La imagen de Venezuela como una suerte de laboratorio geopolítico de la administración Trump en el hemisferio occidental, ha adquirido una fuerza cuya génesis, sin duda, invoca los sucesos del 3E. Desde entonces, el territorio venezolano se ha convertido en el campo de prueba de una doctrina global reconfigurada a la luz del Corolario Trump, esta vieja-nueva “Doctrina Donroe” caracterizada por la contención extra-hemisférica y la limpieza de competidores en el área de influencia, el marcaje y criminalización del “enemigo externo” y la demostración de fuerza y control unilateral. Una visión que además evidencia las contradicciones que ya se avizoraban antes de que la operación “Absolute Resolve” fuese invocada y desplegada: el divorcio entre la agenda de un actor externo movido por un interés comercial -no precisamente democrático- y las necesidades de actores políticos locales de recuperar su influjo y capacidad de agencia, eso que hacia lo interno hoy luce prácticamente desleído.
El asunto, cabe subrayar, parece ir más allá de esa simple desconexión de “narrativas, historias y lenguajes” que algunos analistas extranjeros señalan. Va más allá del clivaje retórico entre Democracia -atada en este caso a la celebración de elecciones, lo más pronto posible- vs. Negocios: petróleo, energía, demostración de fuerza militar, hegemonía hemisférica. Tal discordancia, de hecho, apenas asomaría la cara más superficial de un problema estructural. Tras los discursos -muchos de ellos con obvio foco propagandístico- subyace una desalineación operativa y estratégica en la que objetivos, métodos de acción y mapa de aliados necesarios para una parte, resultan un estorbo o incluso una amenaza para la otra.
El despliegue de la estrategia estadounidense en Venezuela, con acciones de gran impacto como el ataque “rápido y letal” en el estado Bolívar para eliminar al líder del Tren de Aragua mediante cooperación entre el Comando Sur y fuerzas de seguridad nacional, revela una y otra vez que ambos sectores -alianza de poder interno/externo y aspirantes a obtenerlo- estarían operando bajo lógicas distintas. Una especie de cortocircuito institucional pone a competir los propósitos y urgencias del tutelaje frente a la expectativa de la “transición ya”: acceso inmediato a las reservas y retorno de la inversión para corporaciones estadounidenses, decretos y leyes express a fin de facilitar esa incidencia, compensación a empresas de EE. UU. por activos históricamente expropiados y «retribución» por los costos operativos de la intervención, entre otras consideraciones.
Aunque difícil de digerir, está muy claro desde el inicio de este “nuevo momento político” que, para Washington, garantizar el orden interno es prioridad. Desmantelar estructuras irregulares sin que el país se balcanice, de paso, hoy puntearía en la lista de condiciones destinadas a inspirar confianza entre potenciales inversores. De allí la necesidad de gestionar ese orden, controlando o pactando con quienes tienen armas e infraestructura para ello. Una visión que ha desplazado los afanes de una oposición desguarnecida (no pocas veces presa de la autofagia) por acceder al poder real, en contraste con un pragmatismo que garantice alineación con las operaciones comerciales del hegemón, antes que la fricción política que pueda comprometerlas. He allí, por cierto, toda la “legitimidad” que requiere y sostiene al gobierno encargado: no una surgida de las urnas o de la legalidad constitucional, evidentemente, sino de la ostensible autoridad de facto que despliega el administrador del cronograma de la transición. La aspiración de que la intervención de EE. UU. fuese el catalizador que desmantelaría las estructuras de poder actuales, tropieza reiteradamente con los hechos: la necesidad del pretendido “salvador” de usar esos mismos remanentes del chavismo para asegurar el flujo de petróleo y contener amenazas de seguridad, dejando a una dirigencia opositora sin leverage en un limbo de alta vulnerabilidad política.
