Las bandas delincuenciales bajan a Caracas porque quieren controlar espacios y mostrar su poder. Aunque no comparto el discurso que estos grupos ilegales y el gobierno “son socios” y así empujar la tesis del “Estado fallido”, el discurso chavista desde 1999 legitimó que la delincuencia ganara terreno porque la vio como parte de una “lucha de clases”.
No la estimuló, pero la dejó crecer. Hoy el monstruo se lo devora. El gobierno aplica la confrontación -con el FAES- pero también el repliegue, que consiste en no intervenir directamente en las zonas donde las bandas están ubicadas. Ninguna de las dos estrategias ha funcionado. Los grupos delincuenciales existen y controlan espacios. El gobierno puede considerar relanzar una iniciativa tipo Conarepol ajustada al momento actual, que invite a los expertos de Venezuela para dar luces sobre cómo abordar un problema que no es fácil, como lo revela el caso de México. Puede emplear el espacio del Consejo de Estado para esta iniciativa.
La preocupación de la sociedad porque las bandas delincuenciales quieren tener sus “territorios” no solo en los barrios sino en zonas de la ciudad, es justificada. Ya la inquietud se justificaba con el control en los barrios, pero como no “habían bajado” el tema no es que no importara, pero no se vio en su magnitud como se observa hoy. Al fin y al cabo, el relato de la inseguridad es que grupos malandros controlan los barrios y ese discurso se “normalizó”. La sociedad construyó sus “fronteras imaginarias”. En 1989, “bajaron los cerros” como comportamiento colectivo ante el deterioro de la calidad de vida. En 2021, “bajan los malandros” para decirle a la ciudad que las “fronteras imaginarias” ya no existen.
Que suceda es una consecuencia de la visión del chavismo. Este ideologizó la represión contra la delincuencia y la represión política, más allá que ésta existió en el sistema político antes de Chávez.
El chavismo fue tolerante con la delincuencia -por ejemplo, el debate en el año 2000 con el tema del “hurto famélico”, aunque no es el mejor ejemplo para ilustrar mi punto- principalmente porque la vio como un episodio de la lucha de clases. La delincuencia como producto de la explotación “burguesa”, y el gobierno no es que la estimulara, pero su discurso dejaba ver a la delincuencia como una cierta venganza “de los explotados” contra los “explotadores”. Casualidad o no, pero fue la época en que el secuestro tuvo auge. Se recuerda la película “Secuestro Express” que generó una airada reacción de José Vicente Rangel.
A pesar que el chavismo ha hecho importantes reformas a la policía visibles en la Conarepol, por ejemplo, el discurso de sus voceros políticos -de Chávez para abajo, y ahora con Maduro- dejó ver que había que luchar contra la delincuencia, pero ésta es “producto del capitalismo”. Es aquí, a mi modo de ver, donde está la tolerancia a la delincuencia, hasta que con Maduro el gobierno se percató que la delincuencia no es parte de una “lucha de clases romántica” -no es lo que mueve al “Coqui” o al “Loco Luis”- y aplicó vía FAES algo que no es nuevo en Venezuela: la pena de muerte de facto, que se esconde en los “enfrentamientos contra la autoridad”.
También el chavismo ideologizó la represión política. Si bien los estudiosos parecen acordar que la violencia en Venezuela comenzó a subir luego del 27-F de 1989, en la democracia AD-Copei este incremento se tradujo en un Estado más represivo a partir de 1986. La sociedad tornó más autoritaria -se recuerda la propuesta en el Senado sobre la pena de muerte y el discurso contra los haitianos- pero había contrapesos. La propuesta sobre la pena de muerte fue criticada y no llegó lejos, y Manuel Caballero escribió un célebre artículo en el cual sentenció “sentirse avergonzado de ser venezolano” por los prejuicios que la opinión pública mostró hacia los haitianos durante los 90.
Con la llegada de Chávez en 1999 esos contrapesos desaparecieron. Se justificó la violencia política contra los “escuálidos”. Al tiempo que se hablaba de una “revolución pacífica pero armada”, se amenazaba con que no “quedaría una piedra en el este” si a los “escuálidos” se les ocurría “pasarse de la raya”. También, que si ocurría un 27-F, lo encabezaría el gobierno para ir al “este”.
Por supuesto, la oposición no es inocente en el tema de promover y usar la violencia política. Ese es uno de sus principales errores de estrategia, que la alejó del poder hasta el día de hoy. Lo siento con quienes defienden la tesis de “no hay equivalencia” entre el gobierno y la oposición. Tesis que se usa para tapar la pusilanimidad de unos y la complicidad de otros en el pasado. Claro que no la hay porque la oposición no ejerce o ha ejercido el gobierno del Estado, pero asumió la violencia política como una vía para llegar al poder. También justificó la violencia -en lo macro, el golpe contra Chávez o el paro de 2002, las dos son formas de violencia, o el contrato que no cuajó con Silvercorp, en mayo de 2020 especialmente los anexos; en lo micro, el asesinato de Orlando Figuera en el marco de las protestas de 2017- pero el ejercicio de la violencia política vino del Estado en manos del chavismo desde 1999.
