Leavitt explicó que las acciones del Gobierno «no entran en conflicto con la orden escrita, ya que esta se produjo cuando los extranjeros, presuntamente vinculados a la banda criminal Tren de Aragua (TDA), ya habían sido removidos»
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt afirmó este lunes que el Gobierno de Estados Unidos no tiene dudas de que los migrantes enviados a El Salvador son “miembros” del Tren de Aragua.
En una rueda de prensa, la funcionaria aseguró que los organismos de seguridad verificaron las identidades de las personas “expulsadas” del territorio estadounidense, puntualizando que todos eran una “amenaza” para la nación.
«Puedo asegurar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional están seguros de las identidades de las personas que iban en esos aviones y de la amenaza que representan para nuestra patria. Estos son monstruos atroces, violadores, asesinos, secuestradores, agresores sexuales, depredadores que no tienen derecho a estar en este país y deben rendir cuentas y algo diferente», respondió a una consulta de uno de los periodistas.
Leavitt sostuvo que la megabanda criminal venezolana es “enemiga” de EE. UU., por lo que la administración de Donald Trump invocó la ley de 1798 para “salvar innumerables” vidas y enviar, en acuerdo con el Gobierno de Nayib Bukele, a los “atroces monstruos” a una cárcel de máxima seguridad.
Resalta autoridad presidencial
“El Tren de Aragua es una de las pandillas terroristas más despiadadas del mundo y son responsables de algunos de los crímenes más atroces que han ocurrido en la historia de nuestra nación en los últimos años, incluidos los salvajes asesinatos de las hermosas Lake y Riley y Jocelyn Nungrey”, destacó.
Sobre estos casos, la portavoz comunicó que el presidente Trump les “hizo justicia”, tal y como prometió en su campaña presidencial. Además, acotó que los esfuerzos seguirán proyectándose en estos meses, pues el Gobierno pretende “sellar la frontera” en los próximos años.
“El presidente está utilizando todo su poder ejecutivo y su autoridad constitucional dentro de los límites de las leyes de inmigración de nuestro país para garantizar que nuestras calles sean más seguras para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”, apuntó sobre las posibles violaciones de derechos humanos en las que incurran en las detenciones.
EE. UU. dice que no «incumplió» orden judicial contra las deportaciones
Asimismo, el Gobierno afirmó que «no incumplió» la orden judicial que buscaba impedir la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador, argumentando que la decisión del juez federal carece de «fundamento legal».
«La administración no se ‘negó a cumplir’ una orden judicial. Esta orden, que carecía de base legal, se emitió después de que extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense», dijo Leavitt en su cuenta de X más temprano.
Leavitt explicó que las acciones del Gobierno «no entran en conflicto con la orden escrita, ya que esta se produjo cuando los extranjeros, presuntamente vinculados a la banda criminal Tren de Aragua (TdA), ya habían sido removidos».
Tribunales federales no tienen jurisdicción
Además, recordó que el Tribunal Supremo ha establecido en múltiples ocasiones que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre las decisiones del presidente en materia de asuntos exteriores, ni sobre sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros o los poderes constitucionales del Artículo II para expulsar a «terroristas extranjeros» y repeler una «invasión declarada».
«Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta a terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente del territorio estadounidense», afirmó Leavitt, en rechazo a la orden emitida por el juez federal James Boasberg, quien había intentado bloquear las deportaciones.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
Las declaraciones de Leavitt se produjeron en respuesta a las críticas de quienes acusaron al Gobierno de ignorar la orden judicial. Sin embargo, la portavoz insistió en que las acciones de la administración Trump fueron legales y necesarias para garantizar la seguridad del país.
El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que permite la detención y deportación expedita de personas identificadas como miembros de la pandilla Tren de Aragua. Esta ley, que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial, autoriza la expulsión sumaria de individuos de países en conflicto con Estados Unidos.
Según The New York Times, el sábado, el juez James E. Boasberg, del Tribunal Federal de Distrito en Washington, emitió una orden de restricción temporal que bloquea la deportación de cualquier inmigrante bajo esta ley. La decisión se tomó durante una audiencia urgente solicitada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en la que el juez expresó su escepticismo sobre la legalidad de la acción presidencial.
Boasberg ordenó que todos los vuelos con inmigrantes venezolanos deportados bajo la orden ejecutiva regresaran a Estados Unidos «de inmediato», sin importar si los aviones debían dar la vuelta o no. «Esto es algo que debemos asegurarnos de que se cumpla de inmediato», afirmó el juez.
EE. UU. envío de presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el domingo el traslado de más de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele se ofreció a encarcelarlas.
La decisión de Trump ha generado críticas tanto dentro como fuera de EE. UU., con organizaciones de derechos humanos y gobiernos aliados de Venezuela, como Cuba, denunciando la medida como una violación de los derechos fundamentales y un acto de hostilidad política.