La Administración de Nicolás Maduro y la paralela del líder opositor Juan Guaidó defendieron ante el Tribunal Superior de Londres su legitimidad al frente del Estado de Venezuela, como paso previo para acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).
Al inicio de un juicio de cuatro días, expusieron al juez Nigel Teare sus argumentos Nick Vineall, abogado de la junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro, encabezada por Calixto Ortega, y Andrew Fulton, representante de la junta «ad hoc» designada por Guaidó -declarada nula por el Tribunal Supremo de Caracas- y de su procurador especial, José Ignacio Hernández.
La división Comercial y de Propiedad de la corte londinense decidirá, en una fecha por determinar, cuál de los dos políticos reconoce en realidad el Gobierno del Reino Unido -que ha expresado verbalmente su apoyo a Guaidó pero mantiene lazos diplomáticos con Maduro- como presidente de Venezuela, lo que a su vez legitimaría a su junta del BCV para reclamar el oro.
Una vez dirima qué junta es la válida, el tribunal podrá avanzar en la demanda presentada el 14 de mayo contra el BoE por Ortega, que acusa al banco británico de vulneración de contrato al no cumplir su petición de liquidar y transferir 930 millones de euros de las reservas de oro venezolanas (en total 31 toneladas, con un valor de 1.300 millones de euros) a un fondo de la ONU para ser empleados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.
El dictamen de la corte servirá también para resolver un pleito iniciado por Deutsche Bank el 13 de mayo de 2019 sobre quién tiene derecho a reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de «swap» o permuta de oro.
En el proceso actual, el Banco de Inglaterra, representado por el bufete Herbert Smith Freehills, considera que está «en medio» de dos partes en disputa, puesto que la junta de Guaidó le ha pedido que no entregue los activos a la de Ortega.
En la sesión telemática, Vineall adujo que el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, reconoce «inequívocamente» en la práctica al Ejecutivo de Maduro, aunque «no lo apruebe», como lo demuestra el hecho de que trata con su Administración -a la que ha impuesto sanciones- y con sus embajadores en el Reino Unido y organismos multilaterales.
Por contra, Fulton mantiene que Londres reconoció a Guaidó a todos los efectos cuando en un discurso el 4 febrero de 2019 el entonces ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, lo determinó como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se celebren elecciones creíbles».
Vineall señaló que el Gobierno británico ha rechazado emitir un certificado para corroborar ante el tribunal su reconocimiento de Guaidó y se ha limitado a citar ese discurso, que, en su opinión, tiene «una formulación ambigua» y es solo un posicionamiento «político» y no legal.
Según el abogado, si más allá de posicionarse diplomáticamente a favor de Guaidó para presionar a Maduro, el Reino Unido reconociera y tratara al líder opositor como el jefe del Estado y del Gobierno de Venezuela, estaría «violando la legislación internacional».
«El control del Gobierno de Maduro es estable y completo, y se extiende a todos los órganos del Estado», declaró Vineall, cuya intervención se alargó casi toda la sesión inicial.
Fulton, que protagonizará la jornada del martes, pide al tribunal que acepte la declaración de Hunt como prueba del reconocimiento de Guaidó y que no entre a cuestionar si los nombramientos efectuados por el líder opositor, incluida la junta paralela del BCV, son legales en el marco del derecho venezolano e internacional.
Este segundo aspecto de «justiciabilidad» -si la corte londinense tiene o no potestad para investigar la validez legal de los actos de Guaidó- centrará el debate entre las partes el miércoles y el jueves, antes de que el juez se retire a deliberar.
No se espera que el magistrado pronuncie su dictamen de manera inmediata y, en todo caso, se prevé que el proceso en su conjunto se alargue por sus ramificaciones legales y el precedente que sienta de cara a futuras peticiones de Caracas.