AN rechazó prórroga del decreto la Emergencia Económica presentado por el Presidente
Ya han transcurrido 60 días desde que el presidente Nicolás Maduro dictó el Decreto Nº 2184, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional…” Medida que fue rechazada por la Asamblea Nacional con emisión un decreto de fecha 20/1/2016 que dictaminó en su primer acuerdo:
“Primero: Desaprobar el Decreto Nº 2184, del 14 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.214 Extraordinario del 14 de enero de 2016, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional…”
Decreto que luego fue desautorizado por el Tribunal Supremo de Justicia, en persona de su Sala Constitucional (Expediente N° 16-0117), de fecha 11/2/2016 en la cual reafirma la vigencia del decreto de Estado de Excepción en su declaratoria de Emergencia Económica en el cual razona las diferencias entre el control jurídico atribuido al máximo Tribunal y el control Político ejercido por la Asamblea Nacional, estableciendo una jurisprudencia que coloca la situación institucional, en un franco y ya no pretendido conflicto de Poderes.
Ahora bien, luego de transcurridos los 60 días que es el tiempo de duración establecido por la CRBV en su artículo 338, para esta declaratoria de Estado de excepción en su modalidad de emergencia económica, corresponde nuevamente a la Asamblea Nacional recibir la solicitud de prórroga por parte del Presidente, la cual podrá autorizarse hasta por 90 días más.
Nuevamente el conflicto de Poderes.
Revisemos los argumentos esgrimidos por la Asamblea Nacional en su decreto en el cual imprueba la declaratoria de emergencia económica, argumentos que deberá ponderar para decidir en cuanto a la prórroga solicitada por el ejecutivo y que se presume contará con la revisión posterior de la Sala Constitucional, al menos esa es la tendencia que inferimos dado los últimos acontecimientos. La carta magna en cuanto al pronunciamiento sobre la prórroga no establece ningún tipo de control de la constitucionalidad por parte del TSJ, por lo tanto a nuestro juicio no debería remitirse ante la Sala Constitucional, ya que en la consideración de la extensión en el tiempo de dicho decreto, no entra en escrutinio sino una valoración política y de oportunidad en cuanto a si el ejecutivo debe seguir operando en circunstancias excepcionales o si la situación planteada debe seguir catalogándose de emergencia, o los mecanismos aplicados en el estado de excepción han cumplido su objetivo y merecen prorrogarse en su validez. Veamos en detalle el análisis de los parlamentarios en torno a la pertinencia del decreto de emergencia económica.
Informe de la Comisión Especial de la AN. Objeciones en cuanto a la motivación del decreto
- El Decreto parte de un diagnóstico insatisfactorio de las causas de la crisis económica, omitiendo aspectos claves que requieren atención urgente. En éste sentido no fue posible la comparecencia ante la AN de altos funcionarios del gobierno para aclarar los indicadores de los cuales parte el diagnóstico del ejecutivo, la solicitud de asistir a la AN fue desoída por el presidente de PDVSA, el presidente del Banco Central, el Superintendente nacional de administración tributaria (Seniat), entre otros.
- Entre 2003 y 2012, años de bonanza, las decisiones del Ejecutivo agravaron la fragilidad de la economía venezolana. Era previsible que una caída en el precio del petróleo comprometiera las situaciones de oportuno abastecimiento de productos y servicios, materias primas y maquinarias y demás insumos que dependen de la utilización de divisas y hoy las consecuencias son innecesariamente duras sobre el pueblo venezolano.
- El actual régimen de cambios múltiples genera oportunidades a la corrupción, reconocida por el Presidente Maduro cuando el 8 de octubre de 2013 solicitó a la anterior Asamblea Nacional “poderes habilitantes especiales para 12 meses y lanzar una lucha temprana para combatir”, entre otras cosas “una colección de dificultades que bien podríamos bautizar con el nombre del ‘cadivismo ‘”.
- El Decreto no define Emergencia Económica de modo que sea posible evaluar los efectos de las políticas a implementar. Durante 2015 no fue publicada la información oficial necesaria para evaluar el estado de la economía y la sociedad venezolana. La última reforma de la Ley del BCV, aprobada vía habilitante al final del año, pretende legalizar la situación.
- El Decreto pretende otorgar al Poder Ejecutivo atribuciones exclusivas en el manejo de la crisis, sin delimitar su área de actuación.
- El Decreto aumenta las oportunidades para el despilfarro, la desviación y la apropiación indebida de fondos públicos y bienes privados sin control alguno.
