María Corina Machado aseguró en las últimas horas que el país se encuentra en un punto «decisivo» para avanzar hacia la celebración de «elecciones libres», al tiempo que estimó que un proceso de «transición democrática» podría concretarse en un plazo de alrededor de 40 semanas, equivalente a unos nueve meses.
En una entrevista con el medio español El Debate, Machado afirmó que el objetivo central de la oposición es lograr comicios “libres, competitivos y verificables”, en los que se respete la voluntad popular. En ese sentido, señaló que el proceso de cambio en Venezuela “una vez que se activa, no tiene vuelta atrás”, aunque aseveró que los tiempos no dependen únicamente de la oposición.
La dirigente sostuvo que el país atraviesa una «fase de transición política en la que la comunidad internacional juega un papel clave», especialmente en lo relacionado con la supervisión y las garantías electorales.
Las declaraciones de Machado contrastan con un reciente anuncio de su propio movimiento, Vente Venezuela, que planteó la necesidad de convocar elecciones presidenciales en un “plazo de 30 días”, ante lo que calificó como una “ausencia absoluta” en Miraflores.
La organización señaló además que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría emitido decisiones relacionadas con una supuesta “ausencia forzosa”, lo que vulneraría artículos de la Constitución y responde a un procedimiento “inexistente legalmente”.
Vente Venezuela sostuvo que la actual situación política requiere la convocatoria inmediata de comicios, al considerar que ya se habría cumplido el tiempo constitucional para activar mecanismos de transición.
Hoja de ruta de la PUD
En paralelo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó el domingo una hoja de ruta para “alcanzar una transición democrática en Venezuela”.
El documento plantea una estrategia que combine movilización ciudadana, coordinación interna e internacional y negociación política para crear condiciones de elecciones libres.
La PUD estructura su propuesta en varias fases. La primera contempla la “restitución de garantías”, incluyendo el funcionamiento autónomo de las instituciones, el respeto al Estado de derecho y la apertura de un espacio cívico pleno con libertades políticas, de expresión y asociación.
También plantea como condiciones mínimas la liberación de presos políticos, el fin de la persecución, la reinstitucionalización del Estado y la designación de un Consejo Nacional Electoral provisional independiente.
En materia política, propone el levantamiento de inhabilitaciones, la restitución de derechos políticos, la devolución de tarjetas de partidos y el retorno seguro de exiliados.
En una segunda etapa, la PUD plantea la recuperación económica y la reconciliación nacional, con el objetivo de reconstruir la confianza ciudadana y la gobernabilidad democrática.
Finalmente, prevé una fase de transición electoral que culmine en la celebración de elecciones “libres, competitivas y reconocidas en todos los niveles del Estado”, bajo condiciones institucionales restablecidas.