El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en ponencia de los magistrados que integran la Sala Constitucional, exhortó al Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional para que dentro del plazo de 72 horas, se consigne el listado de ciudadanos preseleccionados que integrarán al nuevo Consejo Nacional Electoral.
De acuerdo con nota de prensa del máximo tribunal del país, la sentencia N° 0069-2020, con ponencia conjunta se valora positivamente la labor adelantada por los diputados Ángel Medina, Luis Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Maroun, Olivia Lozano, Franklyn Duarte, William Gil, Nosliw Rodríguez, Jesús Montilla, Julio Chávez y Gregorio Graterol, así como por los ciudadanos Petra Tovar, Orlando Pérez, Mercedes Gutiérrez, Luis Alberto Serrano, Luis Alberto Rodríguez, Guillermo Miguelena, Diana Rodríguez, Eduardo Castañeda, Bussy Galeano y Alexis Corredor, integrantes del Comité de Postulaciones Electorales.
Así mismo, se ordena notificar de la decisión a los mencionados ciudadanos y ciudadanas empleando medios telefónicos y/o electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
– Debate candente –
En redes sociales y grupos de debate en WhatsApp se produjo un candente debate a raíz de esta decisión, cuyo extremos son extraños, porque asume la situación de «desacato» de la Asamblea Nacional de manera selectiva, ya que este comité de postulaciones es producto de un acuerdo parlamentario en el que participan fuerzas políticas que reconocen a Juan Guaidó como presidente del parlamento.
Para dirigentes opositoras, como la copeyana Mercedes Malavé, la decisión del TSJ es una oportunidad para que la oposición asuma una posición unitaria proactiva y participe en la conformación de un CNE confiable, mientras que Enrique Aristiguieta Gramcko, presidente de la coalición GANA, instó a Guaidó a no aceptar la celebración de unas elecciones «fraudulentas» y que solo servirán para consolidar el poder de la «dictadura».
En todo caso, la decisión del TSJ es una suerte de «papa caliente» para una oposición ya no dividida, sino atomizada. El debate entre participar o no en unas elecciones parlamentarias es tema neurálgico que expresa más claramente las posiciones de los diversos grupos.
El denominado G4 (Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) también está dividido sobre este asunto. Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo parece dispuestos mayoritariamente a acudir a las urnas, aunque no han hecho ningún anuncio oficial, mientras que VP -partido que corre el riesgo de ser ilegalizado como «organización terrorista»- está radicalmente en contra. PJ tiene diversas posiciones en un seno, por lo que no hay una idea clara sobre lo que haría.
En el resto hay posiciones colectivas e individuales para todos los gustos, lo que convierte esta decisión en una fuente de enorme riesgo para el sector político que adversa al gobierno chavista, porque parece claro que una repetición de la clara victoria de 2015 es una opción difícil, precisamente por la falta de coherencia en la acción política.
Las encuestas revelan que más de 50% de los electores manifiestan su intención de votar, pero el nivel de abstención entre los sectores no alineados y opositores coloca los resultados probables bastante apretados, considerando que el chavismo parte con una base cercana a 25% del electorado, que no se mueve, posee el control institucional y territorial del país, y una fuerte capacidad de control social. La oposición está dividida, con escasez capacidad de movilización y escasa presencia mediática.
En todo caso, la decisión del TSJ, al menos por 72 horas, parece devolver la pelota al parlamento. El tiempo está corriendo.