La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado para el próximo 26 de febrero en el caso PDVSA a Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, al que Estados Unidos incluyó en una lista de los más buscados por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.
Ese mismo día ha sido también llamado a declarar como testigo en esta causa, en la que se investiga el presunto blanqueo en España de dinero sustraído a la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, Ceciree Carolina Casanova Rangel, ex gerente funcional de Recursos Humanos, en calidad de encargada, de la Electricidad de Caracas (ECD), han informado fuentes jurídicas.
Además, también el 26 de febrero, deberá comparecer ante la juez José Roberto Rincón Bravo para nombramiento de administrador judicial de la finca La Losilla, en Villarejo de Salbanés. Rincón Bravo, propietario de esta finca agropecuaria, está siendo investigado en esta causa y tiene las cuentas bloqueadas, por lo que no puede hacer frente a su mantenimiento.
El pasado 7 de octubre, la magistrada aceptó la inhibición del juzgado de instrucción 41 de Madrid, que había estado investigando a venezolanos afincados en España por el expolio de la petrolera durante el mandato de Hugo Chávez, entre ellos dos exviceministros, el de Energía Nervis Villalobos y el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa.
Figuran asimismo Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma; Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de Pdvsa, y la mujer y uno de los hijos de Rincón, magnate venezolano residente en EEUU.
Ahora la juez imputa al propietario de Globovisión al que la Justicia estadounidense acusó en noviembre de 2018 de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que supuestamente involucra a otros dos venezolanos.
Gorrín se enfrenta en EE.UU. a nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.
El venezolano, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la Justicia estadounidense y, desde noviembre de 2019, forma parte de la lista de los más buscados por corrupción.
En España, un grupo de siete diputados opositores de la Asamblea de Venezuela le denunció en mayo pasado ante la Fiscalía junto a otros excargos del régimen de Hugo Chávez y empresarios beneficiados de contratos de su gobierno por blanquear dinero proveniente de la corrupción.
La denuncia asegura que Gorrín fue partícipe de los llamados «bonos estructurados», un producto financiero puesto en marcha por el régimen de Chávez mediante la compra de bonos de deuda pública extranjera que supuestamente les permitieron especular con el sistema cambiario dólar-bolívar.
«Los papeles se emitían en libras esterlinas y ese dinero obtenido en moneda inglesa era vendido a los bancos suizos. Así los conspiradores obtenían los dólares necesarios para colocarlos en el mercado paralelo, el cual permitía ganancias extraordinarias gracias al arbitraje entre el precio oficial y el negro», dice la denuncia sobre los movimientos del dueño de Globovisión.
Tanto él como su socio Gustavo Perdomo, según los denunciantes, fueron beneficiarios de 10 cuentas en Suiza «desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias.
El de Tardón no es el único juzgado de la Audiencia Nacional que investiga a ciudadanos venezolanos vinculados al gobierno de Chávez por blanquear en España decenas de millones de euros que desviaron presuntamente de la arcas públicas del país sudamericano.
En la Audiencia Nacional hay otras dos causas abiertas en sendos juzgados: una en la que se investiga al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por el desvío de 4,5 millones de euros de PDVSA, y otra contra la empresa asturiana Duro Felguera por sobornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas, en la que también está imputado Nervis Villalobos. EFE