En su esperado fallo, la corte constitucional francesa respaldó los elementos clave de la controvertida reforma, impulsada por el presidente Emmanuel Macron. El organismo consideró que el mandatario procedió conforme a la Carta Magna y ratificó la subida de la edad de jubilación de 62 a 64 años, a la vez que rechazó aspectos menores del plan. Líderes opositores avisaron que las protestas continuarán.
La reforma de pensiones de Emmanuel Macron recibió un espaldarazo clave. El Consejo Constitucional de Francia avaló los aspectos principales del controvertido plan, que eleva de 62 a 64 años la edad de jubilación. Con esto, la medida puede promulgarse en los próximos días.
En su fallo, la corte afirmó que el mandatario actuó en línea con la constitución -al aprobar por decreto el proyecto tras su aprobación en el Senado y saltándose el debate en la Asamblea Nacional-, a la vez que anuló seis medidas menores, consideradas no esenciales para esta legislación.
Al mismo tiempo, los ‘sabios’ -como se conoce a los integrantes del Consejo- rechazaron una propuesta de la oposición para organizar un referendo ciudadano sobre la reforma. Una segunda presentación sobre una posible consulta popular será revisada a inicios de mayo.
Desde antes de conocerse la decisión, decenas de policías antidisturbios están desplegados en el ingreso al Consejo, con el edificio vallado frente a las potenciales manifestaciones. Minutos después del anuncio, grupos de manifestantes comenzaron a reunirse frente al Ayuntamiento de París y se esperan protestas durante la noche.
Las movilizaciones contra la impopular reforma prometen seguir, tal como lo anticipó uno de los líderes de la oposición, Jean-Luc Mélenchon, quien dijo que «la lucha continúa». El referente del bloque de izquierda La Francia Insumisa consideró que la decisión del Consejo «muestra que está más atento a las necesidades de la monarquía presidencial que a las del pueblo soberano».
Por su parte, la líder de Agrupación Nacional de extrema derecha, Marine Le Pen, tuiteó que «la decisión del tribunal constitucional puede cerrar la secuencia institucional, pero el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado». «El pueblo siempre tiene la última palabra, es el derecho del pueblo a prepararse para el cambio de poder que será el resultado de esta innecesaria e injusta reforma», completó.
Con información AFP y Reuters