Afectados piden control de armas y municiones en el país.
El hampa además de arrebatar a seres queridos de forma violenta e intempestiva, también deja una huella imborrable en los familiares de esas víctimas.
Este sábado, familiares marcados por la violencia se concentraron en la plaza de Palo Verde, ubicada frente a la estación del Metro, para alzar su voz y reclamar seguridad y justicia por sus parientes caídos a manos del hampa.
Desde varios lugares del país llegaron los deudos para recordar los casos y para hacer un llamado de conciencia a todo aquel que circulaba por la zona.
María López hizo lo propio. A su nieto (el cuál crió desde los nueve meses de nacido) lo mataron en Güiria, estado Sucre, el 7 de febrero del año 2006.
El joven estaba en una plaza del pueblo cuando un funcionario de la policía local se le acercó y le disparó.
«Desde ese día mi vida cambió por completo, no he tenido tranquilidad ni justicia. Ese policía que mató a mi hijo se fugó, nadie sabe dónde está. Esto ha sido una lucha de años que no ha tenido respuesta», dijo la mujer entristecida.
Ella forma parte de las 38 familias que reciben tratamiento psicológico para superar el duelo. Todas están apoyadas en dos fundaciones: Caracas mi Convive y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia Ciudadana (Reacin).
Ambas organizaciones acompañan de cerca a cada uno de los afectados por la criminalidad en el país. Siempre y cuando soliciten atención.
Ofrecen charlas y seminarios de crecimiento personal, prevención del delito y educación en valores, con la finalidad de minimizar el dolor en las personas que han quedado marcadas por la violencia.
«Hacemos un llamado al cese de la violencia y damos todo el apoyo necesario. Entendemos que no es fácil atender estos duelos, pero contamos con un gran equipo de líderes dedicados a fortalecer las herramientas personales en comunidades», refirió el representante de Caracas mi Convive, Roberto Patiño.
La sombra la acompaña
Maritza Molina no ha descansado hasta que la justicia llegue. Le mataron a su hijo Billy Daniel Mascobeto, de 29 años, el 29 de febrero del año 2012 en Barlovento.
El joven era médico cirujano, director de salud de los Distritos 5 y 6 en la región mirandina. Ese día estaba a bordo de una camioneta del Ministerio de Salud con una compañera de trabajo, transitando por el sector Agua Clara.
Repentinamente alguien le disparó en la cabeza y murió. Su compañera no supo explicar lo que pasó, y hasta el momento no ha habido una investigación que le permita a Maritza saber la verdad.
«Estoy segura que a mi hijo no lo mató una bala perdida como me hicieron ver, sino que hubo algo más. Él no tenía enemigos. Lo único que hizo fue denunciar irregularidades con medicinas. Solo pido esclarecimiento del caso», detalló.
Así como este, muchos están en las estadísticas de la criminalidad impune del país.
Ante esta situación, especialistas en violencia urbana como Verónica Zubillaga de Reacin, destacan la necesidad del control de armas y municiones, pues, a su juicio, en el país no hay fabricantes de armas pero sí de municiones, y eso es un punto negativo que incide en la acción del hampa.
«Nuestro petitorio es directo al exigir control del Estado. Tenemos muchas familias afectadas por esta proliferación de armas y municiones. La violencia estaba concentrada en las grandes ciudades, pero ahora existe una redistribución», dijo.
Mensajes claros
- Carlos Alberto Mora, de 19 años, fue asesinado el 14 de julio del año 2006 en el sector Vuelta El Fraile de Antímano. Su madre, Dilsia Mendoza, aún espera justicia y hace un llamado a la ciudadanía para que fomente la paz y disminuya la violencia.
- Nelson Enrique García, de 20 años, fue asesinado el 29 de enero del año 2016 en su apartamento del bloque 19 de la UD3 en Caricuao. Su madre, Martha Oropeza, denunció a funcionarios el Cicpc que actuaron ese día en una OLP. Hoy pide justicia y el cese al maltrato y el abuso policial. No quiere que otras familias sean fracturadas.
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