El miedo en la Cota 905

Jesús Armas, concejal de Caracas, dijo que el gobierno perdió el control total del sector, que en realidad está dominado por bandas criminales como la del «Coqui». Señaló que la delincuencia tiene azotados El Naranjal, Las Quintas, San Miguel y Los Laureles. Vecinos aseguraron que después de la primera OLP, realizada el año pasado, la situación ha empeorado. Los secuestros, los robos de vehículos, la venta de drogas y los hurtos en las viviendas son algunos de los delitos que se cometen

Era una zona rodeada por terrenos verdes. Los vehículos amanecían bañados de rocío y los habitantes despertaban con el canto de las aves. Solía ser un lugar de convivencia, donde los niños podían jugar en las calles. Era un paraíso, contó una vecina que tiene más de 30 años en el sector. Ahora los residentes pueden despertar con el sonido seco que deja un arma de fuego al disparar, «el 23 de diciembre estaban conmemorando el fallecimiento de uno de los pranes. Eso fue horrible. Fueron horas de detonaciones», indicó otra vecina. Y, lo que antes era un camino de plantas, se convirtió en el lugar donde se esconden los delincuentes que azotan la avenida Antonio Guzmán Blanco, conocida como Cota 905.

Los vecinos de la vía que comunica La India con el final de la avenida Victoria sienten miedo en la mañana cuando van al trabajo, en la tarde cuando regresan o si van a salir un domingo a pasear. Saben que en cualquier momento puede llegar un delincuente a robarlos, meterse en la casa y desvalijarla o matarlos. Por ello, al declarar a los medios informativos, prefieren que sus nombres queden en el anonimato.

El primer operativo de la Operación de Liberación del Pueblo en la Cota 905, realizado en julio del año pasado, parecía ser una esperanza. Pero, ocho meses después, la criminalidad se mantiene y, según habitantes del sector, ha empeorado. La estrategia de seguridad dejó 14 criminales muertos y 134 personas detenidas, de acuerdo con Gustavo González López, ministro de Interior y Justicia. Contó con la participación del Cicpc, la Policía Nacional Bolivariana y el Sebin.

Los antisociales están organizados. Tienen métodos para llevar a cabo sus crímenes. Uno de ellos consiste en secuestrar a una persona dentro de su vehículo y después pedir rescate. La primera tarifa que suelen exigir es de entre 30.000 a 50.000 dólares.

Un joven relató cómo lo despojaron de sus pertenencias a través de este procedimiento. En horas de la noche, llegaba a su casa en su carro cuando, a la altura de la clínica Servisalud, estaban robando un autobús. Como no pudo ver bien, no se percató de lo que ocurría, hasta que vio un hombre que lo apuntó con una pistola. Los otros (el joven señaló que vio como cinco) se subieron en la parte trasera del vehículo y, mientras le preguntaban a qué se dedicaba, le sacaron todo de los bolsillos, le quitaron el reproductor, cosas que tenía en la maleta, sus documentos personales y los zapatos.

Le pidieron 50.000 dólares para pagar el rescate, pero no tenía esa cantidad de dinero, así que ofreció pertenencias. Uno de los delincuentes lo obligó a llamar a un familiar y le advirtieron que, si se comunicaba con algún cuerpo policial, lo iban a matar. A la persona que llamó le explicó que había sido secuestrado y que, para que lo soltaran, debía entregar sus posesiones.

Mientras el familiar organizaba la entrega, el joven estuvo retenido en un lugar que llaman «nevera», utilizada para mantener a la víctima privada de libertad. Un vecino aseguró que hay muchas «neveras» en la Cota 905, «eso es un frigorífico», dijo.

El joven indicó que le amarraron las manos y los pies. Durante ese lapso, sufrió de agresiones verbales de los criminales, que además lo amenazaban constantemente con que lo iban a asesinar si hacía algo.

Cuando el familiar dejó las cosas en el lugar pautado, al joven le dijeron «te vas». «Me soltaron las manos. Luego me dejaron solo por media hora. Me montaron en el carro con los ojos tapados y, el que conducía, me dijo: ‘Tú vas a contar 40 segundos para que yo me vaya. Te montas en el volante y arrancas», narró. Lo abandonaron descalzo en «la curvita» a pocos minutos de la medianoche. Esta víctima describió que los hampones usan bermudas, medias altas, zapatos Nike y gorras. Entre ellos se llaman «curso».

