Cada vez son más las organizaciones de diferentes países de la región que solicitan buscar una pronta solución con respecto a la actual crisis que sufre Venezuela. En ese sentido, el Instituto Católico Chileno de Migración (Incami) y la Pastoral Social Cáritas, hizo un llamado a la “misericordia” y “a la búsqueda de soluciones que involucren a todos los gobiernos de la región, y especialmente a quienes son responsables de la conducción política de Venezuela”.
Representantes de Incami y la Pastoral Social Caritas Chile mostraron su preocupación por la situación por la que atraviesan los migrantes venezolanos en la frontera con Perú y aseguraron que la solicitud sorpresiva de una visa consular de turismo “ha saturado los puestos fronterizos y consulados” debido a que quienes llevaban semanas de desplazamiento, “no tenían conocimiento de los nuevos requisitos de ingreso”, resultando vulnerados los derechos “de decenas de personas”, reseñó el Diario Panorama.
Las entidades eclesiales ponen acento en la necesidad de “repensar el tema migratorio”, debido a la “ausencia de una ley acorde con el nuevo contexto latinoamericano”. “Esta nueva mirada –aseguraron– no puede ser desarrollada de forma aislada. La migración es un fenómeno global que debe ser abordado desde esa perspectiva”.
“Queremos seguir aportando al diálogo con las autoridades en materia migratoria. Comprendemos la necesidad de regular la movilidad humana ante la capacidad limitada que tiene el país, pero hacemos un fuerte llamado a la ‘misericordia’ y a no restringir las posibilidades de ingreso de una comunidad en problemas. Pedimos trabajar en conjunto para establecer una política integral que regule la migración y permita abordar de mejor manera los desafíos del tránsito de personas, especialmente de aquellas desplazadas por graves situaciones políticas y económicas”, dijeron ambas organizaciones en un comunicado conjunto.
La Iglesia chilena señaló asimismo que “quienes formamos parte de Latinoamérica estamos moralmente involucrados”, y realiza un llamado a “la búsqueda de soluciones que involucren a todos los gobiernos de la región”, especialmente “a quienes son responsables de la conducción política de Venezuela, para generar la salida de esta crisis que desangra a su pueblo”. Además afirma que Chile “debe aportar con medidas razonables de solicitud de documentación a personas que viven el drama del desplazamiento desde Venezuela”.
Por último solicitan “no incurrir en acusaciones infundadas a instituciones de la Iglesia”, respecto a una “supuesta promoción de ingresos irregulares de personas al país”.
“Somos los primeros comprometidos por la vigencia del estado de Derecho y el cumplimiento de la Ley, en años de trabajo conjunto, entidades públicas y civiles saben del servicio por la dignidad y derechos de los migrantes, de la red católica que los acompaña”, apuntaron.