Guarulla respondió las declaraciones del ministro Néstor Reverol Torres, quien lo responsabilizó de los hechos. La OVP pidió una investigación
Los 37 cadáveres de los presos que murieron en un operativo especial ejecutado por diferentes organismos policiales en el Centro de Reclusión Preventiva de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, estaban ayer hacinados en la morgue del hospital José Gregorio Hernández. En la entidad no había urnas, pero en entrada la tarde llegó un lote de ataúdes.
El gobernador de la entidad, Liborio Guarulla, aseguró que la situación es tan crítica en esa dependencia que ya los malos olores, producto de la descomposición de los cuerpos, comenzaron a invadir el ambiente. La mayoría de los muertos es de origen indígena y 80% son menores de 23 años de edad, precisó.
Guarulla respondió las declaraciones del ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, quien lo responsabilizó de los hechos, y dijo que desde hace cuatro años no hay policía en la entidad.
Explicó que hay comunicaciones en las que consta que en reiteradas oportunidades se solicitó hacer una requisa en ese centro y nunca hubo respuesta. En una de estas se pedía la incursión, debido a que existía una amenaza de la guerrilla colombiana ELN de ingresar a ese centro y dar muerte a los presos, luego de que un integrante de ese grupo subversivo fue asesinado dentro del recinto.
Aseguró que en ese centro de reclusión hay detenidos a quienes ni siquiera se les ha iniciado un juicio. “Más genocida y responsables son quienes enviaron una comisión especial para entrar a ese centro, así como de los 500 muertos por el hampa que ha habido en el estado”, expresó.
Piden investigación
Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, expresó que deben enviar a la entidad una comisión especial para contar las víctimas, porque hay quienes dicen que el número es superior.
“Solamente se le ocurre a un organismo sin conocimiento en materia penitenciaria abordar un penal en la noche. Esto ocurrió el día lunes en la noche y el martes a las 10:00 am fue cuando controlaron la situación del penal”.
A Prado le extraña que se hable de 37 o 38 muertos y no se menciona si hubo heridos. Destacó que esa es la pregunta que deben responder los expertos en materia de enfrentamiento.
Otra pregunta que se hace Prado es “¿quién es el responsable de ese retén policial?”. “El ministro está responsabilizando a Guarulla y el gobernador dice que desde hace cuatro años no tienen policía. Si esto no está en manos de la gobernación, entonces el responsable es el ministro del Interior porque es quien interviene las policías. Los cuerpos de seguridad regionales deben asumir la responsabilidad en estos hechos lamentables, en el que personas que están en manos del Estado son asesinados por el propio Estado.
Prado exhortó a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía a investigar la masacre, con la finalidad de que el Estado asuma el resarcimiento de daños a los familiares de las víctimas. También deben establecer quién trafica con las armas en ese establecimiento carcelario.
“Esta masacre es la mayor ocurrida en un retén policial”, dijo. Para el momento del ataque había allí 156 detenidos. “El Estado acabó con un tercio de la población penal al deshacinar la cárcel a punto de plomo. Debe haber un pronunciamiento oficial para que estas muertes no queden impunes. El peor enemigo de lo que pasa en el país es la impunidad. Hay que averiguar quién ordenó que un grupo especial entrara de noche para efectuar una política de exterminio, como efectivamente lo hicieron”.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, responsabilizó al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, de la muerte de 37 presos del Centro de Detención Preventivo de Amazonas, durante la incursión de una comisión de la GNB, PNB, Cicpc y Sebin, para desarmar a los internos que estaban apertrechados con armamento desde hace 4 meses. En el enfrentamiento fueron heridos 14 funcionarios de esos organismos policiales y de seguridad.
El ministro no precisó el señalamiento contra Guarulla, pero dijo que esa cárcel contaba solo con tres custodios, lo cual generaba un ambiente de anarquía y se obligó a la toma de ese centro de detención que será cerrado y rehabilitado para instalar el nuevo régimen penitenciario. 67 de los 260 presos de ese recinto serán trasladados a otras cárceles de Apure y Bolívar. El cabecilla de la banda, identificado como Roberto Antonio Martínez Orozco, murió en el enfrentamiento y tenía un récord de homicidios de detenidos que se negaron a hacer resistencia en el motín, expresó Reverol.