El gobierno decidió la ocupación temporal por 180 días de la empresa Industria Venezolana de Gas (Invegas), antes Praxair de Venezuela, por presuntamente negarse a suministrar oxígeno y nitrógeno líquido a Pdvsa, Pequiven y otras empresas del Estado.
La Resolución Conjunta de los Ministerios de Trabajo y Petróleo, publicada en la Gaceta Oficial N°. 42.145, fechada el 9 de junio de 2021, indica que estos productos «resultan esenciales para la transformación y producción de los hidrocarburos que requiere el pueblo venezolano y la Industria Petrolera Nacional, causando lesiones graves de difícil reparación a la colectividad».
La empresa, presente en el mercado venezolano desde 1944 es una de las mayores proveedoras de gases industriales del país, es filial de la corporación alemana Linde PLC, la cual se fusionó con Praxair en 2017. Linde, antes de la unificación, tenía operaciones en Venezuela a través de AGA Gas.
La resolución dio un plazo de 10 días a los trabajadores y la representación sindical de la empresa a designar a los integrantes de la nueva Junta Administradora Especial que se designará para gestionar los activos de la organización, a los fines de restablecer de inmediato el suministro de insumos esenciales para la producción de gasolina.
La Junta Administradora se integrará con un representante de Pdvsa, que la presidirá, dos representantes de los trabajadores, y uno de los propietarios, ya que no se trata de una expropiación, sino de una intervención temporal; sin embargo, la resolución establece que si la empresa se niega a participar en el proceso, su representación será asumida por otro miembro de la planta laboral.
Esta administración tendrá amplios poderes de gestión, pero el artículo quinto de la resolución deja claro que no podrá disponer, enajenar y/o gravar de los activos fijos de Invegas. La ocupación puede ser prorrogada «si las circunstancias debidamente comprobadas así lo ameriten».
La acusación de supuesto boicot -expresa en el texto de la resolución- puede conducir a medidas de carácter judicial contra los accionistas y administradores de la empresa productora de gases industriales.
Posiblemente, los problemas surgidos para suministrar oxígeno y nitrógeno líquido a empresas estatales se deban al temor de los accionistas de verse afectado por sanciones del gobierno de Estados Unidos.