Defensoras de los derechos humanos y diputadas a la Asamblea Nacional indicaron que hay ausencia de protocolos para atender a las víctimas y falta de formación de los funcionarios públicos. La sociedad debe reconocer cuántos tipos de violencia existen y saber identificar los casos.
Caracas. El rapto de Morella*, posiblemente, era un secreto a voces en el Conjunto Residencial Los Mangos, en la avenida Constitución de Maracay (Aragua). Luego de que sus familiares publicaran el caso por las redes sociales recibieron mensajes privados de vecinos que lo sospechaban. “Siempre se dijo que el gordo Mathías tenía ‘secuestrada’ a una mujer” (sic).
La mujer estuvo raptada durante 31 años dentro de un apartamento en el piso 4 de la torre C. Mathías Enrique Salazar Moure la convenció de huir de su casa, cuando ella tenía 18 años, porque la familia no lo aceptaba como su novio. Cuando se encontraron en el terminal de Valencia la amenazó de muerte.
A sus 49 años escapó. El 24 de enero de 2020 probó unas llaves que el gordo Mathías —así le dicen vecinos— olvidó en el apartamento. Su impulso fue averiguar dónde quedaba el Instituto de la Mujer para pedir ayuda, pero al relatar su horror dos funcionarias no le creyeron (se omiten sus nombres por petición de los señalados).
Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), comentó que la sociedad ha normalizado la violencia de género y las instituciones no tienen las capacidades necesarias para identificar cuando están frente a una víctima.
No solo hay que identificar a las víctimas de violencia de género también hay que impartir medidas de protección necesarias y activar los mecanismos de investigación”, dijo.
Luego de que se visibilizara el caso de Morella su familia corroboró que había otras tres víctimas de Mathías. Una de ellas es su esposa, a quien mantuvo en cautiverio durante 32 años en casa de su mamá en el sector Los Samanes; y otra mujer que estuvo encerrada por 23 años, quien quedó embarazada de una niña. Actualmente, la joven tiene 20 años.
Borges comentó que la violencia está en todos lados. La víctima suele callarse y se anula a sí misma por miedo o por lo que puedan decir los vecinos de ella.
“Los agresores saben establecer un control psicológico importante sobre las víctimas. Por eso es tan importante que las instituciones tengan la capacidad y estén preparados para atender a las víctimas, no solo con abogados sino con psicólogos”.
Óscar Hernández, sobrino de Morella, contó a Crónica.Uno que en dos ocasiones hubo denuncias de los vecinos y al llegar la policía, la víctima desmintió la información por las amenazas de Mathías.
“No averiguaron más allá ni notaron la situación en la podría estar Morella. En cuatro ocasiones [Mathías] la llevó al hospital, por infecciones de orina, y los médicos tampoco se dieron cuenta”, dijo.
La directora de Cepaz y defensora de los derechos humanos exigió al Estado que se investigue la violencia contra la mujer, pues de lo contrario no se garantiza el debido proceso y hay violación a los DD. HH. “Hay muchos estereotipos de género que revictimizan a la mujer y además ponen un estigma sobre ellas”.
La sociedad debe reflexionar
“Yo tenía cuatro años cuando Morella fue raptada. Hoy tengo 36 años. Todo el transcurso de mi vida prácticamente”.
Con esa frase, la diputada Manuela Bolívar (Aragua), presidenta de la subcomisión de Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional, resume el impacto que le causó a ella y a otras tres diputadas de la comisión de Familia el caso de Morella.
“Como sociedad tenemos que entender que no estamos ante un episodio de una serie de televisión de investigación criminal, sino de una persona que fue agredida en nuestra comunidad, ante nuestros ojos. Tenemos que reflexionar”, afirmó.
Tanto la vicepresidenta de la comisión de Familia, Karin Salanova, como las diputadas de la comisión Tamara Adrián y Delsa Solórzano, ofrecieron a Crónica.Uno sus impresiones de estos hechos.
A juicio de Salanova, lo más grave del caso es la inexistencia de un protocolo de respuesta de parte del Estado: “La señora va a una entidad pública, Inamujer, hace la denuncia y las dos primeras funcionarias no le creen. La institución no sabe qué hacer. Por otro lado, ves complicidad por ignorancia: los vecinos sabían que ese sujeto tenía mujeres encerradas y no sabían cómo proceder o a quien acudir”.
