Un ciudadano venezolano de 60 años, identificado como Jorge Figueira, fue condenado este martes a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero procedente de actividades ilícitas, entre ellas operaciones vinculadas con organizaciones de narcotráfico.
La medida penal implica además el pago de una sanción económica por 1.000 millones de dólares asumida por el acusado como parte del proceso legal en su contra, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Operatoria del esquema financiero
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, Figueira, quien residía en Miami, encabezaba una red que utilizaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas ficticias para movilizar grandes cantidades de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos.
Posteriormente, los activos eran enviados a proveedores de liquidez que los intercambiaban por dólares, los cuales eran depositados en cuentas bancarias de Figueira y finalmente transferidos a los destinatarios previstos.
Según las autoridades, estas operaciones tenían como objetivo ocultar el origen y la naturaleza de los fondos para evitar que fueran detectados por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Alcance y destinos de los fondos
La investigación identificó más de mil millones de dólares movilizados a través de una billetera de criptomonedas y distintas cuentas financieras relacionadas con la red. La mayor parte de los fondos recibidos por las cuentas de Figueira provenía de plataformas de intercambio de criptomonedas.
Mientras tanto, el dinero era transferido a empresas y particulares dentro y fuera de Estados Unidos, incluidos destinos considerados de alto riesgo, como Colombia, China, Panamá y México.
La sentencia fue impuesta por el juez federal Rossie D. Alston Jr., en Alexandria, Virginia.
El anuncio fue realizado por Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta del Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington. Los fiscales federales Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez estuvieron a cargo de la acusación.