Las sanciones internacionales contra Venezuela entraron a finales de 2022 en un proceso de flexibilización en el ámbito petrolero que los expertos prevén avance este año, ante la crisis energética mundial, aunque advierten que también dependerá de cuánto progrese el diálogo entre el Gobierno y la oposición en México.
Tras un año suspendidas, el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reanudaron las negociaciones en noviembre pasado y firmaron un acuerdo para recuperar 3.000 millones de dólares retenidos en el sistema financiero internacional debido al bloqueo, tras lo cual Estados Unidos autorizó a la petrolera Chevron reactivar la producción en Venezuela.
Con esto, el economista Luis Oliveros dijo a EFE que se inició un proceso de flexibilización de sanciones, aunque «con limitaciones».
«Hay una pequeña flexibilización. La gran crítica, primero, es que se tardó mucho tiempo, la buena noticia es que hay un cambio de estrategia hacia Venezuela por parte de Estados Unidos. Esa estrategia de mucha presión hacia Venezuela no surtió ningún efecto, al contrario, lo que hizo fue generar problemas económicos», aseguró.
Diálogo y negocios
El economista Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, consultado también por EFE, advierte que, si bien «pareciese que, efectivamente, el Gobierno americano quiere negociar y abrió la puerta para esa negociación», estas conversaciones dependerán también de si el Gobierno y la oposición avanzan en el diálogo para encontrar una solución a la crisis.
Menos de una semana después de recibir el permiso, la petrolera estadounidense suscribió el 2 de diciembre contratos precisamente con el que ha sido el blanco de las sanciones norteamericanas: el Gobierno venezolano, representado entonces por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, sobre el que pesa una acusación por narcotráfico por parte de EE.UU., que lo sancionó en 2017.
Es «un paso importante en la dirección correcta», dijo El Aissami tras suscribir los acuerdos, aunque, matizó, sigue siendo «insuficiente».
En este sentido, Oliveros prevé que en 2023 se sigan viendo «cambios» en el esquema de sanciones, entre ellos que EE.UU. dé luz verde a otras empresas petroleras, como la española Repsol y la italiana Eni, que también «quieren invertir».
Sin embargo, el levantamiento de las sanciones no pondrá la producción petrolera -que cerró noviembre en 693.000 barriles por día (bpd)- por encima de los 3 millones, como en 1997, pero los especialistas estiman que sí alcanzaría un nivel de 1,2 millones de bpd este año.
Al final, según Oliveros, la última palabra para que se levanten las sanciones la tiene EE.UU., que, en los últimos meses, «ha tenido una política exterior hacia Venezuela un poco bipolar».
«Un mes pareciera que todo va encaminado a una flexibilización, (pero) pasa otro mes y entonces se radicalizan», señaló.
De hecho, dos meses antes de que EE.UU. emitiera la licencia a Chevron, el presidente de este país, Joe Biden, había dicho que Venezuela tenía que hacer «mucho» para que se alivien las sanciones.
Esta estrategia para presionar la salida del mandatario venezolano, apoyada por la oposición liderada por el exdiputado Juan Guaidó -cuyo «gobierno interino» fue eliminado el pasado viernes-, ha sido, según Oliveros, «un fracaso».
Explicó que, en los últimos años, Maduro estrechó los lazos con países que también han sufrido sanciones y que saben cómo sortearlas, entre ellos «Rusia, Irán y Cuba», que son, además, «enemigos de su enemigo».
Pero, el líder chavista no pierde oportunidad de buscar una mejor relación con Occidente y, en este sentido, recientemente aseguró que las cosas con la Unión Europea avanzan bien «con paciencia estratégica y diplomacia», una dinámica que se verá reforzada con Yván Gil como canciller, designado hoy en el cargo tras años de relacionamiento con el viejo continente.
Daños y apuestas
Oliveros aseveró que las sanciones «han atacado duramente la economía venezolana», que si bien creció un 17,73 % entre enero y septiembre respecto al mismo lapso de 2021, será difícil sostener esta mejora si la nación sigue sancionada.
Desde diciembre de 2014, el Observatorio Venezolano Antibloqueo (OVA) computa 927 medidas, de las cuales el 61,2 % están dirigidas contra personas (funcionarios del Estado, sus familiares y personas naturales como empresarios o percibidos como «relacionados» con el Gobierno), el 22,1 % contra organismos públicos y empresas, el 9 % contra buques y el 7,6 % contra aeronaves.
Además, desde 2015, «Venezuela perdió en promedio 44.000 millones de dólares» anuales debido a estas restricciones internacionales, según el OVA.
Más allá de estas pérdidas, el chavismo apuesta también por un levantamiento de las sanciones personales, que prohíben a altos funcionarios viajar a un cúmulo de países o que mantienen congeladas sus cuentas en el exterior. EFE