Venezuela, dice el artículo 2 de la Constitución, es un estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna valores esenciales a la dignidad de la persona y “la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
En el 3 se compromete a la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y en el 4 se define como federal descentralizado, pero todos sabemos que hay una gran distancia entre esos postulados y la realidad, por la nociva confusión entre el partido gobernante y el Estado que nos ha desviado hacia estos oscuros y pantanosos derroteros.
El artículo 136 prescribe un Poder Público distribuido y dividido, el 137 lo limita por la legalidad y el 138 dice que “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. ¿Quién puede honradamente afirmar que así vivimos?
El 187 atribuye a la Asamblea Nacional la legislación y el control de la administración y el gobierno y el 197 define su responsabilidad representativa. El 199 consagra que los diputados son libres en sus votos y opiniones y que no pueden ser perseguidos por ellos y el 200 que su libertad es protegida por la inmunidad. Pero sabemos que no es así, como ocurre con normas tan importantes como que el poder judicial es independiente de acuerdo al 254 y el 255 consagra la carrera judicial a la cual se ingresa por concursos “que aseguren la idoneidad y excelencia” de jueces quienes, como los fiscales y los defensores públicos por el 256, para ser imparciales e independientes no pueden participar en política. El debido proceso está garantizado por el artículo 49 y para ello organizado según las pautas del 257. Al CNE ordena el 293 velar por la “igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia” de las elecciones.
La seguridad de la Nación es corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil, el 326 la relaciona con “la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas” de todos. Y la FAN del 328 es “una institución esencialmente profesional, sin militancia política”, sirve a la Nación “y en ningún caso a persona o parcialidad política alguna”. Y todos sabemos que la verdad es otra.
Estas y otras radicales contradicciones entre Constitución y realidad son la causa del empobrecimiento de la vida de los venezolanos y la emigración de millones, las prisiones injustas y los exilios, el desprestigio internacional de la República. La Constitución es el camino. Vamos a recuperarlo.