El miedo en el sector creció con la muerte de Daniel de Jesús Suárez Perdomo y de su esposa Rosa Verónica Castillo Acevedo, asesinados en enero luego de haber sido secuestrados en la panadería Los Laureles. Los criminales decidieron matarlos cuando supieron que Suárez había sido oficial de la Policía Nacional Bolivariana, de acuerdo con reporte publicado en El Nacional. Posteriormente, los quemaron dentro de su vehículo en la Autopista Regional del Centro frente a sus hijas de 3 y 7 años de edad. A las menores las cuida un residente de la zona, contaron vecinos. Ciudadanos aseguraron que en dicha panadería, que al lado tiene una alcabala de la GNB, hay «soplones».

«Nos sentimos en estado de abandono. Hemos escrito cartas, hemos ido a la Guardia, hemos llamado a todo el mundo. Creamos juntas comunales a ver si podemos ser oídos, pero nadie nos hace caso, nadie se conduele de nosotros. Pedimos a las autoridades que nos ayuden. Que volvamos a ser el paraíso que éramos. (…) Hemos pensado si trancar las calles, pero no nos atrevemos porque nos da miedo. Hay mucho miedo. Nadie quiere hacer nada», expresó una señora que tuvo que pagar más de 200.000 bolívares para que le devolvieran su automóvil robado.

Vigilados

Los vecinos advirtieron que están bajo constante vigilancia de los criminales. Desde la parte de arriba de la Cota 905 es posible mirar las casas que están más abajo. Así saben en qué momento actuar. Contaron que los delincuentes tienen aparatos de telecomunicación para informar cuando alguien se moviliza y en qué punto interceptarlo. Durante las declaraciones a El Nacional, los habitantes se escondían entre los árboles para evitar ser vistos.

Un habitante relató que, antes de salir, revisa toda la casa con la finalidad de saber si no hay algún ladrón dentro. Abre el portón del garaje con precaución para evitar que alguien se meta en su hogar o lo atraque. Cuando regresa realiza otra operación: suele optar por llegar tarde para no tener que salir a cada momento. «Es una zozobra total», manifestó.

Los tiroteos pueden ocurrir, por lo menos, cinco veces a la semana. Algunos están tan acostumbrados al sonido de las balas que saben cuando es un enfrentamiento o si solo están probando un arma: «Cuando prueban una pistola se oyen 10 o 12 tiros. En cambio, cuando hay respuesta, uno concluye que es un enfrentamiento», señaló el vecino, que tiene la ventana agrietada por un disparo, y que además le robaron su carro.

Indicó que cuando se lleva a cabo el velorio de un malandro, no puede asomarse a la calle porque puede recibir un disparo. «No me imagino de dónde sacan tantas balas, porque son caras».

Jesús Armas, concejal de Caracas, dijo que el Estado perdió el control total de la Cota 905, donde en realidad gobiernan bandas armadas, como la del «Coqui». El crimen domina sectores como El Naranjal, Las Quintas, Los Laureles y San Miguel. «Hemos visto cómo el hampa ha enfrentado a los cuerpos de seguridad con armas largas y artefactos explosivos. Crearon un reino de terror para los vecinos», describió. Los secuestros, los robos de vehículos, la venta de drogas y los hurtos en las viviendas son algunos de los delitos que realizan estos grupos hamponiles.

El concejal indicó que se han hecho pronunciamientos dirigidos a Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador; al Concejo Municipal y al ministro de Interior y Justicia para exigir seguridad, pero, a su juicio, solo han concedido espacios a la delincuencia con su silencio e inacción. «La gente vive en la paranoia. Sumergidos en el temor de perder la vida o sus propiedades. Se impusieron un toque de queda para poder sobrevivir». Criticó que Jorge Rodríguez esté más pendiente del PSUV y de las campañas políticas que de los caraqueños.

Los residentes ni siquiera cuentan con los componentes de seguridad del Estado. Una señora dijo que les han pedido ayuda, pero ellos han respondido que no pueden hacer nada. Ni siquiera subir a las zonas donde están los antisociales. De hecho, si la policía hace alcabalas, los tirotean desde arriba. Frente a la clínica Servisalud, donde la GNB ha instalado alcabalas, los delincuentes montaron una propia para robar carros y luego pedir rescate.

