El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes la firma de un acuerdo con la administración de Nicolás Maduro, con la finalidad de facilitar “la colaboración de las autoridades venezolanas” con esa instancia.
El anuncio se hizo en el inicio de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, desde Nueva York, Estados Unidos, según lo difundió la ONG Provea en sus redes sociales.
Provea publicó un video donde Khan está rindiendo cuentas y dice: “hace dos días, en Venezuela, nuestra fiscalía firmó un plan de trabajo con el gobierno para facilitar la colaboración de las autoridades venezolanas con la oficina del fiscal de Caracas”.
Para la ONG, esto “podría significar una inminente Oficina del Fiscal en el país. Esta Oficina tendría funciones de cooperación y asistencia técnica, acordada en junio 2023 en el Memorándum de Entendimiento”, suscrito por Khan y Maduro, en el palacio de Miraflores.
La declaración del fiscal de la CPI ocurre a casi un mes desde que se produjo la audiencia de apelación en la sede de la CPI en La Haya, donde los jueces escucharon a las partes, en un intento de la administración de Maduro de evitar la continuación de la investigación del organismo, por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
En esta audiencia, los jueces cuestionaron al Estado venezolano por no investigar las violaciones de los DD.HH. y de castigar, en los pocos casos investigados, a los responsables de bajo rango, y no a los altos funcionarios responsables por dar las órdenes.
Asimismo, luego de la audiencia, el propio Khan declaró que Venezuela había llenado de documentos inservibles el expediente de apelación.
Provea recordó que en octubre, varias ONG defensoras de los DD.HH. acudieron al ministerio de Relaciones Exteriores para exigir información sobre el contenido del Memorándum de Entendimiento suscrito el pasado 9 de junio por el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con el cual se va a permitir la instalación de una oficina del órgano en el país.
Entre las razones expuestas en la comunicación se encuentran “la intención de las organizaciones solicitantes de poder coadyuvar al proceso de mejoramiento de las políticas públicas y restablecimiento del sistema de justicia venezolano, de acuerdo al principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, plasmado en la Constitución”.