Finalmente acusaron a cuatro adolescentes de 16 y 17 años de edad por su presunta responsabilidad en la muerte de 18 personas, ocurrida el 16 de junio de 2018 tras la activación de una bomba lacrimógena durante una fiesta prograduación efectuada en el Club Los Cotorros de El Paraíso, en Caracas.
El Ministerio Público informó en una nota de prensa que los implicados en el caso habrían activado el “artefacto monofásico”, tras generarse una riña en el baño del citado establecimiento. Adicionalmente, dijeron que uno de ellos impedía la salida de las víctimas del lugar “portando un arma de fuego falsa”.
Manifestaron que funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron a los jóvenes el 17 de junio.
“Las fiscalías 66º Nacional y 117° del Área Metropolitana de Caracas presentaron el escrito acusatorio contra los jóvenes por ser coautores en los delitos de homicidio intencional calificado y homicidio intencional calificado frustrado, ambos ejecutados con alevosía y por motivos fútiles, y detentación de artefacto explosivo; además de agavillamiento. Dos de los adolescentes también fueron acusados por uso de facsímil, y otro por privación ilegítima de libertad agravada”, señala la nota de prensa.
Detallaron que el Tribunal 8° de Control admitió la acusación y las pruebas, así como el enjuiciamiento de los involucrados, quienes permanecen en la Entidad de Atención Socioeducativa de Coche. Es preciso destacar que por este hecho están privados de libertad Jean Manolo Celestin (41) y Gilberto Alejandro Petit Quintero (19), como coautores en los delitos de homicidio intencional calificado y homicidio intencional frustrado, ejecutados con alevosía y por motivos fútiles. A Petit Quintero le fueron precalificados, además, los tipos penales de uso de adolescentes para delinquir, detentación de artefacto explosivo y agavillamiento.
Los dos hombres fueron presentados el 19 de junio de 2018 ante el Tribunal 5° de Control, instancia que fijó como centro de reclusión el Internado Judicial Rodeo II, reseña El Cooperante