En esta borrosa frontera entre la violencia del Estado y la para-estatal, fue donde el chavismo se afincó con grupos armados que existían antes de Chávez, pero con el chavismo se les dio poder y entidad política. En criollo “guapos y apoyaos” a los que se les permite controlar espacios a cambio, entre otras cosas, de apoyar al gobierno. Son los llamados “colectivos” que en la teoría que estudia grupos como estos, se les llama PGM (Pro Government Militias; Carey, Mitchell y Lowe, 2012).
El gobierno de Maduro no dista de lo que es una tendencia mundial -la creación de PGM y la “militarización de la policía”; Gohdes y Carey, 2014- en la que incluso algunos estudiosos observan con preocupación que toma forma en los EUA (De Bruin, 2020), posiblemente por la naturaleza de los conflictos políticos que son existenciales pero se dan en marcos institucionales de “democracias liberales”. Esto hace que la definición de la violencia política sea más resbalosa, aunque no excluye la responsabilidad de sus autores y ejecutores. Solo se dice que el marco liberal no parece suficiente para lidiar con luchas existenciales, y la represión hay que “esconderla” en PGM.
Por ejemplo, las protestas de 2014 y 2017 son de manifestación distinta a las de 2002 o 2004 (la más parecida) ¿Dónde terminó la protesta pacífica y dónde comenzó la protesta violenta? ¿Son las sanciones una forma de violencia o una aceptada, porque conducirá “a la libertad”? Son temas que caen en la “filosofía de la violencia”, que trasciende este artículo.
Por supuesto, lo anterior no excluye la responsabilidad del Estado y del gobierno -en este caso venezolano- pero los conflictos modernos hacen para muchos gobiernos -principalmente autoritarios, pero también para los democráticos; De Bruin, 2020- atractivo el empleo de las PGM porque eluden el control sobre los DD.HH. En gobiernos democráticos lo que se observa es la “militarización de la policía”, como pudo notarse en las protestas ocurridas en Chile -aunque los Carabineros son una fuerza tipo gendarmería- EUA luego del asesinato de George Floyd con el empleo de «Feds» con «Military-grade equipment», o como se observa en la actualidad durante las protestas en Colombia.
En el caso venezolano lo anterior se asume como política de Estado. Ya no se habla de la “unión cívico-militar”, por ejemplo, sino de la “unión cívico-militar-policial”. Todos los cuerpos de seguridad en uno, y a pesar que la Constitución de 1999 para corregir los excesos de violencia policial durante los gobiernos AD-Copei estableció que el cuerpo de policía es de carácter civil, se regresó a la vieja práctica de directores militares, principalmente de la GN.
El Estado, entonces, modeló la violencia que dejó crecer en la idea de la “lucha de clases”. Hay casos emblemáticos de la agresión del Estado. Por citar solo 5 que a mi modo de ver son claros ejemplos de agresión institucional. Los casos de Rodolfo González (2014), Juan Carlos Pernalete (2017), Fernando Alban (2018), Rufo Chacón (2019), y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo (2019). El caso del marino es importante porque rompe con lo que dice la teoría en las relaciones de las FAN con la represión.
En general, la teoría de las relaciones civiles-militares plantea que las FAN son reacias a la tareas de represión política. Lo evitan porque afecta la cohesión interna de las FAN.
Se dice que uno de los factores de crisis para la caída de Pérez Jiménez fue que los militares resintieron mucho la vigilancia de la SN. Fue un Estado dentro del Estado, que los vigilaba. Pérez Jiménez sacó a Pedro Estrada, y nombró a un militar en la SN, el comandante Teófilo Velasco, pero ya no había nada qué hacer. Pérez ya estaba caído. Durante la democracia, en los TO estaba la Digepol, y CAP contó en una entrevista, que tenía una suerte de “vigilantes” anónimos para evitar excesos. Iban a inspeccionar las celdas y centros para los “interrogatorios”. Pero no siempre hay éxito en esta separación o se puede prevenir. El Amparo durante el gobierno de Jaime Lusinchi, se dio en el marco de un comando civil-militar de la época -el Cejap- o el famoso caso del centro de detención de Abu Ghraib durante la Guerra en Irak, donde las torturas fueron adelantadas por la CIA y el Ejército de los EUA (las mujeres soldados se destacaron en los suplicios a los detenidos). Pero normalmente los militares evitan las tareas de represión y tortura. Eso queda en manos de cuerpos civiles o de seguridad no militares, como se ve en la conocida película Zero Dark Thirty (2012).
