El Gobierno venezolano calificó el martes como un «golpe político» el fallo contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015), y consideró que es víctima de una persecución por parte de la administración de Javier Milei.
La República Bolivariana de Venezuela denuncia con firmeza el golpe político y judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, líder histórica del peronismo, de la oposición y del pueblo argentino, víctima hoy de una persecución brutal impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario de Javier Milei», señaló el Gobierno en un comunicado.
Venezuela considera que se trata de un fallo «ilegítimo» que busca inhabilitar por la fuerza a Fernández.
Este fallo ilegítimo e ilegal busca inhabilitar por la fuerza a quien representa el corazón político y emocional de millones de argentinas y argentinos. No se trata de justicia, se trata de borrar al adversario con métodos coloniales, de imponer a sangre y fuego un modelo económico y social diseñado para someter a la Argentina al capital financiero internacional», destaca el texto.
Asimismo, la administración de Nicolás Maduro expresó tener seguridad en que Fernández resistirá «este ataque con dignidad».
De igual manera, Caracas consideró que el fallo contra la exmandataria no es un hecho aislado, sino que forma parte de un golpe geopolítico contra América Latina.
Lo vimos en el vulgar fraude electoral en Ecuador y asalto al poder por bandas criminales; en la violencia desatada contra el presidente Gustavo Petro en Colombia; y ahora en la embestida judicial contra el pueblo argentino. Un mismo libreto, una misma estrategia: reconquistar y recolonizar el continente, aniquilando todo proyecto popular y soberano», indica el comunicado.
El máximo tribunal ratificó el martes la sentencia contra Fernández emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) nº 2 en diciembre de 2022, cuando fue considerada responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Esa sentencia en primera instancia, que acusó a la exmandataria de direccionar al empresario local Lázaro Báez, también condenado, 51 proyectos viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos y durante la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, fue confirmada el 17 de noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
La decisión de la Corte Suprema, que debería estar compuesta por cinco integrantes, pero tiene dos vacantes, habilita la detención de la también presidenta del Partido Justicialista (peronista), que podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que tiene más de 70 años.