Todo político profesional vive a merced de una paradoja. Se le exige no sólo congruencia (esto es, correspondencia lógica entre pensamiento, palabra y acción), también constancia, que no cambie de convicciones según sople el viento o lo sugieran los gurús de la demoscopia. Al mismo tiempo -y esto es fundamental- se le pide eficacia, que consiga lo que promete, algo que casi nunca ocurre sin ajustar métodos, ritmos y alianzas a un terreno cuyas condiciones probablemente no eligió. Quien se atiene sólo a lo primero corre el riesgo de convertir la consabida coherencia en un museo de buenas intenciones. Quien opta sólo por lo segundo, podría acabar siendo percibido como un gestor de la oportunidad, sin más brújula que la propia conveniencia. Frente a ese paisaje, quizás la pregunta no es tanto si el político debe flexibilizarse, sino ante qué debe, definitivamente, evitar desplegar una estéril intransigencia.
Partimos de la certeza de que la flexibilidad es una virtud política cuando opera sobre los recursos disponibles, cuando se subordina a fines y límites éticos que permanecen fijos; y que degenera en claudicación cuando toca ese núcleo. En una transición a la democracia, esa distinción deja de ser un asunto de carácter personal y se convierte en una condición de viabilidad. Sí: las transiciones suelen hacerse con interlocutores a quienes se juzga como ilegítimos, bajo incertidumbre y sin garantías de éxito. En estos contextos, la intransigencia no es sinónimo de integridad, al contrario: con frecuencia funciona como retórica regresiva -en el sentido que Albert Hirschman dio al término-, sustituyendo el pensamiento complejo por la consigna.
La historia lo ratifica: flexibilidad no es sinónimo de claudicación. La tradición del pensamiento político ha sido prolífica en torno a ese asunto. Aristóteles hizo de la phronesis, la prudencia o sabiduría práctica, la virtud propia de quien delibera sobre lo contingente. Más que aplicar una regla, se trata de discernir qué pide la situación concreta. El ineludible Maquiavelo, por su parte, observó que aquel gobernante cuyo modo de proceder concuerda con los tiempos es el que prospera, y fracasa el que, esclavo de su temperamento, no puede cambiar cuando los tiempos cambian. En este punto, es forzoso traer a colación a Weber, quien al distinguir entre la “pureza” de la intención, y la ética que responde por las consecuencias previsibles de los actos, convenía que estas no son nociones opuestas sino complementarias, pues sólo su combinación prefigura al político capaz de responder eficazmente a su circunstancia.
Es cierto que la historia está llena de “pragmatismos” que rayaron en la simple rendición; por eso, al hablar de plasticidad y adaptación, importa precisar algunos criterios. Por un lado, toca considerar la jerarquía de fines y medios. Hay un núcleo no negociable (en una transición: elecciones libres y competitivas, liberación de presos políticos, Estado de Derecho) y una periferia negociable: el orden de las medidas, los plazos, las garantías para quienes dejan el poder. Esto también remite a la verificabilidad (la concesión que debe intercambiarse por hitos observables, no promesas; esto es, ceder tiempo o formas a cambio de hechos); la reversibilidad (una concesión es más defendible en tanto más fácil sea corregirla si la contraparte incumple, y más sospechosa en la medida en que es más rígida), y la reciprocidad (la flexibilidad unilateral frente al actor que no corresponde no es prudencia, sino desarme). Tales criterios permiten entender la distinción entre flexibilidad y oportunismo. El oportunista cambia para su beneficio, el político flexible lo hace para que el fin sea alcanzable. De allí se desprende una verdad incómoda: la intransigencia tiene costos que pocas veces recaen en quienes la practican. Sus consecuencias las pagan los presos que siguen presos, los exiliados que no regresan, los ciudadanos que esperan por soluciones. Son esos los bretes que remiten, justamente, a la ética de la responsabilidad.
La literatura sobre transiciones políticas es, en gruesa medida, una reflexión sobre la flexibilidad bajo restricciones. Hablamos de cursos que dependen de interacciones entre duros y blandos del régimen, y entre maximalistas y moderados dentro de la oposición. La apertura nace con frecuencia de ese entendimiento entre blandos y moderados que ninguno de los dos bandos logra imponer fácilmente a sus extremos. De allí que mientras Dankwart Rustow describía la fase decisiva de la transición como un compromiso deliberado entre líderes que, sin dejar de antagonizar, acuerdan reglas, Huntington demostraba que, en estos contextos, el dilema entre justicia y estabilidad se resolvió casi siempre de manera parcial.