Adrián coincide y agrega: “Lo más grave es la negación. La primera respuesta de la gente es negar su veracidad. Lo hicieron las dos funcionarias que recibieron la denuncia y lo hace la gente en los comentarios en redes sociales. La percepción generalizada es que Morella estaba mintiendo. Eso es falta de empatía pero a la vez evidencia que no hemos visibilizado suficientemente todas las formas de violencia, sumisión y sujeción de los que puede ser víctima una mujer”.
Solórzano pone de relieve que en medio de la crisis humanitaria compleja de Venezuela, el caso de Morella, la defensa de los derechos de la mujer, la denuncia de la violencia de género, son temas que pasan a un segundo plano para la opinión pública.
La diputada por Aragua, Manuela Bolívar, acota la actitud de cierta forma pasiva de los vecinos: “Esto le ocurrió a un vecino. No pasó en una zona apartada. El no denunciar porque no queremos involucrarnos, porque juzgamos a la víctima al pensar que está en esa situación porque quiere, conlleva a que ocurran cosas tan dantescas como esta. La denuncia es esencial, aunque el Estado esté debilitado. Morella sale porque escucha en la radio un programa sobre la violencia contra la mujer y eso le da fuerza para denunciar su caso. Como sociedad y ante un Estado debilitado tenemos que conformar redes de denuncia”.
Se requiere más formación
Las diputadas coincidieron en que si bien las dos funcionarias que atendieron inicialmente a Morella y no le creyeron incurrieron en negligencia, esa actitud es atribuible a la falta de formación en derechos humanos, antes que a una actitud premeditada.
Creo que debe darse más formación a los funcionarios del Estado. Por otro lado, muchos funcionarios, además de carecer de la formación requerida, son escépticos porque hay mujeres que usan los derechos que les da la ley para manipular ciertos procesos judiciales”, indicó Salanova.
Tamara Adrián agrega que el sistema judicial y en particular el sistema de protección para mujeres y niños está basado en una ignorancia profunda sobre los aspectos de la violencia: “Pensaría que por la falta de formación, esas funcionarias desconocían que este tipo de casos pudiera tener lugar. En nuestro país, el personal que atiende estos casos a veces solo recibe un curso de unas horas o semanas. Ocurre también con los fiscales. Carecen de instrumentos teóricos y de perspectiva de género. No por ser mujer o ser hombre eres capaz de ver los signos de la violencia de género. Para ello tienes que recibir un entrenamiento”.
Solórzano, quien además integra el Comité de Equidad de Género del Parlaméricas, una instancia parlamentaria continental, advierte que los funcionarios tienen responsabilidad civil, penal y administrativa en el ejercicio de sus funciones. “Si bien tienes un Estado que no forma a sus funcionarios en derechos humanos, en temas de atención a la víctima o de violencia intrafamiliar, en este caso tienes unas funcionarias negligentes”.
Comisión de Familia, activa
La comisión de Familia de la Asamblea Nacional ofrece su acompañamiento y asesoría jurídica tanto a Morella como a las otras tres víctimas y sus familias: “Les ofrecemos el apoyo para acudir a las instancias necesarias, incluso internacionales, porque sabemos que aquí no hay justicia”, dijo Solórzano.
La vicepresidenta de la comisión, Karin Salanova, adelantó que este año trabajarán en un manual o protocolo de atención a las personas vulnerables (mujeres, niños y ancianos), víctimas de abuso para distribuirlo a los cuerpos de seguridad e instituciones públicas, en particular aquellas dedicadas a la atención de estos casos.
Lo otro que nos corresponde es exigir al sistema judicial, a los fiscales y jueces, que hagan lo correcto. Que no permitan al victimario salir de prisión. Que se le respeten sus derechos, pero que se tenga en cuenta que esta persona abusó de una niña de 17 años y luego lo siguió haciendo durante más de 30 años”, sentenció.
Adrián recordó que la subcomisión de Mujer e Igualdad de Género hizo una alianza con Transparencia Venezuela para poner a disposición una plataforma de denuncias de abuso a través de la aplicación para móviles “Dígalo Ahí”. Asimismo, señaló que la Universidad Central de Venezuela cuenta con el Centro de Estudios de la Mujer, que si bien no recibe denuncias de abuso, sí presta servicios de atención psicosocial, psicológica y jurídica a víctimas de abuso. El número de teléfono es 0212-6933286 y el correo electrónico es [email protected].
Bolívar acotó que la subcomisión de Mujer e Igualdad de Género trabaja con la ONG Red Naranja “para impulsar una campaña conjunta para evitar que el agresor sea liberado porque eso pondría en peligro a las víctimas”.
(*) Se omitió el apellido de la víctima por medidas de seguridad.