El «Jok», quien presuntamente mató al liceísta el pasado miércoles 13, se entregó a la Policía. La familia de la víctima exige todo el peso de la ley. La madre de la víctima lloró al enterarse de la captura
La reciente cacería de delincuentes en Zulia llevaron al «Jok», de 16 años, a entregarse ante la justicia. Al adolescente lo buscaban por asesinar a Freidy Eduardo Castro Zabala (14), a quien mataron el 13 de enero en la cancha del liceo Baralt. «Hagan lo que hagan no me devolverá a mí hijo», le repitió Danith Zabala, madre del liceísta, a sus parientes al enterarse de que el presunto homicida lo tenían en la sede de la Policía científica.
Ayer se entregó el «Jok» ante el Ministerio Público. Las Zabala se enteraron a las 10.00 de la mañana. Sus padres y un abogado lo acompañaron. De inmediato una comisión de la Policía científica lo capturó. Lo llevaron hasta el Eje de Homicidios y lo entrevistaron. «Confesó los hechos». Estaba sereno, vestía una franela morada a rayas blancas y cabello corto, dijo uno de los investigadores.
El oficial explicó que «iba a robar, no a asesinarlo. Los nervios lo atacaron y haló el gatillo». Tras sus declaraciones, lo montaron en una camioneta policial a su presentación en Tribunales. Ingresó al recinto a las 4.20 de la tarde. Tres horas después lo privaron de libertad y regresó a un pasillo del cuerpo detectivesco a esperar por su juicio.
Tiempo congelado
Pasaron 16 días y Danith aún mantiene el sufrimiento. No come, no sale de su habitación y sus parientes están 24 horas al pendiente de ella. «Le pedimos que coma así sea sopa, se está haciendo daño», comentó Marbelis Zabala, sobrina de la madre del liceísta.
La muchacha dijo que su tía está consternada con el hecho, su mirada aún está perdida. Exigen a las autoridades que le apliquen todo el peso de la ley porque «no mató a un niño de la calle. Era un muchacho de su hogar».
Las aspiraciones de Freidy eran las mismas de su madre, no ser un «simple militar, quería ser el mejor, le decía a su progenitora que sería alguien de bien», comentó Estefani Delgado, hermana del Danith.
En la casa, en la calle 18 con avenida 21F del barrio Brisas del Norte, rezaron el novenario. La comunidad ha sido un apoyo para los Castro Zabala.
Estefani juró que su hermano nunca dijo en su casa si había sido víctima de un delito o que le hayan «metido drogas» y lo hayan utilizado cualquier clan delictivo que pueda operar por la zona, desde primer año de bachillerato que allí estudiaba.
«Él se comunicaba mucho con mamá, siempre nos decía todo. Freidy salía de clases y se venía directo a su casa. De aquí no salía».
La familia se consuela al saber que el «Jok» ya no está suelto, ni es una amenaza para cualquier otro inocente. La familia explica que seguirá presionando en los Tribunales para que no dejen «congelar el caso».
Ataque
Freidy tuvo un debut y despedida, forzada, ante un intento de robo. El pasado 13 de enero el «Jok» lo apuntó con una pistola dentro del colegio Rafael María Baralt y le exigió el celular, en el acto el disparó en el abdomen y huyó, mientras que el joven agonizaba.
«Lo pueden condenar a cinco años»
Norbelis Mejías, tía del joven, explicó que al recibir la notificación de la Policía científica se hizo cargo de los procedimientos ya que Danith está muy dolida. «Los funcionarios dicen que puede pagar condena de cinco años por ser menor de edad». Sin embargo, la familia buscará asesoramiento, desde el próximo lunes, con abogados para apelar por una mayor sentencia. Confía en las actuaciones de la Fiscal 37.° que lleva el caso.
La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, Lopnna, establece en el parágrafo primero de su artículo 628 que cuando el adolescente tiene 15 años o más, su privativa de libertad no podrá ser menor de un año ni mayor a cinco años. El parágrafo segundo del apartado contempla que la privación se aplicará cuando el adolescente cometiera delitos como: homicidio, salvo el culposo, violación, robo agravado, secuestro, tráfico de drogas, violencia o abuso sexual, terrorismo, sicariato. Cuando incumpliere en alguna sanción ya impuesta, la privativa será de un máximo de seis meses.
Cabe destacar que además de la privación de libertad, la ley contempla otras medidas de sanciones, como la orientación verbal educativa, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida y semilibertad, definiciones contempladas en los artículos 623 al 628.
José Antonio González/La Verdad