Al respecto, los casos comparados dejan importantes lecciones. La primera, que la flexibilidad fue indispensable, en tanto pujas que nunca remitían a una victoria total. La segunda, que dicho acomodo no fue gratuito ni, en todos los casos, virtuoso. En los mismos procesos hubo un núcleo no cedido, y el costo de lo cedido se discutió durante décadas: los enclaves autoritarios chilenos, la impunidad en España, las deudas de la reconciliación sudafricana. En las transiciones con tutelaje externo, por otro lado, aparece un dato adicional, y es que parte de la flexibilidad no es elegida, sino impuesta por la correlación de fuerzas. En atención a ello, nuestro problema se desplaza. Se trata no sólo de qué conceder, también de quién define el ritmo y bajo qué garantías se concreta la concesión.
Conviene acá volver a Hirschman y sus Retóricas de la intransigencia, el examen de los argumentos de quienes, a lo largo de dos siglos, se ha resistido a las reformas: la tesis de la perversidad (“la acción producirá lo contrario de lo que busca”), la de la futilidad (”la acción no cambiará nada”) y la del riesgo (“la reforma pondrá en peligro lo logrado”). Su reflexión central no era que esos argumentos fueran siempre falsos, sino que operaban como retórica determinista. Clausuran el debate pues declaran por adelantado el resultado, y eximen a quien los usa de examinar los detalles del caso. Hirschman matiza estas observaciones al señalar que incluso el campo progresista exhibe retóricas simétricas. La intransigencia, pues, no es patrimonio de ninguna posición ideológica.
No es difícil ver cómo ha operado esa estructura cerrada en el contexto venezolano. La negociación es perversa, “legitima y fortalece al régimen”; fútil, pues “el régimen nunca cederá; los diálogos anteriores fracasaron”; y riesgosa, ya que “pone en peligro el mandato popular, la justicia, la unidad”. Cada tesis contiene una mínima posibilidad de ser sostenida, y justo por eso luce eficaz como retórica que la convierte en argumento total. ¿Cómo distinguir, entonces, la firmeza legítima de la retórica intransigente? Un primer criterio práctico sería la falsabilidad. Una posición política es “falsable” cuando quien la sostiene puede decir de antemano qué hechos le harían cambiar de rumbo o admitir que se equivocó. La retórica intransigente, en cambio, declara ex ante que no hay condiciones, que todo acuerdo es traición, que toda “equidistancia” es condenable. Un grave problema se suma cuando gana cuerpo la erosión de esa tolerancia mutua que describen Levitsky y Ziblatt (2018), cuando la categoría de “desleal” se ensancha al punto de cubrir al escéptico, al independiente, al aliado crítico.
En Venezuela, no obstante, el argumento pragmático gana algún terreno. Hablamos, claro, de la posición de flexibilidad sin ilusiones: una que no exonera al adversario, pero que reconoce su capacidad de bloqueo y negociación desde posiciones de poder efectivo. La tendencia ha logrado moderar algunos discursos, incluso entre actores más radicalizados; sin embargo, persiste el doble registro, la terca coexistencia con un lenguaje de confrontación que funciona bien para la movilización electoral, pero que no se compagina con una conducción pactada. La tensión que eso genera no es inocua; el lenguaje configura las expectativas de las bases, haciendo que se perciba como traición lo que en realidad es prudencia. A sabiendas de eso -y con base en el cáustico examen de Carlo Cipolla- cabe preguntarse si, más que firmeza, confundir equidistancia moral con independencia política no es más que simple estolidez; hablamos de aquella actitud que ocasiona pérdidas a otros sin generar ningún beneficio propio. Una oposición que trata toda no-adhesión como complicidad, que descalifica a priori a los interlocutores que necesitará para gobernar, tiende a mutilar sus propios recursos, pues ninguna transición se construye sólo con los convencidos.
Al insistir en enunciados que cancelan la posibilidad de los virajes y aperturas, se profundiza el riesgo de dicotomizar un campo que, hoy más que nunca, demanda pluralismo. En ese sentido, y en la medida en que la disputa pase de la resistencia a la construcción del orden común, el desafío será lograr que el lenguaje de los hitos verificables y las garantías se imponga sobre el de la rigidez moralista e identitaria. Esa es, en última instancia, la medida de una transición. Más que cuánto se resiste o cuánto se cede, importa qué queda establecido como regla de juego irreversible, perdurable y válida para todas las partes.
@Mibelis