El régimen de Nicolás Maduro recurrió al Ejército para administrar la poca comida que llega al país. Pero los uniformados armaron un mercado paralelo de comestibles a precios altísimos para ganar fortunas a costa de los comerciantes y consumidores
Cuando el hambre hizo salir a las calles a miles de venezolanos el verano pasado, el presidente Nicolás Maduro recurrió al Ejército para administrar los escasos alimentos en el país, poniendo a los generales a cargo de todo, desde la margarina hasta el arroz.
Pero en vez de combatir el hambre, el Ejército está lucrando con ella, según una investigación de The Associated Press. Eso es lo que el tendero José Campos encontró cuando se quedó sin alimentos básicos en julio de este año. En medio de la noche, tenía que viajar hasta un mercado ilegal administrado por militares para comprar sacos de harina de maíz a 100 veces el precio fijado por el Gobierno.
«Los militares estaban allí pendientes de las bolsas de dinero. Siempre tuvieron lo que necesitaba«, dijo Campos.
Ahora que partes del país petrolero están al borde de la hambruna, el tráfico de alimentos se ha convertido en un gran negocio en Venezuela. Y las Fuerzas Armadas están en el corazón de todo, según documentos y entrevistas con más de 60 funcionarios, propietarios de empresas y trabajadores, entre ellos cinco ex generales. Como resultado, la comida no está llegando a los que más la necesitan.
El Gobierno de los Estados Unidos ya tomó nota. Los fiscales están investigando a empresarios y altos funcionarios, incluyendo a efectivos del Ejército, por lavado de recursos -por dinero que pasa por el sistema financiero estadounidense- provenientes de los contratos de alimentos, según varias personas con conocimiento directo de las investigaciones.
«Ahora la comida da más que la droga«, dijo el general retirado Cliver Alcalá, quien ayudó a supervisar la seguridad fronteriza.
El fallecido mandatario Hugo Chávez creó el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en 2004 para aumentar el control militar de estos productos ante los intentos de la oposición de derrocarlo. Su gobierno socialista nacionalizó y luego descuidó granjas y fábricas, y la producción doméstica se secó. Cuando el precio del petróleo se derrumbó en 2014, el Gobierno ya no tenía recursos para importar todo lo que necesitaba el país.
Cuando el hambre provocó protestas y saqueos, Maduro entregó a los generales el poder total sobre la comida. El gobierno importa ahora casi todos los alimentos del país y los sobornos a los generales están incluidos en los altos precios de las importaciones, según Werner Gutiérrez, profesor de Agronomía de la Universidad de Zulia.
«Si Venezuela pagara los precios del mercado, podríamos importar el doble y fácilmente satisfacer las necesidades de nuestra población», dijo Gutiérrez. En vez de eso hay gente muriendo de hambre.
En julio pasado, un empresario sudamericano tenía un barco lleno de maíz esperando en el puerto. Ya había pagado millones en sobornos a funcionarios venezolanos, indicó él mismo.
El barco «hace 20 días que estaba atracado«, de acuerdo con mensajes de texto que él mandó y que le mostró a The Associated Press.
«¿Cuál es el problema?», le respondió el general Rodolfo Marco Torres, quien entonces era ministro de Economía y ahora es titular de Alimentación.
Aunque el dinero no se mencionaba, el empresario entendió que necesitaba pagar más sobornos. Al final, le dijo a Marco Torres que tuvo que llevarse el barco porque los gastos estaban subiendo por la demora. El empresario habló a condición de no dar su nombre porque no quería reconocer su participación en el esquema de corrupción.
Él asegura haber pagado 8 millones de dólares a las personas que trabajaban para Marco Torres. Explicó que los vendedores como él pueden darse el lujo de sobornar a los funcionarios porque inflan los precios en la factura que le entregan al estado. Su contrato de maíz de 52 millones de dólares incluyó un sobrecosto de varios millones de dólares, basado en los precios de mercado en ese momento.
El informe anual del Ministerio de Alimentación muestra sobrepagos significativos en general. Esta primavera, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, votó por censurar a Marco Torres por corrupción. Maduro lo rechazó y dijo que intentaban perjudicar al ministerio.
Marco Torres no respondió a los pedidos de declaraciones que le hizo la AP por teléfono, correo electrónico y carta entregada en mano. En el pasado, ha dicho que no se involucrará en peleas con una oposición antipatriota.
El control militar sobre los alimentos vuelve menos probables las sublevaciones de los soldados hambrientos, pero también ha reducido el suministro de comida. Ante los temores de corrupción, los tres principales vendedores de alimentos de los Estados Unidos han dejado de vender directamente al gobierno de Venezuela.
Algunos contratos terminan en empresas fantasmas sin experiencia en el sector. Documentos financieros obtenidos por la AP muestran que Marco Torres otorgó a la empresa Atlas Systems International un contrato de 4,6 millones de dólares para importar pasta. Atlas -registrada en Panamá- tiene todas las características de una compañía fachada, por ejemplo, sin activos conocidos y una estructura de accionistas difícil de descifrar. Otro proveedor gubernamental de alimentos, J.A. Comercio de Géneros Alimenticios, tiene en su sitio web una dirección inexistente en una ciudad industrial cerca de San Pablo, Brasil.
Las dos compañías transfirieron más de 5 millones de dólares a una cuenta de Ginebra controlada por los cuñados del entonces ministro de Alimentación, el general Carlos Osorio, en 2012 y 2013, según documentos bancarios e internos que vio la AP.
AP