Los mexicanos aún están en shock al conocerse el caso de Daphne Fernández, una menor del oriental estado de Veracruz que en enero de 2015 fue obligada por cuatro conocidos suyos a subir a un auto, el Mercedes Benz de uno de ellos, y llevada al domicilio de uno de los agresores y violada.
La mexicana de 17 años fue abusada sexualmente por cuatro jóvenes ex alumnos del colegio católico de la localidad. Según el diario El Tiempo de Veracruz, los presuntos culpables de laviolación son Enrique Captaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta. Todos hijos de empresarios del estado que pertenecen al Club Rotario de Veracruz.
«Fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada«, relató el padre de la víctima, Javier Fernández Gómez, en una carta. En la misiva también destacaba que Daphne fue subida a un coche en contra de su voluntad mientras caminaba hacia una discoteca de Boca del Río.
Dos de los jóvenes, universitarios y ex alumnos de un colegio privado católico del puerto de Veracruz, pidieron perdón a la muchacha en un video, pero ahora niegan haber cometido el crimen.
«FUE INCOMUNICADA, FUE VEJADA, FUE SOMETIDA, FUE ABUSADA SEXUALMENTE Y FUE VIOLADA»
Los chicos, conocidos como «Los Porkys de Costa de Oro», formarían parte de un grupo que actúa desde hace años en varios puntos del estado con graves antecedentes, como el asesinato de un muchacho de 15 años en una fiesta en 2001.
Sin ir tan lejos, a los cuatro jóvenes implicados en la violación de Daphne se los relaciona con otros delitos, como el atropello y muerte de un joven ciclista y la violación y asesinato de Columba Campillo, de 16 años, en mayo de 2015.
Estos casos no son los únicos registrados a lo largo y ancho del territorio mexicano. Los crímenes del poder son varios. El senador Jorge Emilio González, hijo del fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), arrastra a sus 43 años un largo historial de presuntos delitos sin sentencia.
Entre ellos, el intento de soborno y falsedad de declaraciones cuando fue interceptado conduciendo borracho, unas imágenes en las que unos sujetos le ofrecían dos millones de dólares a cambio de un permiso de obra o la muerte de una joven búlgara en una vivienda en Cancún de la que el apodado «el Niño Verde» era presuntamente dueño.
Gerardo Saade, de 21 años en 2013 y nieto del entonces fiscal general Jesús Murillo, entró en la vivienda de su ex pareja y la golpeó. La joven lo publicó en redes sociales, pero no lo denunció ante las autoridades y el muchacho, aunque se autoinculpó ante la Fiscalía del estado de Morelos, salió librado de todo delito.
Estos sucesos son «sólo algunos ejemplos de los cientos que todos los años son registrados sin consecuencia por los medios de comunicación, o de los miles que ni siquiera ese privilegio logran», afirma Ricardo Raphael, autor del libro Mirreynato. La otra desigualdad.
Para este periodista, «el mirrey se asume como un ser humano aparte del resto de los mortales. (…) El mirrey no sería lo que es si se abstuviera de desigualar en el trato que entrega a sus semejantes», identifica en su obra.
Para el periodista y académico, el «régimen mirreynal» carece de restricciones «personales, sociales y jurídicas» en una época donde «predomina la arbitrariedad de las consecuencias y la selectividad de los castigos».
México ocupa el lugar 58 de los 59 países con mayores niveles de impunidad, según el Índice Global de Impunidad (IGI) de 2016. «En México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos», por lo que la cifra negra (delitos no denunciados) en el país desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92,8%, destacó el informe.
Y en este contexto, los mirreyes y las mirreynas siguen siendo tendencia en las redes sociales. El instagram #richkidsofmexicocity cuenta con 62.000 seguidores y fotos tan significativas como un jaguar encima de un monopatín, presumiblemente la mascota de uno de estos jóvenes, o fajos de billetes bajo el título de «Para ir de compritas».
Con información de EFE