Tarek William Saab, fiscal general se refirió este lunes en Vladimir a la 1 a la situación de la academia de béisbol en Margarita que se convirtió en un foco de covid-19 al mantener actividades a pesar de la cuarentena.
Expuso que el dueño de dicho centro deportivo ingresó a Venezuela entre el 13 y el 14 de marzo, proveniente de República Dominicana, y estuvo acompañado por cinco menores de edad. Ingresó por el terminal aéreo Simón Bolívar de Maiquetía.
«Ya en Maiquetía había un dispositivo de despistaje de covid-19 cuando llegó ese vuelo, pero el dueño de la academia se lo saltó. Él ya estaba contagiado», aseguró.
Por ello, el periodista Vladimir Villegas lo interrogó respecto a la responsabilidad de los funcionarios de seguridad del aeropuerto por no indicar a los pasajeros que debían hacerse el test de detección del coronavirus antes de salir de la terminal aérea.
«Ningún funcionario puede ser responsable. La responsabilidad directa recae sobre él solamente. Él tenía coronavirus y debió hacerse el test por sí mismo», afirmó.
Epidemiología
Además, Saab culpó al gobernador del estado Nueva Esparta por no haber ordenado el cierre de la academia. Insistió en que una epidemióloga visitó el lugar y permitió que mantuvieran las actividades.
Hijos de militares
Villegas preguntó si además de responsabilizar a la directiva de la academia y al gobernador, considera que la Alcaldía del municipio Maneiro también debería ser investigada.
Saab evadió responder esta pregunta, al igual que el cuestionamiento sobre si en el centro deportivo están inscritos hijos de militares.
«Si el gobernador de Nueva Esparta no fuese de oposición, no me dirías que él es el culpable», expresó Villegas ante la insistencia del fiscal de que el gobernador actuó de manera irresponsable.
Presos políticos
Villegas también cuestionó al fiscal con relación a la posibilidad de que se otorguen medidas sustitutivas de libertad a los presos políticos, dado que se han brindado beneficios similares a algunos reclusos.
Al respecto, Tarek William Saab señaló que los beneficiados han sido reos con condenas y que la decisión la ha tomado el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Acerca de los presos políticos, dijo que podrían evaluarse algunos casos, pero se negó a dar detalles.
«Eso yo no lo puedo decir», aseguró.