La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó este jueves las pretensiones de Nicaragua contra Colombia para ampliar su plataforma continental en el Caribe, una zona rica en recursos de pesca y en petróleo.
Los jueces de la máxima corte de la ONU, con sede en La Haya, rechazaron por trece votos contra cuatro los argumentos de Nicaragua contra una sentencia de 2012 que le otorgó una gran extensión de sus zonas marítimas en el Caribe, pero sin ir más allá de las 200 millas náuticas que le harían solapar la zona económica exclusiva de siete islas colombianas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró una «gran victoria para Colombia en La Haya».
«La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago», afirmó Petro desde el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado en la zona del Caribe en litigio.
Nicaragua reclamaba delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional.
Sin embargo esa extensión supondría una superposición con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés.
– Recursos naturales y pesca –
Nicaragua defendió que tanto el derecho consuetudinario como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda.
Pero Colombia, que no ha ratificado dicha Convención, argumentó que Managua «no demostró científicamente que tiene una plataforma continental» que se extienda más allá de 200 millas.
«En esta disputa están en juego zonas marítimas muy ricas en biodiversidad, recursos pesqueros, belleza paisajística, pero también recursos naturales» como gas y petróleo, señaló a la AFP Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica.
El litigio por este preciado espacio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
Managua, que desconoce la validez del acuerdo, presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó una área de aproximadamente 75.000 km2 en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.
De esa forma, el fallo dejó a esas islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra disputa por la presencia de navíos colombianos en la zona.
A raíz del dictamen de 2012, el gobierno colombiano se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.
En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para exigir que Colombia se abstuviera de violar los espacios marítimos.
Colombia contrademandó a su vez a Managua por afectar la vida de la población raizal que vive de la pesca artesanal en estos territorios. AFP