Al gobierno no le importa guardar las apariencias democráticas. Le resbala ser señalado en el mundo como una dictadura violadora de derechos humanos, que se mantiene en el poder por ejercer terrorismo de Estado a través de la justicia y de férreos controles que impiden al ciudadano ejercer las libertades consagradas en la Constitución, empezando por la libertad de expresión y evitar que se conozca la grave dimensión de los problemas nacionales, poder reprimir la protesta, negar elecciones limpias con supervisión de observadores internacionales imparciales y contener la crítica, como intentan hacer con César Miguel Rondón del Circuito Unión Radio por entrevistar al alcalde de Cúcuta.
La amonestación del organismo encargado, Conatel, persigue promover la censura y la autocensura en los medios audiovisuales, especialmente en la radio, que aun cuando está sometida a control oficial y dista mucho de ser un balcón de pluralidad informativa, conserva unas pocas macetas de independencia que el gobierno quiere arrancar de raíz. En materia de medios de comunicación el gobierno nos conduce a un desierto informativo estremecedor. También está el trato cruel y vejatorio que se da a los presos políticos, al punto de que a Leopoldo López, condenado a catorce años de cárcel por convocar a una marcha, solo lo dejan leer la Biblia en su inhóspita prisión de Ramo Verde. Con razón el líder internacional socialista Felipe González afirma que “en el Chile del dictador Augusto Pinochet se respetaban más los derechos humanos que en la Venezuela actual”. ¡Lapidario! ¡Vergonzoso! El gobierno de Nicolás Maduro está en esa lista ignominiosa de actuales regímenes antidemocráticos, junto con el sirio Bashar al Assad, tildado de “tirano” por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su reciente discurso ante la ONU. Los dictadores tienen cada vez menos oportunidad de mantenerse intocables, Maduro debería saberlo y tomar medidas para contrarrestar su mala imagen internacional, pero, al contrario, toma una tan cuestionable como el cierre de la frontera con Colombia, donde se violaron derechos humanos a deportados colombianos y lo hizo por desesperación, ante la brutal pérdida de apoyo de su popularidad que lo coloca en el suelo. Según la última encuesta de Keller y Asociados la oposición alcanzaría 66% de los votos y el oficialismo solo 34%, y a medida que la situación económica empeore su apoyo continuará en descenso, por eso apela a un arcaico nacionalismo, como recurso para ganar votos, sin importarle la situación económica de la población, que por efecto de la paralización de actividades comerciales con Colombia afecta no solo a los habitantes de la frontera sino a gran parte del país. Es característico de regímenes dictatoriales negar a los ciudadanos oportunidades de crecimiento económico; según el informe anual de Libertad Económica en el Mundo 2015, Venezuela ocupa el último lugar de países donde no existe libertad económica, estamos por debajo del Congo y de Siria, país inmerso en una devastadora guerra, sometido a las perversas actividades terroristas del grupo Estado Islámico que han provocado una multitudinaria diáspora de migrantes hacia Europa. Y aunque en Venezuela no estamos en guerra, irrumpió un terrorismo criminal desatado por bandas delictivas al que el gobierno no puede ni quiere enfrentar. La situación no puede ser peor, además del impresentable dúo Maduro-Cabello ahora también manda El Picure.
Tic tac
La fiscal 46º del Área Metropolitana de Caracas, Beatriz Roso, comisionada para investigar la explosión de granadas en El Rosal y El Llanito, es competente en materia de terrorismo.