Entendemos, claro, que esa realidad y sus actores son lo que son, no lo que queremos que sean. La inteligencia política, tal como se ha insistido en ocasiones previas, consistirá entonces en saber bregar con tales situaciones de base y otear ventanas de oportunidad, por exiguas que parezcan. En medio de los dilemas éticos derivados de la odiosa posibilidad de revocar unilateralmente las fronteras y la soberanía nominal por parte de una superpotencia, y de la sospecha de que las reglas del juego en el hemisferio son víctimas de los sacudimientos de este “nuevo orden Melio”, habría que operar hacia lo interno para fortalecer aquello que pueda contribuir con progresos perdurables. Hablamos de apelar a ese juicio político que Isaiah Berlin describe como sentido de la realidad y pluralismo, como capacidad de «olfatear» lo que es posible y lo que no, de entender las corrientes profundas de la historia y el tiempo oportuno para actuar; de comprender una situación en su singularidad, sopesando valores que son a menudo incompatibles entre sí. Ello implica ese cálculo del equilibrio de fuerzas y de los intereses egoístas de los Estados al que recomendaba apelar Raymond Aron, pero sin caer en el cinismo. El buen juicio exige elegir el mal menor cuando no es posible optar por la acción ideal.
Penosamente, una fórmula optimismo de la voluntad-pesimismo de la inteligencia, debidamente acompañada de imaginación, discernimiento y profunda aversión al dogmatismo, no siempre es avío que cunda en nuestro caso. A sabiendas de que la falta de recursos para impactar esa realidad prefigura una desventaja difícil de remontar, la visión fatalista que dejan ver algunos diagnósticos políticos y académicos resulta en fuente crónica de malestares, en desacreditación de los pequeños avances, y una tenaz sensación de impotencia peleada con esas expectativas de mejora que, pese a todo, persisten en la sociedad venezolana (encuesta Atlas-Intel/ Bloomberg, mayo 2026). En línea con las tesis de María Eugenia Perfetti en torno a la tradición pesimista en el discurso intelectual venezolano (2019), la amenaza se vuelve nítida: corremos el riesgo de caer, otra vez, en los pantanos de la profecía autocumplida, la idea de que el venezolano confirmará su “incapacidad” para la autodeterminación, anclando su fatum a la decisión de los tutores externos, a la “inmutable” naturaleza del autoritarismo local o la invencibilidad de los «vicios históricos»; de allí el pretexto para delegar la salvación en figuras mesiánicas individuales. Es un pesimismo (de la voluntad) que anhela certezas, sí, aunque sean certezas destructivas.
Una constante en el pensamiento nacional, la tendencia a interpretar la realidad desde ese fatalismo, describiéndola ora como «resultado de una equivocación o suceso infeliz», ora como «conjunto de carencias e incapacidades de sus propios habitantes» (Hannot, 1997), es por cierto contraria a la lógica que han desplegado las transiciones. Dinámicas marcadas por la incertidumbre, por el inesperado acento de texturas a menudo indetectables a simple vista o por los giros que los seres humanos involucrados en ellos deciden asumir en virtud de los nuevos incentivos, nunca admitirían ser juzgadas como fruto de los determinismos. Ya lo decía el “falangista” Adolfo Suárez, luego miembro de esa mayoría “harta de que se la pretenda encasillar en dos Españas irreconciliables»: el futuro no está escrito. Esta lectura contraria a la idea de que España estaba condenada a repetir cíclicamente sus tragedias históricas fue clave para desarmar pacíficamente al régimen franquista, neutralizar a los del “Búnker”, los inmovilistas e intransigentes, e instaurar la democracia.
Si bien la coyuntura venezolana no ofrece un lecho de rosas, habría que calibrar cómo ese canibalismo discursivo socava a priori la moral de los vectores de cambio. Mientras la geopolítica procura sus equilibrios, corresponde entonces recordar lo que en 1952 proponía Augusto Mijares: rescatar «lo afirmativo venezolano» a través de una contra-narrativa consciente, mover el foco exclusivo en la degradación acumulada, fomentar el pragmatismo sobre el destino. Desmontar la idea de que el presente anuncia un porvenir inalterable, para entenderlo más bien como síntoma de un problema de diseño institucional, incentivos políticos y asimetría de fuerza que puede ser corregido mediante estrategias adecuadas. Esa transición psicológica previa será sin duda medular para desbloquear el ahistórico convencimiento de que los sistemas políticos cambian por una “conversión moral” de sus gobernantes, y no por una modificación drástica de sus circunstancias.
@Mibelis