La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su Artículo 91, garantiza el derecho a un salario digno y suficiente, ajustado anualmente según la Canasta Básica Alimentaria, que en febrero alcanzó $645,67, según el reporte más reciente del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Sin embargo, desde marzo de 2022, el salario mínimo mensual base se mantiene congelado en 130 bolívares (equivalente a $0,33 al tipo de cambio oficial promedio de febrero), siendo complementado por bonificaciones no salariales. Esto indica que una familia de cinco personas necesita 1.937 salarios mínimos para adquirir los alimentos básicos.
En Venezuela, gremios y sindicatos mantienen la exigencia para lograr un aumento justo, en función del bolsillo de la población. Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras e integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseveró que junto a la cúpula empresarial sostienen encuentros para buscar los métodos que lleven a un incremento viable.
Pero dejo claro que el único responsable de fijar un salario mínimo es el presidente de la República. “Nosotros podemos recomendar y proponer ideas, pero al final la decisión depende exclusivamente del presidente, lo cual en estos momentos es una decisión muy compleja”, señaló en una entrevista para Unión Radio.
Roig sostiene se debe realizar una discusión despartidizada sobre qué hacer con las prestaciones sociales retroactivas. “Porque es difícil que tú aumentes a un trabajador hoy si lo que estás haciendo es pagar todo el pasado que tiene acumulado. Creo que aquí está centrada la discusión; hay que entender que esto no es un problema legal de cómo se cambia la Ley del Trabajo, sino un problema económico fundamental”.
Expresó que, aunque la Constitución establece que la canasta básica indicaría el salario, en este momento no es posible elevarlo a ese monto. “Tú no puedes corregir en unos meses algo que se ha hecho mal por mucho tiempo”, explicó a Shirley Varnagy.
Al ser consultado sobre las exigencias de distintos gremios de elevar el sueldo a entre 200 y 1000 dólares, expresó que sería imposible llevar el ingreso de los trabajadores a los 645 que impone la canasta básica. “Eso es imposible; se tiene que aterrizar a la gente, no venderles humo. (…). El tema es complejo porque no se puede corregir de la noche a la mañana unos desaciertos que se han tenido por mucho tiempo”.
Diagnóstico
El último incremento salarial fue decretado en marzo de 2022. Actualmente, el salario mínimo equivale a unos 30 centavos de dólar, sumado a bonificaciones que promedian entre 100 y 200 dólares, sin incidencias en el cálculo de prestaciones sociales ni jubilaciones.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el pasado 15 de marzo sobre la entrada de 300 millones de dólares a un fondo recientemente creado para la «protección social», procedentes de una «venta extraordinaria» de fueloil, un combustible derivado del petróleo.
Rodríguez aseguró que se hizo esa venta para «poder garantizar que se diera un incremento en el ingreso de los trabajadores», del que no dio mayores detalles.
El anuncio realizado por la mandataria tuvo lugar días después de una marcha convocada por diferentes sectores de la sociedad civil, sindicalistas y trabajadores para exigir un aumento salarial tras cumplirse cuatro años del último ajuste decretado por el Ejecutivo, que, desde entonces, ha centrado su política salarial en el pago de bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales.
Aumento efectivo y sostenible
Gustavo Machado, economista, investigador y profesor de la Escuela de Economía de la Universidad del Zulia, sostiene que un incremento salarial es necesario y urgente debido a la fuerte inflación que está afectando el poder adquisitivo de la población.
El experto señala que, según las cifras del Banco Central de Venezuela, la inflación acumulada en solo los dos primeros meses del año ya superó el 50 %, por lo que considera que trabajadores, empresarios y el gobierno deberían acordar de manera concertada un aumento salarial que permita a la mayoría de los venezolanos recuperar parte de su poder adquisitivo.
Un incremento de ingresos no solo beneficia a los trabajadores, sino que también estimula la economía, ya que las familias tendrían mayor capacidad de consumo y las empresas podrían colocar más productos en el mercado», destaca.
