Al menos cinco miembros de la Iglesia Católica han sido acusados por estar implicados en casos de abuso sexuales en el estado Táchira. Uno de los casos más recientes resultó con la detención del sacerdote N. Hernández el pasado 13 de agosto.
El presbítero fue acusado de presuntamente cometer actos lascivos a una menor de 13 años dentro de la parroquia en el sector de La Ermita, en el municipio San Cristóbal de la región tachirense.
Usando la frase «no fui yo, estaba poseído por el demonio», intentó disculparse al momento de ser capturado por funcionarios de la PNB.
De la cifra global de casos, uno era un pastor de una iglesia evangélica y cuatro de la católica, de estos últimos, dos fueron asesinados por sus víctimas.
La coordinadora regional del Observatorio Venezolano de Prisiones, Raiza Ramírez, precisó que por ser miembros de la comunidad eclesiástica no quedan excluidos de penas, y por lo tanto serán juzgados en tribunales de competencia ordinaria o violencia de género.
Recordó que las leyes venezolanas rezan que la violencia en un niño, niña y adolescente es un delito atroz, el cual viola derechos humanos, así no sean cometidos por el Estado.
«Por lo tanto, los jueces no pueden conceder medidas cautelares ni beneficios procesales en caso de violencia sexual hacia ellos, y menos si son menores de 13 años, ya que estas personas se consideran sujetos vulnerables, que no cuentan con la capacidad para defenderse ante el agresor», expresó Ramírez.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, las penas van desde 10 hasta 15 años, mientras que en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre 12 a 25 años.
Pero esto no parece ser suficiente, pues a nivel nacional se cuentan con más de 10 casos de abuso sexual infantil desde el 2001 hasta 2022, cuyos victimarios recibieron el beneficio de casa por cárcel. Del número total, a tres de ellos se les permitió volver a formar parte de la Iglesia.
Comunicado
A través de un comunicado emitido en julio de 2022, La Conferencia Episcopal Venezolana señaló que por respeto a las víctimas el número de casos se mantendría «en confidencialidad», pues el episcopado realizaría un estudio al respecto.
La CEV pidió perdón por los hechos y aseguró que cada caso no es competencia de este organismo, sino de los obispos de cada estado del país. No se oponen a las actuaciones de los organismos de justicia, y afirmaron mantener la colaboración tanto a los entes competentes como de los afectados.
Los casos
El 21 de enero de 2020, el cadáver del presbítero Jesús Manuel Rondón Molina fue hallado en una zona boscosa de La Escalera y El Campanario, en el municipio Junín, quien tenía más de seis días desaparecido.
En aquel momento, las investigaciones determinaron que el autor material del crimen era un menor de 17 años, quien fue víctima de abuso por más de tres años. Las experticias evidenciaron que el padre amenazó con violar a su hermano, por lo cual el adolescente tomó la decisión de acabar con su vida antes que le hiciera lo mismo a su familiar.
Claman justicia
El abogado, José Leonardo Araujo, de 34 años, es una de las tantas víctimas de estos aberrantes hechos. De acuerdo a lo expresado por él, el abuso sexual lo sufrió cuando tenía 13 años por el exsacerdote Juan Huerta Ibarra, el cual se prolongó hasta más de un año.
Araujo tuvo contacto con el presbítero en la librería San Pablo en el estado Mérida, en cuyo lugar le manifestó su deseo de pertenecer a la Iglesia. Allí se aprovechó de la nobleza del adolescente para cometer el delito.
«Yo no le dije esto a nadie, lo tuve en secreto por más de 18 años, y no fue sino hasta un proceso terapéutico producto de una fuerte depresión que yo decido sacar estos hechos a la luz pública», expresó.
Al realizar la denuncia fue contactado por dos hombres más, quienes le manifestaron que también fueron víctimas de Huerta por mucho tiempo.
«Espero por parte de la Iglesia un acercamiento hacia mí en el que demuestren su empatía con mi dolor y que haya una verdadera reparación integral del daño que cometió este sacerdote», aseveró.
Afirmó que «la estructura de la Iglesia da lugar a la opacidad y permite que los abusos se perpetúen en el seno de ella. Si Huerta abusó de mí y de otras personas es porque sus compañeros le congraciaban estas situaciones», dijo.
Cuando Huerta fue denunciado ante las instancias penales en Venezuela, la congregación religiosa lo trasladó a México por un «deber ético y por respeto a la víctima»; sin embargo, Araujo pide que sea devuelto al país y pague por lo que hizo.
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