La historia de Samuel, un venezolano de 28 años radicado en Phoenix, en Arizona (EEUU), expone una de las caras más duras del sistema migratorio en Estados Unidos, luego de que fuera deportado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pese estar casado con una estadounidense.
De acuerdo con el medio Mundo Now, tras cuatro años de trabajo estable, una familia formada y petición familiar aprobada, su camino hacia la residencia permanente terminó abruptamente cuando agentes de ICE lo detuvieron en el lugar donde menos lo imaginaba: su entrevista final ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés).
Lo que debía ser el cierre de un proceso legal, se convirtió así en el inicio de una pesadilla que actualmente mantiene a su familia dividida y en crisis.
Lo que él detalló al medio, es que llegó a la cita confiado. Tenía su formulario I‑130 aprobado, permisos de trabajo vigentes y todos los requisitos médicos al día.
Sin embargo, según relató, la entrevista se transformó en una «emboscada». Los agentes separaron a su esposa estadounidense y su hija de tres años bajo el argumento de una evaluación individual.
Minutos después, fue esposado sin explicaciones. «Fue el último momento que vi a mi esposa. No hubo preguntas, no hubo despedidas», aseveró.
Su detención lo llevó al centro de detención de Florence, en Arizona, un lugar que describe con crudeza y desesperación.
Allí permaneció un mes en condiciones que califica como infrahumanas. Dijo que estuvo sin comunicación inicial con su familia, rodeado de enfermedades, mala alimentación y bajo una presión psicológica constante.
Según su testimonio, los internos deben apoyarse entre sí para sobrevivir, compartiendo raciones mínimas de comida y cuidando a los enfermos mientras temen represalias de los equipos antimotines.
La deportación de Samuel no solo significó su expulsión del país, sino el colapso económico y emocional de su familia en Estados Unidos.
Su esposa, embarazada de cinco meses y estudiante de enfermería, quedó sola con todas las responsabilidades financieras.
«Teníamos una casa, autos, una vida… ahora todo eso cae sobre ella», lamentó.
Señaló, que la pérdida del único ingreso del hogar, los dejó al borde de la bancarrota, mientras su hija pequeña enfrenta la ausencia repentina de su padre.
SU REGRESO A VENEZUELA
Desde Guanare, en el estado Portuguesa, Samuel intenta adaptarse a una Venezuela marcada por la crisis eléctrica y económica.
Aun así, mantiene la esperanza de que un perdón migratorio le permita regresar legalmente para reencontrarse con su hija y conocer al bebé que está por nacer.
No obstante, abogados especializados advierten que el proceso podría tardar hasta cinco años, especialmente si su caso requiere un Perdón Provisional por Presencia Ilegal (I‑601A), un requisito común para quienes ingresaron al país sin autorización.
Consciente del impacto de su experiencia, Samuel envía una advertencia a quienes atraviesan procesos migratorios similares: no basta con contratar a un abogado.
Asegura que, pese a haber pagado miles de dólares, nunca fue informado de que su entrada en 2020 podía obligarlo a tramitar su residencia desde el extranjero.
Es por ello, que expertos recomiendan verificar siempre que el representante legal esté acreditado ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y revisar en portales oficiales como USCIS.gov si existen órdenes previas de deportación o requisitos adicionales.
«Mi recomendación es buscar una segunda o tercera opinión. Yo no sé si me estafaron, pero pagué y nunca me resolvieron nada», afirmó desde Venezuela.