A pesar de que el gobierno insiste en victorias en la OEA, lo cierto es que le ha ido muy mal. La reunión del Consejo convocada por Venezuela fue una derrota diplomática importante.
La intervención de Zapatero fue aplaudida en términos de que fue una defensa del diálogo como mecanismo; sin embargo, las acotaciones que hicieron los miembros del Consejo, con las salvedades de los aliados estrechos del chavismo, fueron en relación con los Derechos Humanos y las libertades en general, incluyendo la de los presos políticos. Este acento fue lo que generó la ira de la Canciller Delcy Rodríguez, quien atacó a Estados Unidos en vísperas de la visita de Tom Shannon a Caracas; a México a propósito de las protestas de maestros en Oaxaca; y a Paraguay, por la supuesta pertenencia de miembros del actual gobierno a la dictadura de Stroessner derrocado en 1989, hace 27 años. Por su parte, el Embajador Bernardo Álvarez fue atrevido e irrespetuoso con el Presidente del Consejo, el argentino Juan José Arcuri. El resultado fue un ambiente receptivo a Zapatero como portador de la idea del diálogo y bastante frío con los voceros venezolanos por arrogantes y groseros.
Aunque el movimiento de los factores internacionales es muy intenso, pareciera que el Secretario General, Luis Almagro, tiene la puerta abierta para discutir el tema venezolano en el Consejo que él convocó, dos días después del que Venezuela solicitó apresuradamente con la idea de impedir el del 23 de junio. En realidad lo que logró la Canciller venezolana fue un desestimulo a una pretendida reunión de cancilleres de UNASUR que Ernesto Samper –el otro negociador tras bambalinas- había citado para el 22 de junio, también con la idea de desmontar la de Almagro.
No quiere decir que Almagro y los países que apoyan la aplicación de la Carta Democrática hayan ganado, pues eso se verá el 23 de junio, sino que la diplomacia de Caracas ha recibido rudos golpes. Desde ya el tema venezolano, como crisis política, económica y humanitaria, está en las oficinas presidenciales de todos los países americanos, y no hay respaldos sólidos más allá de Ecuador, Nicaragua y Bolivia.
Mientras estas situaciones tienen lugar, la crisis doméstica de Venezuela se acentúa. El gobierno de Maduro, con el concurso del Consejo Electoral hace esfuerzos inauditos por impedir la autenticación de firmas. Como se requiere 1% de los demandantes del referéndum éstas en cada estado de Venezuela, el movimiento está dirigido a impedir su logro al menos en dos o tres estados, al colocar todas las barreras posibles. En caso de no poder impedirlo hay factores del gobierno de Maduro que han presentado un proyecto de sentencia de la Sala Constitucional para declarar ilegal el referéndum o alguna de las acciones opositores que pueden conducir a éste. Estos esfuerzos, claramente ilegales, están promoviendo otro debate más complejo para el Presidente Maduro, pues hay importantes dirigentes del PSUV que han contactado al Vicepresidente Aristóbulo Istúriz y destacados jefes militares, algunos miembros del Alto Mando Militar Bolivariano, que discuten la posibilidad y conveniencia de la renuncia de Maduro, negociada internacionalmente con Washington, el Vaticano, Cuba y los militares venezolanos. Asumiría el Vicepresidente Istúriz y éste negociaría un nuevo Vicepresidente con la oposición.
La renuncia de Maduro es un tema de debate más importante de lo que los factores políticos de la oposición venezolana han previsto.
Reporte especial lapatilla.com