Y, puntualmente en cuanto a las medidas mencionadas específicamente esta comisión objeta lo siguiente: i) El Decreto no protege el gasto social; ii) El Decreto autoriza la opacidad fiscal. El Ejecutivo ha solicitado “disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015”; iii) El Decreto no asegura la estabilidad monetaria. No es necesario un estado de excepción para que “los ministerios del Poder Popular, con competencia en materia económica y finanzas, [puedan] efectuar las coordinaciones necesarias con el BCV”, puesto que la Constitución en su artículo 320 exige “la actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dará mediante un acuerdo anual de políticas”; iv) El Decreto puede servir para atacar algunas empresas privadas y para privilegiar a otras. La característica que define un decreto de excepción es la suspensión de garantías constitucionales. En este caso, el decreto establece que “el ejecutivo nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, y demás establecimientos, bienes inmuebles y demás mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”. La generalidad de los términos puede ser una amenaza para algunas empresas del sector privado.
Estas son en una apretada síntesis las objeciones generales y específicas de la Asamblea Nacional para negar su aprobación al decreto de emergencia nacional, por lo que deberá realizar un examen en cuanto al razonamiento ya expresado en su primer acto desaprobatorio y sobre las condiciones de la actual crisis, que en nuestra opinión ha tenido pocas mejorías.
Negada la Prórroga.
Al momento de finalizar este trabajo, nos enteramos de que la solicitud de prórroga por 60 días más del decreto de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro fue negado por la Asamblea Nacional. Es un acto consecuente y coherente con las consideraciones realizadas para la negativa en primera instancia de la aprobación del decreto en el momento de su emisión en enero pasado y a la luz del tratamiento dado por la comisión que realizó el análisis del mismo del cual ya hemos hablado.
Ahora, cuál será en el plano de lo político lo que seguirá a esta negativa, lo planteamos de seguido como conclusión de ésta primer balance de la emergencia económica en el plano político-institucional:
- El gobierno manejará el discurso de calificar de “obstruccionista” a la Asamblea Nacional, acusándola de “indolencia ante la crisis económica”, aduciendo el interés de la oposición de jugar al desgaste de la gestión del presidente Nicolás Maduro. El discurso oficialista se centrará en la inminencia de la situación de dificultad y en la voluntad que tiene el gobierno de enfrentar la crisis.
- La estrategia del gobierno también apunta a identificar las causas de la crisis económica con factores fuera de su control, como lo son la baja de los precios del petróleo y la “guerra económica”, focalizando su ataque en dos actores principales; i) el portal web dolartoday.com que mediante un examen del mercado de la demanda y ofertas de las divisas en la frontera, fija la cotización del dólar en el mercado paralelo y; ii) La figura de Lorenzo Mendoza presidente de Empresas Polar, éste último como ícono palpable y emblemático de la clase social empresarial “parasitaria y enemiga de los intereses del pueblo”, como en muchas oportunidades lo han definido voceros oficiales
- Por otro lado, la Asamblea Nacional en la misma sesión realizada en horas de la tarde, también aprobó un pronunciamiento en el cual ratifican su voluntad como Poder del Estado de atender la crisis y plantear soluciones, para lo cual en la próxima convocatoria a sesiones del cuerpo legislativo le darán atención urgente al diseño de propuestas que propendan a la atención de la problemática nacional.
- Como podemos apreciar, gran parte de la imposibilidad de llegar a medidas viables que resuelvan el malestar económico nacional, proviene de la dificultad de entendimiento entre los dos factores enfrentados en el escenario político actual. Ambos sectores están de acuerdo que hay crisis, ambos factores quieren proponer salidas, pero no pueden aliarse o llegar a acuerdos para lograrlas, como lo hemos manifestado en otras oportunidades; Venezuela se encuentra en momentos de parálisis.
- El Gobierno, a pesar del malestar mantiene el poder y avanzará en proporcionarse un mejor clima político, para lograrlo maniobrará de manera rápida en posibles soluciones, mientras trata de e anular o evitar que la oposición tome ventaja del malestar nacional y se fortalezca, para lo cual parece increíble, cuenta con los recursos institucionales necesarios para intentarlo.
- La oposición, con el anuncio de su “ruta” para lograr la salida anticipada del presidente Maduro aprovechará las circunstancias y procurará sacarle “punta” a la torpeza del gobierno para encontrar soluciones.
- Todavía la oposición no logra conectarse con las masas y decisiones como las de hoy (“negar que hay una emergencia”) de la cual el oficialismo toma ventaja, es poco comprensibles para el venezolano humilde y dificulta al sector opositor la posibilidad de mostrarse como opción sólida para el cambio. Está por verse claro como manejarán la estrategia discursiva ante la negativa de la prórroga del decreto de emergencia y como “venderán” al país las propuestas concretas de soluciones de la crisis.