El recién presentado Proyecto de Ley Orgánica de Minas de Venezuela, hace pensar que nos encontramos una vez más ante el enésimo espejismo de sus profundidades. El Proyecto bajo análisis, busca jubilar normativas de 1999 y 2015 y se presenta ante el país con términos seductores: «desarrollo sostenible», «seguridad jurídica» y «modernización tecnológica». Sin embargo, tras el brillo de las palabras, surge una pregunta que la sociedad civil no debe ignorar: ¿Estamos diseñando un traje a la medida del desarrollo nacional o simplemente firmando un cheque en blanco para la urgencia fiscal?
Desde una perspectiva técnica internacional, los sistemas mineros más exitosos del mundo -como los de Canadá o Finlandia- no se basan solo en la abundancia de sus yacimientos, sino en la previsibilidad institucional. En esos países, la ley es un pacto sagrado que no cambia con las necesidades del gobernante de turno. Al analizar el proyecto venezolano de 2026, es imposible ignorar una «puerta trasera» permanentemente abierta: la facultad discrecional del Ejecutivo para declarar cualquier mineral como «estratégico» o cualquier zona como «de seguridad» en cualquier momento.
Esta discrecionalidad es el enemigo número uno de la inversión de calidad ya que las empresas que el país necesita -aquellas que traen tecnología de punta y respetan estándares ambientales- huyen de la incertidumbre. En cambio, los marcos legales ambiguos suelen atraer a capitales que no temen al riesgo porque su negocio es, precisamente, la opacidad.
Un punto crítico que debe encender las alarmas en la opinión pública es dilucidar que quienes hoy proponen «apertura”, ayer validaron la centralización absoluta, y puede que eso no influya en la opinión nacional, pero en los inversionistas internacionales sí. Para que esta ley no sea percibida como un simple «maquillaje» para evadir sanciones o captar divisas rápidas, se requiere algo más que artículos bien redactados: se requiere independencia judicial y una fiscalización transparente.
La seguridad jurídica no es un favor que el Estado le hace a las empresas; es la garantía de que las reglas del juego son iguales para todos y que el patrimonio de la República no será rematado en una oficina a puertas cerradas. El Banco Nacional del Dato Geocientífico (BNDG), propuesto en la ley, es una herramienta valiosa, pero ¿quién lo auditará? ¿Serán los datos accesibles para todos los venezolanos o solo para los socios del momento?
Venezuela no puede permitirse otro ciclo de extractivismo ciego, porque el mito de El Dorado n.0 ya nos ha costado demasiado en términos de institucionalidad y ecología. La discusión de esta propuesta de Ley en el Parlamento no debe ser un trámite burocrático, sino un debate nacional. Si permitimos que se apruebe un sistema que prioriza la discrecionalidad sobre la norma, no estaremos inaugurando una nueva era minera, sino reciclando un modelo que ya conocemos y cuyos resultados -pobreza y desorden territorial- están a la vista.
Desde Unidad Visión Venezuela hacemos un llamado a la sociedad, a mirar hacia el sur, es imprescindible valorar el subsuelo de la Nación y el porvenir de las futuras generaciones, recordando que la verdadera seguridad jurídica empieza por la vigilancia ciudadana. Las riquezas nos pertenecen, pero nos generan un compromiso con futuras generaciones que también tienen derecho a los beneficios que se originen de dichas riquezas.