En el caso de Acosta Arévalo, fue asesinado por un oficial subalterno y un tropa profesional. Las torturas fueron evidentes al ser presentado ante un juez militar.
II
No afirmo que el gobierno y los malandros son “socios” ni comparto el discurso del “Estado fallido”. El ejecutivo dejó que estos grupos crecieran con su discurso de “lucha de clases”. Con Chávez este discurso tuvo impulso. Con Maduro, se quiere revertir. Entre otras cosas, por eso se creó el FAES. El gobierno trata de cortar la cabeza al monstruo que creó. Por eso actuaría contra las bandas malandras de Caracas. Era cuestión de tiempo ¿Pero por qué ahora? Pienso dos motivos.
El primero, similar a la lógica que justificaron las operaciones militares en Apure. El ejecutivo no acepta poderes paralelos que eventualmente sean una amenaza a su poder. Si no lo acepta por motivos doctrinarios o “por los negocios”, es otro asunto. El gobierno parece consciente que las bandas delincuenciales o guerrilleras quieren tener enclaves de territorio en Caracas o en los estados. O mejor dicho, ya los tienen. Por eso las acciones se centraron en los “puestos de vigilancia” de los grupos, más que en buscar a los malandros en sí. Una lógica que caracteriza al gobierno: muchas veces no va directo al blanco, sino que debilita su logística. Aquí, privar a las bandas de puestos para vigilar el terreno de la ciudad. El primer motivo, entonces, es que el gobierno no permitirá que las bandas controlen parte de Caracas.
El segundo motivo es lo que llamo la paranoia del gobierno. Este no actuó tanto para proteger al público, sino observó un movimiento político subversivo. La acción se dio luego que el jueves 10-6-21 la oposición en la AN planteara el tema de las bandas. La respuesta inicial del gobierno fue culpar a la oposición de los grupos delincuenciales al afirmar que el primero compra a los segundos para “desestabilizar”. Fue la tesis que expuso Mario Silva en su programa del día 12-6-21. Para Silva, la oposición está en un plan para “desestabilizar” a propósito de las regionales y municipales. Llegó al extremo de involucrar a los rectores Márquez y Picón con los grupos malandros. Para el también diputado del PSUV, la solicitud de Márquez, el planteamiento del diputado Romero de AP en la AN sobre las bandas, y los grupos malandros, todo está unido para “desestabilizar” y “alborotar el avispero” para noviembre. El gobierno apeló a su “by the book”: su paranoia para construir una “conspiración”. Aquí ve una. Actuó no solo para evitar que estos grupos tengan dominio en la ciudad, sino porque lo percibe como parte de una “conspiración” en marcha que abortó con la operación del sábado 12 de junio.
El punto ahora es ¿hasta dónde llegará el gobierno con la operación? Por la consigna que usó, también el ejecutivo tomó nota del malestar que estos grupos causan en la población, en la que seguramente hay chavistas. Por eso la consigna, “Ellos me cuidan”. El “Ellos” es la policía. Con esta expresión, el gobierno también quiere reconectarse con la población que abandonó a la suerte de estas bandas.
La operación puede proseguir para buscar a los jefes de los grupos. Pero está el riesgo del enfrentamiento. También la maniobra puede quedar hasta dónde llegó el sábado 12. Más como un mensaje a los jefes malandros: “no se crean que tienen a Dios agarrado por la chiva. Podemos ir por ustedes”.
Considero que el gobierno se mueve en esta opción. Busca que se replieguen. Posiblemente perseguirá debilitar los canales logísticos -días antes de la maniobra, se informó la captura de una chica que era “correo” para llevar municiones a la banda de la Cota 905- y puede considerar, si los grupos están debilitados, ir por sus jefes. O hacer algo como pasó en Petare cuando Maduro ordenó una operación similar en mayo de 2020, casualmente hace un año.
Hoy no se sabe realmente el poder de la banda Wilexys -la de Petare- si se mantiene o no. Ahora no se habla mucho de ella. La percepción que hay es que la banda existe, pero debilitada y desarticulada. En La Vega puede ser una lógica similar. El costo de “dar de baja” a los jefes puede ser alto e ineficaz. En 2016, se “dio de baja” a El Picure en Guárico, pero las bandas siguen. Quizás sea mejor no “dar de baja” a los jefes pero golpearlos al punto que no sean una amenaza. Esta puede ser la lógica del gobierno: atacar a las bandas de la Cota 905 para dispersarlas y quitarles la fuerza para que no puedan ser lo que hoy son.
