José Guerra: El gran default social

Mientras en 2013 los analistas económicos especulaban sobre cuántos millones podrían estar ahorrados en los fulanos “fondos estratégicos” creados ilegalmente por el difunto presidente, en el Alto Gobierno sabían que allí no quedaba nada y, ante los ya claros signos de una prolongada debacle petrolera, se sentaron a programar el orden en que irían incumpliendo sus obligaciones: primero le tocaría a los proveedores locales, luego al crédito comercial internacional, luego a los pacientes con cáncer y así sucesivamente hasta llegar al gran default social que estamos viviendo, cualquier cosa menos restructurar la deuda externa. Resulta ser una cruel ironía que quienes en los años ochenta  se arroparon con la consigna de la “deuda impagable” sean los mismos que hoy se aseguran de cancelar la deuda a sangre y fuego, literalmente.

Y es que la deuda externa se paga a sangre, en el innecesario sufrimiento de millones de familias arrojadas a la pobreza y la desesperación. Así, Venezuela cerrará el 2015 incumpliendo la más clara y trascendente de las Metas del Milenio trazadas por Naciones Unidas: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas en pobreza extrema. No es que en ese lapso no redujimos suficiente la pobreza extrema, es que no la redujimos en lo absoluto: ¡cerraremos el 2015 con el mismo nivel de pobreza extrema registrado en 1990! No es casualidad entonces que en el más reciente sondeo de opinión de Keller y Asociados (agosto-septiembre) el 89% de los encuestados manifieste que la crisis económica y social es grave, que el 71% responsabilice de dicha crisis al oficialismo y que el 61% de los encuestados (59% en los estratos D y E) indique que es cierta la nada ambigua afirmación: “¿La revolución socialista chavista fracasó?”.

La deuda externa también se paga a fuego, en lo que pasará como el mayor y más sistemático despliegue represivo de nuestra historia, un peligroso coctel que combina la militarización de las calles, el uso de elementos parapoliciales, la criminalización de la protesta y el control de los medios de comunicación. En ningún país del mundo se venden los alimentos a punta de fusil como lo vemos hoy en todo el territorio nacional y aun así en el primer semestre del año se registraron 56 saqueos y 76 intentos de saqueo, ¡unos 22 altercados al mes! El siguiente paso fueron los desalojos masivos y las ejecuciones a mansalva. “Abatidos 106 choros en dos meses” era el balance que el periódico oficialista de mayor circulación hacía recientemente de la infame OLP (Operación LimPieza). Estamos hablando de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que no prescriben y tienen jurisdicción universal.

Pudieron haber tomado otro camino, tales como refinanciar la deuda y adoptar un mínimo de reformas económicas, pero ello habría implicado publicar cifras y admitir el fracaso del “modelo”, pero más importante aún para la mafia gobernante, habría implicado olvidarse de las jugosas comisiones que acompañan la silenciosa operación de recompra de bonos de la deuda. Pero no, ya en 2013 decidieron que en 2015 escucharíamos un golpe seco en el costillar del pueblo venezolano, el sonido del gran default social.