Machado plantea que, para que un aumento salarial sea efectivo y sostenible, debe diseñarse a través de mecanismos concertados entre el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno, con el objetivo de trazar una hoja de ruta común.
Menciona que se deben establecer metas comunes y parámetros objetivos para el ajuste de salarios, en lugar de aumentos puntuales y aislados sin relación con la realidad económica.
A su juicio, el país debería establecer una ruta gradual de mejoras salariales, empezando lo antes posible y con criterios consensuados para alcanzar niveles más adecuados de ingreso real que permitan a los trabajadores recuperar poder de compra frente a la inflación.
Esto permitiría que los ajustes salariales no sean arbitrarios ni esporádicos, sino que respondan a la evolución de indicadores como el costo de vida o el comportamiento de precios», señala.
Concertación entre los sectores involucrados
Por su parte, Edinson Jiménez, doctor en Ciencias Económicas, asegura que el aumento de salarios debe ser prioritario y urgente, pero considera que el motor principal de esta medida no debería depender únicamente del gobierno, sino de las bases trabajadoras y los sindicatos, quienes conocen directamente las necesidades de los hogares venezolanos.
El experto advierte que los incrementos deben garantizar que los trabajadores puedan cubrir las necesidades esenciales de sus familias, incluyendo alimentación, servicios básicos y salud. Además, agrega que los salarios actuales son muy bajos y no permiten cubrir la canasta básica, por lo que se necesita actuar con rapidez.
Jiménez considera que los ingresos provenientes de la recuperación de la producción petrolera, así como la incorporación de inversores privados en sectores estratégicos, deberían traducirse en beneficios directos para los trabajadores, mediante mejoras salariales y acceso a servicios de calidad.
El objetivo del aumento salarial, según Jiménez, es que los ciudadanos experimenten un progreso real en su calidad de vida, en paralelo con la reactivación económica y la llegada de inversiones que fortalezcan el país.
El mecanismo más adecuado para mejorar los salarios en Venezuela es la concertación entre todos los sectores involucrados, es decir, el Estado, los empleadores y los trabajadores y sus representantes sindicales. Esto se basa en experiencias pasadas donde los aumentos de sueldo se acordaron a través del diálogo tripartito, lo cual generó consensos y beneficios compartidos para la economía y la clase trabajadora», detalla.
Eliminar el salario mínimo en Venezuela
En este contexto, el economista Aldo Contreras advierte que el actual modelo salarial en Venezuela está colapsado y requiere una transformación profunda, más allá de simples aumentos de sueldo.
Contreras explica que elevar el salario a 300 dólares mensuales no solo implica el pago del sueldo base, sino también una carga adicional significativa por concepto de prestaciones sociales, utilidades, vacaciones y bonos. Esto podría duplicar o incluso superar el costo anual por trabajador, haciéndolo insostenible tanto para el Estado como para el sector privado.
En este momento, lo primero es eliminar los bonos; lo segundo sería modificar e ir a una nueva ley orgánica del trabajo; y lo tercero es que se debe entender que en este momento se está recibiendo una pequeña porción; hay que aumentar la producción. Para ello hace falta inversión extranjera, reglas claras y así podrían los trabajadores tener un salario distinto», explica.
El economista plantea eliminar el salario mínimo en Venezuela y avanzar hacia un esquema donde los sueldos sean definidos por el mercado, en medio de fuertes distorsiones entre el ingreso formal y real de los trabajadores.
A su juicio, esto facilitaría una mayor flexibilidad en la contratación y alinearía los ingresos con la capacidad real de las empresas.
El estado venezolano paga tres dólares con cincuenta centavos de dólar de salario y los bonos en algunos casos llegan a 60 o 100 dólares, mientras que la administración privada desde hace mucho tiempo tiene un promedio salarial que está por encima de 250 dólares», comenta.