En síntesis, el gobierno sorprendió nuevamente a la opinión pública que consideraba que Maduro no actuaría en contra de las bandas de la Cota 905 por miedo o porque “son socios”. Sorprendió al actuar y lo que falta por ver son los alcances de esa operación en el tiempo. La percepción es que el gobierno montó un “show” y salió “con las tablas en la cabeza”. En la actualidad, hay un silencio. Ya no se habla del tema o se hace de forma esporádica. Los malandros y el gobierno se replegaron.
El problema para el gobierno, como se dijo, será cómo llevar esta operación porque hay respuestas de las bandas con inocentes que fallecen. El ejecutivo deberá ponderar si hace una intervención directa –que no la quiere hacer, pero buena parte de la opinión pública la pide- o paga el costo de ir progresivamente, porque habrá “daños colaterales” de ciudadanos que morirán o serán heridos en enfrentamientos esporádicos y sorpresivos entre policías y malandros, sin que haya garantías que esa vía acabe o disminuya la fuerza de las bandas.
Por lo pronto, luce que el gobierno apelará a la información de inteligencia. Periodistas comunicaron que la policía identificó a integrantes de las bandas y ofreció recompensas en dólares -algo inusual en Venezuela- para quienes informen dónde están estos malandros.
Aquí entra el tema político y la paranoia del gobierno que casi siempre ata cosas que no tienen relación, pero en su percepción son hechos que revelan “una conspiración de la derecha”. Por eso creo es imprudente la acción de ciertos vecinos que pidieron la “mediación internacional” de la Cruz Roja para La Vega porque “es una guerra”. Es decir, otra vez el tema de la “intervención humanitaria” no armada en este caso, pero el contenido es el mismo. Se ven las costuras del discurso opositor. El tema hay que politizarlo, pero no con un recurso ya gastado e ineficaz.
III
Hace días leí en el portal Nexos de México un artículo que evaluó las políticas de AMLO en materia de seguridad escrito por Eduardo Guerrero Gutiérrez en abril de este año.
El artículo señaló que la gestión de AMLO redujo las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad, pero eso no se tradujo en “la pacificación del país”. El crimen organizado aumentó su letalidad.
México puede ser un “case study” para el gobierno de Venezuela. Probó con la confrontación con los grupos delincuenciales y el crimen organizado. Ahora la guerra es mayor. Estimo que el gobierno de Maduro no hace un ataque directo a las bandas por el temor a desatar una guerra en Caracas. Si es así, decidió bien a pesar que la opinión pública demanda un ataque directo.
En el México de AMLO se prueba con el repliegue de las fuerzas de seguridad, pero el artículo de Nexos concluye que este enfoque “hasta ahora no ha podido construir una ruta alternativa hacia la pacificación del país. Se ha limitado a crear vacíos, que tarde o temprano terminan por ser ocupados por el crimen organizado”. Pudiera decirse que es el caso del gobierno de Maduro.
Este optó por los dos enfoques al mismo tiempo: un enfrentamiento focalizado con el FAES, y un repliegue al dejar que las bandas delincuenciales controlen zonas populares, pero con “fronteras imaginarias” que son las que rompieron para “bajar a Caracas”. El repliegue no funciona porque las bandas avanzan y en su camino mueren inocentes ¿Cuántos serán para que el gobierno defina una estrategia para este asunto?
El texto de Nexos plantea lo que los expertos señalan: mejorar las instituciones policiales y judiciales. No soy conocedor del tópico, pero lo anterior se ve difícil. Cuando se logren mejorar si mejoran las instituciones, posiblemente las bandas se hayan multiplicado. Pero la pena de muerte de facto tampoco es la solución. No solo es contra los DD.HH -un Estado que asesina- tampoco es eficaz. Las policías han desarticulado bandas y “dado de baja” a figuras del hampa, pero la delincuencia se mantiene.
El gobierno no llamará a conocedores que no sean de su mundo. No sé si la oficina de Bachelet es consultada en el tema de la seguridad ciudadana. La única sugerencia que puedo hacer al ejecutivo es que retome lo que pareció su mejor iniciativa en ese asunto que fue la Conarepol pero ajustada a la situación actual, y que esa comisión convoque a los expertos del país, que los hay, para una discusión abierta sobre el tema. Para aproximar cómo entrarle. El Consejo de Estado puede ser un espacio para esta convocatoria.
Como la salud, también la seguridad ciudadana tiene que formar parte del debate nacional y de los acuerdos, si es posible lograrlos. Darle a este tema un carácter de Estado y sacarlo del discurso que focaliza en las bandas. Hasta en esto, el tópico de la seguridad ciudadana perdió entidad. La justificada preocupación de la sociedad por el control territorial que tienen grupos delincuenciales, es una invitación a recuperar la entidad del tema de la seguridad ciudadana.