Jackeline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, aclaró que cuando las personas participan en los linchamientos comenten un claro delito porque no se pueden tratar los casos como un caso de defensa propia
Nadie sabe su nombre. Lo único de lo que se tiene conocimiento es que “no lo mataron por buena gente”, comentaban quienes se acercaron al sector El Callao del municipio San Francisco para averiguar. La tez blanca del desconocido quedó irreconocible, lo quemaron. Cociente intentó huir, apagar las llamas con un cerro de arena, pero murió antes de lograrlo. La Policía científica no pudo obtener su identidad, pero los investigadores sostienen que lo lincharon.
El fenómeno del linchamiento solo deja al descubierto la violencia que se vive en Venezuela y en sus principales ciudades. Y Zulia no escapa a esa realidad, en 2015 se reportaron 17 casos, un 500 por ciento más que en 2014, cuando registraron solo tres. La Policía frustró una veintena. Los oficiales recurrieron a los disparos al aire para controlar las turbas y rescatar al delincuente con vida.
Jackeline Sandoval, activista de derechos humanos y directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, explicó que la sociedad venezolana reclama por seguridad y al no obtenerla reacciona con violencia.
“Tiene su origen en la frustración de las personas ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades policiales y los organismos de administración de justicia del país”.
En ese momento de frustración la comunidad no mide que combate un delito con otro ni las consecuencias que puede tener y que están estipuladas en Código Orgánico Procesal Penal. «Simplemente actúan».
Contradicción
Sandoval presume que este tipo de comportamientos se ha incrementado desde que los juicios orales entraron en vigencia hace 16 años. Los testigos se cohíben de declarar frente al agresor, de señalarlo y quedar después con una inminente represaria del maleante.
“La Policía busca la colaboración de las personas para que testifiquen y ayuden a encerrar al delincuente, pero se niegan”. Los mismos vecinos se hacen de la vista gorda cuando los criminales atentan contra un conocido y existen otros casos en los que la víctima no quiere enfrentar a su victimario volviéndose parte del problema de la impunidad.
“Por eso este tipo de reacción, las masas aprovechan la hora cuando un delincuente está impotente”. Quienes participan en los linchamientos comenten un claro delito. «Si fuera uno contra uno, el marco legal puede considerarlo un acto de defensa propia, pero ocurre lo contrario es una muchedumbre contra uno o dos ladrones». El victimario se convierte en víctima de la venganza ciudadana.
Protegidos
Javier Gorriño, criminólogo y exfuncionario de la Policía científica, afirmó que las comunidades organizadas se sienten impotentes cuando capturan al delincuente y a los pocos días o incluso horas, lo ven rondando nuevamente la barriada.
“Es decir los presentan, los dejan en libertad plena o bajo presentación porque generalmente son delitos menores como hurto o robo y eso evidentemente hace despertar a la comunidad, prefiere actuar por su propia cuenta”.
El también profesor universitario calificó este tipo de comportamiento como un retroceso enorme de la sociedad. “Una de las primeras leyes que el hombre se sentó hacer fue el Código de Hammurabi y otra fue la Ley de Talión. Este último reguló la venganza, es decir el ‘ojo por ojo y diente por diente’, o sea tú no te puedes pasar de los límites a la hora de cobrar tu desagravio”. Todo esto amén de que él considera que las personas no deben hacer esas cosas, pero lo justifica por la impunidad que impera en el país.
Gorriño destacó que el mismo hecho de actuar en grupo constituye en una protección para quienes linchan al delincuente, tanto legal como físicamente. “El pueblo no puede ser enjuiciado porque es un tumulto y eso también beneficia a que aparezca este fenómeno”. Además este tipo de comportamientos mayormente registrado donde las comunidades presentan al menos un mediano nivel de organización que los ayuda a estar al pendiente de saber de quién es o no un potencial delincuente y hasta la fecha tampoco existen antecedentes de antisociales que cobren venganza por sus compinches caídos, porque generalmente son ladrones comunes que en muchas ocasiones ni armados están.
Casos 2016
20/01 Yordani José Bracho, de 21 años, murió tras permanecer 25 días en agonía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda. Le dispararon con una escopeta en su abdomen, por robarse, presuntamente, un cochino en la casa de un vecino el pasado 26 de diciembre de 2015.
09/01 Los vecinos del barrio Altamira intentaron linchar a Israel de Jesús Ferrer Araujo (21) luego de que asaltara a una transeúnte en la calle 19. Le quitó el teléfono y el dinero en efectivo, corrió para escapar por las callejuelas, pero los testigos lo persiguieron, lo sometieron, lo amarraron y empezaron a golpearlo. Lo salvó al Policía.
06/01 Abraham Alberto Perozo Borjas (24) sobrevivió al ataque. La comunidad intentó lincharlo luego de que se metiera en una casa de la avenida 32 con calle Jesús Bastidas, sector El Lucero, parroquia Ambrosio de Cabimas, para robar.
Marco legal
El Código Penal venezolano en su capítulo VIII habla de la prohibición de hacerse justicia por si mismo, dice:
Artículo 270. «El que, con objeto solo de ejercer un pretendido derecho, se haga justicia por sí mismo, haciendo uso de violencia sobre las cosas, cuando podía haber ocurrido a la autoridad, será castigado (…) y si resultare cometida lesión corporal o algún otro delito, será castigado con la pena correspondiente a estos hechos punibles».
José Manuel Sánchez/La Verdad