Era su deseo morir ya, pero de momento tendrá que esperar.
La juez Elizabeth González ha detenido la ejecución de Scott Dozier, de 47 años y condenado por un doble asesinato, prevista para esta noche en el estado de Nevada. La juez ha tomado en consideración la demanda presentada en el último momento por la farmacéutica Alvogen contra el estado, al que había solicitado que no se hiciera uso del midazolam, un sedante que comercializa y que, según la empresa, Nevada había conseguido mediante subterfugios y sin su aprobación.
Todd Bice, uno de los abogados de Alvogen, les ha acusado de obtener la droga utilizando una farmacia de Las Vegas como intermediaria, en vez de adquirirla directamente para la prisión en la que se encuentra el recluso, algo a lo que la farmacéutica se hubiera negado.
Tal y como señaló Bice, en abril enviaron una carta a varios oficiales del estado advirtiéndoles de que Alvogen se opone al uso de sus productos en ejecuciones, especialmente el midazolam, uno de los tres componentes del cóctel de drogas con el que Nevada pretendía ejecutar al recluso. Otra farmacéutica, Sandoz, ha hecho constar igualmente su oposición al uso del cisatracurio, un paralizante neuromuscular.
No es la primera vez que se retrasa la ejecución de Dozier. Pudo morir el pasado año hasta en dos ocasiones, y aunque mostró su absoluta disposición a ello – «Ha pasado mucho tiempo, su señoría. Estoy listo», le dijo a la jueza Jennifer Togliatti-, la ejecución de octubre se pospuso a noviembre y después quedó suspendida de manera indefinida hasta que en mayo el Supremo de Nevada ordenó reanudar el proceso. Pero, ¿qué llevó al aplazamiento de las ejecuciones programadas en 2017?
Desde luego no el interés del condenado, que en 2016 dejó de presentar apelaciones a su caso y que dice odiar la vida en prisión, sino la orden de la jueza Togliatti para que se eliminara el uso del cisatracurio, al considerar que podía enmascarar el sufrimiento de Dozier, violando así el mandamiento constitucional de evitar la crueldad en las ejecuciones.
Cuando el Supremo levantó la suspensión, Nevada se encontró sin suministros de diazepam, lo que nos lleva al gran obstáculo con el que se están enfrentando los estados que aplican la pena de muerte, causa igualmente de la paralización de última hora de la sentencia de Scott Dozier: La reticencia de las farmacéuticas a que sus productos sean utilizados en ejecuciones. En el caso de Alvogen, ha explicado su abogado, no se trata tanto de que la empresa se oponga o no a la pena de muerte como de que se utilice su medicamento para un fin opuesto al que se creó, que es el de mejorar y salvar vidas.
Este problema ha hecho a que los estados que mantienen la pena de muerte deban buscar alternativas de suministro, incluso por vías que rozan, cuando no sobrepasan, los límites legales. Nevada anunció hace una semana el cóctel inédito de drogas que había previsto utilizar con Dozier.
Una mezcla de midazolam (sedante), fentanilo (opioide) y el citado cisatracurio (paralizante neuromuscular). El uso del primero de ellos, sustituto del diazepam, es controvertido, porque se ha mostrado insuficiente en varias ejecuciones anteriores. Además, esta combinación incluye el uso del fentanilo, droga mucho más potente que la heroína, que solo en 2016 causó más de 20.000 muertes en Estados Unidos por sobredosis. El país vive una terrible crisis de abuso de opioides, de la que las farmacéuticas han sido cooperadoras necesarias, y en cuya resolución se ha involucrado hasta la Casa Blanca.
Gracias a la demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (organización de corte progresista), se ha sabido que las autoridades de Nevada obtuvieron el fentanilo mediante una gran cantidad de pequeñas compras que se extendieron durante meses, pero se ignora si la compañía suministradora, Cardinal Health, era consciente del fin al que iba destinado y si el proceso pretendía no levantar sospechas para enmascarar la finalidad de su uso. Además, la organización denuncia que Nevada podría haber violado la ley a la hora de comprar la droga al haberla facilitado a una entidad sin licencia para manejarla.
Ante esta situación, algunos estados han intentado hacer uso de drogas que no han sido testadas, lo que puede derivar en procesos judiciales de años. En el caso de Nevada cuentan con la voluntariedad del propio reo, que está dispuesto incluso a asumir el sufrimiento y cumplir de esa manera su deseo de morir. Un deseo que ha frustado de momento la suspensión de la sentencia decretada por la juez Elizabeth González, que considera que Alvogen tiene posibilidades de ganar la demanda, por lo que ha prohibido, al menos de forma temporal, el uso del midazolam y ha convocado una nueva vista para el próximo 10 de septiembre.