El pasado viernes me correspondió instalar el foro “Los Derechos Humanos en riesgo en medio de protestas” promovido por Amnistía Internacional.
Ante las decenas de jóvenes universitarios, que frente a mí se encontraban, recordé el origen de Amnistía Internacional tan vinculado a los estudiantes. Fue en 1961 cuando un abogado británico; Peter Benenson, indignado por la detención de estudiantes portugueses -solo por brindar por la libertad- inició una agresiva campaña en “The Observer” que reprodujeron centenares de medios en el mundo, demostrando que era posible el activar solidario de muchos, en distintos rincones de la tierra, en defensa de la justicia y la libertad.
Hoy, Amnistía Internacional “es un movimiento global de más de 7 millones de personas que se toman la justicia como algo personal”. Trabajan –lo afirman en www.amnesty.org- “por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos”.
Afirmé en mi exposición y lo ratifico, que hoy en Venezuela se violan diariamente los derechos humanos de millones y si alguien indicara lo contrario, le invitaría a leer la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General un lejano 10 diciembre de 1948. Por lo menos 20 de los 30 artículos que contiene tan trascendental documento son sistemáticamente ignorados en el país y la responsabilidad de tal es atribuible al gobierno en sus varias instancias.
¿Qué no es así? Pregunto:
¿Nos comportamos fraternalmente los unos con otros? como proclama el artículo 1.
¿No hay distinciones ni discriminaciones fundadas en la condición política y a todos se le garantiza la vida y la seguridad según lo establecido en los artículos 2, 3 y 7?
¿No se tortura ni se aplican tratos crueles, inhumanos o degradantes a muchos y se practican detenciones arbitrarias a la par que el sistema de justicia es marcadamente injusto para las grandes mayorías en contravención con lo señalado en los artículos 8, 9, 10 y 11?
¿No se escudriña en la vida privada ni se ataca en la honra y reputación a quienes disienten en contra del artículo 12?
¿Se respeta el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17?
¿Se garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de expresión, a la libertad de reunirse, de asociarse pacíficamente como lo reseñan los artículos 18, 19 y 20?
¿Es la voluntad del pueblo ahora, tan claramente reflejada en las urnas electorales en fecha reciente, la base de la autoridad del poder público dixit el artículo 21?
¿Las colas, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, los salarios de hambre, la falta de empleos de calidad, impiden o no garantizan la dignidad de los venezolanos y venezolana así como el libre desarrollo de su personalidad en flagrancia del artículo 22?
¿El gobierno cuida que el derecho a tener un trabajo con remuneración satisfactoria que asegure a la familia una existencia digna, con un nivel de vida adecuado, con salud y bienestar en especial buena alimentación, asistencia médica, servicios sociales como se establece en los artículos 23, 24 y 25?
Y en cuanto a los derechos concernientes a la educación y la cultura reseñados en el 26 y 27 ¿qué decir?
La violación recurrente de los derechos humanos en Venezuela es una poderosa razón más para involucrarse en la procura de un cambio y nadie puede quedar al margen. En palabras de Amnistía Internacional: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”.