El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció este viernes que iniciará una investigación que puede derivar en sanciones a la aerolínea Plus Ultra por la venta de billetes en la línea Madrid-Caracas, una ruta aérea no autorizada por el Gobierno del país caribeño.
«A fin de garantizar la correcta prestación de servicio público de transporte aéreo, (el INAC) informa al público en general que la comercialización de boletos por parte del explotador aéreo Plus Ultra Líneas Aéreas, en rutas no autorizadas por las autoridades de Venezuela, es contraria a la normativa aeronáutica«, reza un comunicado del INAC.
Además, esa venta «vulnera las restricciones establecidas por el Ejecutivo Nacional sobre el espacio aéreo a los fines de mitigar los efectos de la pandemia».
Al respecto, reiteraron que las únicas rutas aéreas autorizadas son las que unen Venezuela con Turquía, Rusia, México, Panamá, República Dominicana y Bolivia.
Por tanto, el INAC «procederá con la investigación correspondiente a los fines de iniciar el procedimiento administrativo que permita determinar responsabilidad de Plus Ultra» en la venta de billetes «en rutas no autorizadas».
Esa «situación puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales, tanto para el explotador aéreo como para las agencias de viajes que incurran en dichas prácticas».
Por su parte, el presidente del INAC, Juan Teixeira Díaz, quien difundió el comunicado, subrayó en Twitter que Plus Ultra «comercializó vuelos sin contar con la autorización del Inac».
«La ruta entre Caracas y Madrid, actualmente, no se encuentra entre las permitidas por el Ejecutivo nacional para vuelos comerciales regulares o no regulares», reiteró.
Por eso, afirmó que «la aerolínea está en la obligación de proteger a los pasajeros afectados y asumir sus responsabilidades».
También este viernes, la Fiscalía de Madrid ha dirigido un escrito al juzgado que investiga la conveniencia del rescate público a Plus Ultra, en el que insta a desbloquear los 34 millones de euros (40,3 millones de dólares) pendientes al no apreciar delito y para evitar una situación de iliquidez a clientes y acreedores.
En un escrito fechado el jueves, al que tuvo acceso Efe, la Fiscalía indica que «no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna».
El pasado 9 de marzo el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros (62,9 millones de dólares) en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El lunes pasado, el Tribunal de Cuentas archivó una denuncia presentada por el partido Ciudadanos (liberales) contra el rescate, al entender que no ha habido menoscabo para el erario público pues los fondos se han otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda, uno de los argumentos que ha tenido en cuenta la Fiscalía de Madrid.