Operativos de la OLP no han sido suficientes

El problema con los operativos de la Operación de Liberación del Pueblo es que la presencia policial y militar solo se mantiene unas pocas horas. Entonces los integrantes de las bandas armadas vuelven al lugar de donde fueron desplazados, explicó Fermín Mármol García, abogado criminalista. Acotó que la OLP no es un plan sino un operativo improvisado que surgió en un escenario electoral.

«Cuando se impulsó la OLP, había tres planes: patrullaje por cuadrantes, pacificación, y Plan Desarme. Surgió porque todos estos habían fracasado», dijo. El gobierno debe hacer un plan en el que todo el poder público invada las zonas populares azotadas por la delincuencia. Pero no solo con instituciones de seguridad, sino con organismos administrativos como el Saime. Es decir, que se note la presencia del Estado, indicó el criminalista, que igualmente destacó la necesidad de descentralizar las instituciones.

Mármol García señaló los bloques criminales que existen en Venezuela: bandas y megabandas criminales, pranato carcelario, pseudosindicatos de la construcción y pseudosindicatos mineros, Frente Bolivariano de Liberación y sus distintas subdivisiones, colectivos armados y violentos, holding de la corrupción y legitimación de capitales, holding del tráfico ilegal de drogas y legitimación de capitales e incidencia de extranjeros en Venezuela; es decir, las FARC y Garimpeiros.

De ellos, el que afecta más a la ciudadanía es el bloque de bandas y megabandas, por ser el más numeroso y complicado. El que tiene menos influencia es el extranjero, con solo 6 y 8% del cálculo total de delitos en el país, dijo Mármol García.

Las bandas y megabandas, aunque suelen dedicarse al robo y el secuestro, también practican la comercialización de drogas ilegales, señaló el abogado criminalista. Por otra parte, indicó que en la Cota 905 dicho bloque compite contra los colectivos armados.

La situación en la Cota 905 obedece a una serie de factores que, al conjugarse, producen una fuerte estructura criminal. Mármol León dijo que estas características son la impunidad, la debilidad de las instituciones y la indiferencia del gobierno ante la inseguridad. A ellas se suman problemas sociales como el embarazo precoz: «Recordemos las tres instituciones socializadoras del hombre: la familia, las instituciones educativas y las religiones. Las tres están en crisis (…) Las instituciones educativas cada vez ofrecen menos horas académicas. Además, ir a un plantel significa hacer una alta inversión, lo que afecta a las familias pobres».

Con esperanza

Algunos habitantes de la Cota 905 han optado por mudarse a otras urbanizaciones o al extranjero. Como se sabe, el problema no es solo en este sector. El Observatorio Venezolano de Violencia registró el año pasado 90 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en todo el país. No obstante, hay otros que mantienen la esperanza de que Venezuela será mejor.

Un vecino dijo que irse no es la solución. «Debemos arreglar lo que está mal. Tengo la convicción de lo que hay que hacer. Creo en la organización y en la disposición, pero no la veo». Por su parte, Fermín Mármol León dijo que no es posible que unos 100.000 delincuentes tengan acorraladas 30 millones de personas.

Otros casos en la Cota 905:

– Vecino, que pidió no revelar su nombre: «A mi hijo le han intentado robar la camioneta tres veces. La última vez fue el año pasado: él estaba llegando a la casa. Yo fui a abrirle la reja porque él me dijo que no abría bien. Los ladrones se escondieron en una esquina dentro de una camioneta. Se le pegaron atrás a mi hijo, pero él arrancó. Ellos empezaron a disparar y yo, corriendo, me caí. Mi hijo pensó que me habían dado un tiro. Los malandros no se quisieron meter porque el portón puede cerrar y después no pueden salir».

– Secuestro: el 22 de enero secuestraron a una pareja que salía de su casa. Fueron interceptados por unos motorizados, que los obligaron a moverse al asiento de atrás mientras ellos se ubicaban en los de adelante. Los tuvieron retenidos por 7 u 8 horas. Al señor lo torturaron dándole golpes con la pistola y obligándolo a ponerse acuclillado. También les hicieron la ruleta rusa y al hombre, que es músico, lo amenazaban con cortarle los dedos. Los liberaron luego de un canje de pertenencias.

– En diciembre del año pasado cuatro hombres fueron asesinados y quemados. El hecho ocurrió luego de un enfrentamiento entre bandas.

 

Isaac  González Mendoza/El Nacional