El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 73 años, recién excarcelado y bajo arresto domiciliario, denunció este martes que un policía ocupó su apartamento en Caracas y lo obligó a dormir en un pasillo.
De acuerdo con el periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, la situación de Breijo comenzó el pasado viernes, cuando salió del Centro Penitenciario de Tocuyito –oficialmente Internado Judicial de Carabobo– tras pasar casi dos años detenido por acusaciones de terrorismo.
Lo arrestaron por tomar una foto de una reunión, «que le pareció curiosa sobre el conflicto en Palestina», detalló el mismo Rojas.
Precisó, que al llegar a su residencia en el edificio Pascuareli, en Bello Monte, el adulto mayor habría encontrado su vivienda cerrada con candado e imposibilitado de ingresar, pese a que debía cumplir allí la medida de casa por cárcel.
Afirmó, que la denuncia generó alarma entre los vecinos, quienes aseguraron que Breijo —con salud frágil y sin red de apoyo institucional— se ha visto obligado a dormir en un colchón en el pasillo del edificio.
La comunidad señaló que la situación mantiene en tensión al condominio. También que agrava el deterioro físico y emocional del septuagenario, quien aseguró haber vivido en ese apartamento durante más de dos décadas.
«Llego a mi apartamento y veo un candado puesto, tengo 22 años viviendo aquí pagando mi arriendo y pido poder acceder a ella. Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Ahora me toca estar en un colchón en un pasillo cumpliendo mi casa por cárcel. Pido ayuda a las autoridades, soy un anciano trabajador no un terrorista, me lo han quitado todo», declaró Breijo.
¿QUIÉN SE ENCUENTRA EN EL APARTAMENTO?
Rojas señaló que el inmueble estaría ocupado por un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES). Se trata de un cuerpo de seguridad, adscrito al Ministerio de Interior y Justicia, quien presuntamente participó también en la detención de Breijo en 2023.
«Hoy nos encontramos con un hecho dantesco. No solo se lo llevan preso dos años a Tocuyito por tomar una foto, sino que el mismo policía el cual lo secuestro, le invadió su apartamento. Ahora le otorgan casa por cárcel y no tiene donde cumplirla. Viéndose en la necesidad de dormir en el pasillo frente a su casa en condiciones inhumanas», dijo Rojas.
Asimismo, el activista calificó el hecho como una violación flagrante del derecho a la propiedad privada. También un patrón que, según dijo, se repite en casos de presos políticos cuyas viviendas son tomadas durante su reclusión.
Por tanto, Rojas pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público y de las autoridades consulares de Uruguay. Señaló, que Breijo, no ha recibido acompañamiento de su país de origen.
«Larry Devoe (fiscal general) y Eglée González (defensora del pueblo) no deben hacer silencio cómplice ante esta atrocidad, la propiedad privada es un derecho humano y tener una placa no te da el derecho de quitarle su casa a nadie, no les basto con secuestrarlo dos años en Tocuyito sino que le otorgan arresto domiciliario pero se apropian de su vivienda. Este caso es el reflejo de centenares de presos políticos que durante su reclusión les roban sus propiedades sin pudor alguno», enfatizó.
El GOES se creó el 5 de abril de 2022 con la finalidad de «accionar contra actuaciones de grupos violentos en el país». Aunque la ONG Provea denunció, en aquel entonces, de que se trataría de un cuerpo de seguridad encargado de perseguir a la disidencia u oposición a Nicolás Maduro.