La Contraloría General de la República inhabilitó a cinco dirigentes opositores para ejercer cualquier cargo de elección popular.
La información fue dada a conocer en su portal web este miércoles 24 de abril a tres meses de las elecciones presidenciales, donde el mandatario Nicolás Maduro buscará la reelección.
Los dirigentes inhabilitados son Carlos Eduardo de Jesús Ocariz Guerra, José Antonio Fernández López, Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, Elías Sayegh Franco, quienes no podrán postularse a cargos de elección popular por un periodo de 15 años.
Por su parte, Juan Carlos Caldera López fue inhabilitado por 12 meses.
Hasta el momento se desconoce las razones de la decisión.
Minutos después, el partido opositor Voluntad Popular (VP) rechazó la decisión de la Controlaría de la República y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de seguir “usando las inhabilitaciones políticas como un arma para perseguir y actuar contra quienes disienten y hacen oposición en Venezuela”.
Asimismo, expresó su solidaridad con los alcaldes de El Hatillo y Los Salías, Sayegh y Fernández, respectivamente, y con el resto de los dirigentes afectados por la medida.
«Estamos a tan solo pocos meses de que estas prácticas sean revocadas y volvamos a un país con institucionalidad y democracia», sentenció.
La decisión se conoce meses después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara las inhabilitaciones contra el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y la líder opositora, María Corina Machado.
En una sentencia emitida por la Sala Político Administrativa, el TSJ explicó que la solicitud de revisión presentada por el exgobernador del estado Miranda «no cumple con los requerimientos establecidos» en el acuerdo firmado entre el Gobierno y la oposición en Barbados para el estudio de estos casos.
«En consecuencia, el ciudadano Henrique Capriles está inhabilitado por 15 años para el ejercicio de funciones públicas», subraya el escrito.
En el caso de Machado, la Corte ratificó la inhabilitación por 15 años de la dirigente María Corina Machado por su presunta vinculación «en la trama de corrupción del usurpador Juan Guaidó».
En aquel entonces, el TSJ también anunció el levantamiento de las inhabilitaciones políticas a Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Daniel Ceballos y Rosa Brandonisio de Scarano, mientras que el caso del exalcalde del municipio San Diego, del estado Carabobo, Enzo Scarano, fue remitido a la Sala Constitucional porque la declaró inadmisible.