El presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), diputado Orlando Pérez, informó que el próximo martes 9 los trabajadores del magisterio marcharán, desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Caracas, para entregar un pliego de peticiones referidas al cálculo del bono vacacional sobre la base del último aumento de salarial.
Ante la campaña para desprestigiar al Gobierno nacional y a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), sobre el pago de bonos vacacionales y salarios del sector público del país, el diputado Orlando Pérez detalló que este documento contempla la revisión del salario social y otros temas, como la vivienda y la atención médica y asistencial del personal docente, administrativo y obrero del Ministerio de Educación.
El diputado Pérez recordó que tras la petición del aumento salarial por parte de CBST, el pasado 3 de marzo de 2021, “el Gobierno nacional venía dignificando a los maestros y maestras, con 3 aumentos salariales progresivos, uno en julio y diciembre de 2021 y, el más reciente, en marzo de 2022, lo que mejoró, sustantivamente, nuestro salario y poder adquisitivo. El Gobierno nacional tomó a la educación como área estratégica para la recuperación salarial”, resaltó.
Durante el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión, el parlamentario dijo que actualmente el Ministerio de Educación y las 17 organizaciones de trabajadores se encuentran discutiendo la tercera Convención Colectiva Única y Unitaria para resolver, de manera inmediata, este pago pendiente al sector educativo y presentarlo formalmente ante el Ejecutivo nacional.
Asimismo, expresó que la Ley Orgánica del Trabajo, que se logró con el comandante Hugo Chávez Frías, marca la pauta para cualquier convención colectiva, les otorga el derecho a los trabajadores del sector educativo de hacer un “reclamo público ante una situación que, no solamente va en contra del salario, sino de su familia”.
También añadió que el pago del bono vacacional significa una contraprestación por el trabajo, está tipificado en el artículo 121 y en el 192 de la norma, por lo que estima que el Gobierno nacional tomará acciones en beneficio de los trabajadores educativos.
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