Familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención de cuatro jóvenes venezolanos detenidos el 31 de octubre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras llevaban a cabo una actividad académica en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón).
Los detenidos fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra, estudiantes y productores audiovisuales que participaban en la preproducción de un video de tesis de grado para la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Canaima Hernández, hermana de Marcela Hernández, informó que la familia ha acudido a diferentes sedes del Sebin «sin obtener respuestas».
“Nos dijeron que estaban en El Helicoide, fuimos hasta allá y nos dijeron que no están. También fuimos al Sebin de Maracay y tampoco nos dieron información. Necesitamos saber de su integridad, de que estén bien”, declaró Hernández en un video compartido en sus historias de Instagram.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón condenó el «silencio» de las autoridades y calificó la detención como un «acto arbitrario que vulnera los derechos fundamentales». “No existe justificación legal ni moral para ocultar el paradero de seres humanos cuyo único ‘delito’ fue ejercer la libertad de investigar, crear y pensar”, señaló la ONG en un comunicado.
Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigió al Estado venezolano «revelar de inmediato el paradero de los jóvenes y liberarlos de forma incondicional, recordando que la desaparición forzada constituye una violación grave del derecho internacional».
Colectivos del sector audiovisual, como Nuna Cine, también se sumaron a las denuncias, enfatizando que los jóvenes llevaban a cabo una actividad académica «legítima y pacífica».
“Crear no es un delito”, subrayaron en redes sociales, exigiendo respeto a los derechos académicos y profesionales de los estudiantes.