al desplome de la cotización del crudo.
«Se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y el diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube», indicó el mandatario.
En octubre, Ecuador eliminó millonarios subsidios a combustibles en acuerdo con el FMI, que junto a otros organismos decidieron el año pasado prestarle 10.300 millones de dólares.
Los precios subieron hasta 123% y desataron fuertes protestas lideradas por indígenas, que dejaron una decena de muertos y más de 2.000 heridos y detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
El descontento social obligó al gobierno a dar marcha atrás.
Moreno añadió que para «generar un ahorro», la jornada laboral de ocho horas diarias del Poder Ejecutivo se reducirá a seis, con lo que también disminuirán los salarios. Los profesores trabajarán una hora menos.
Desde hace dos semanas y en medio de la pandemia, estudiantes y trabajadores protagonizan esporádicas protestas por la eliminación de 100 millones de dólares del presupuesto para las universidades, que la Corte Constitucional inhabilitó.
Además rechazan recientes reformas, que están a consideración del Ejecutivo, como la reducción de horas laborales y de salario para todos los empleados, que precarizarán el trabajo según los sindicatos.