El funcionario boliviano se refirió al titular de la OEA como «una persona que ha defendido los informes que han causado la muerte de bolivianos inocentes».
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reconoció este miércoles las masacres ocurridas en Senkata y Sacaba, ocurridas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, administración que él apoyó.
Asimismo, rindió un homenaje a las víctimas de estos hechos, perpetrados por las fuerzas de seguridad bolivianas entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, que dejaron un saldo de 22 muertos y decenas de heridos.
Durante una reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA, Almagro pidió un minuto de silencio por las víctimas de las masacres y luego se puso de pie en señal de respeto.
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Tras la acción, Héctor Arce Zaconeta, el embajador de Bolivia ante el organismo, calificó de «impostura» la posición de Almagro.
«Considero una gravísima impostura que una persona que ha defendido los informes que han causado la muerte de bolivianos inocentes, finalmente sea quien haya planteado un minuto de silencio», manifestó Arce, en referencia a Almagro y al informe de auditoría de la OEA que desacreditó las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia.
Arce añadió que «el mejor homenaje, la mejor muestra de respeto que se puede hacer por estas personas, es abrirse a una investigación totalmente limpia y transparente» sobre lo sucedido en Bolivia, y que se entreguen los documentos que se han solicitado a la OEA.
Esquivar responsabilidad
Por su parte, el titular de la cartera de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima Magne, expresó su inconformidad con las declaraciones del jefe de la OEA y advirtió que Almagro pretende «esquivar» su responsabilidad por «el golpe de Estado» ejecutado contra el expresidente Evo Morales.
También resaltó que el titular de la OEA debe responder al planteamiento infundado que hizo sobre el supuesto «fraude» electoral en las presidenciales de 2019.
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«Admitir ‘masacres’ y esquivar responsabilidad por el golpe de Estado, es reconocer los efectos y negar las causas. El secretario general de la OEA debe responder por su acusación improbada de ‘fraude’ que sirvió de justificativo para el Gobierno de facto», señaló Lima Magne.
En su informe, la OEA concluyó que hubo supuestas «irregularidades» en las elecciones y señaló que era «improbable estadísticamente» que el entonces mandatario Evo Morales hubiese ganado. Con ello, avivó las violentas manifestaciones que se llevaban a cabo en el país suramericano, que culminaron con un golpe de Estado y la toma del poder por parte de Áñez.
Las masacres
La presidenta de facto tomó el poder el 12 de noviembre. Tres días después, en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, se produjo una masacre por parte de militares y policías, cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra la administración de Áñez. El saldo de esta matanza fue de 12 personas asesinadas y 125 heridas.
El 19 de noviembre sucedió otra masacre, esta vez en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de 10 personas.
Pero no fueron las únicas masacres. El informe «Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019», de la Defensoría del Pueblo, señala que el 11 de noviembre de 2019, un día después de la salida de Morales y cuando Áñez anunció que asumiría el poder (que se concretó formalmente un día después), hubo una fuerte represión policial contra la población que se oponía al golpe en la Zona Sur de La Paz, concretamente en Pedregal, Rosales, Chasquipampa y Ovejuyo; ahí tres personas perdieron la vida y 18 resultaron heridas.
Entretanto, el 13 de noviembre se produjo una manifestación que fue intervenida por las fuerzas policiales en el municipio de Montero, en el departamento de Santa Cruz. Ahí fue asesinado Roberth Ariel Calisaya Soto, de 20 años, producto de un disparo de arma de fuego.
Además de estas cuatro matanzas, según un documento aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, hubo muertos y heridos en el municipio de Betanzos, Potosí; y en Yapacaní, Santa Cruz.