Diputados y académicos coinciden: el oficialismo dice que no hay recursos para elegir a los gobernadores porque sabe que perderá cualquier consulta. El gobierno ha percibido alrededor de 2,41 billones de bolívares este año por diferencial cambiario y recaudación fiscal
Maru Morales/El Nacional
En tiempos de interpretaciones jurídicas, la Ley Orgánica del Poder Electoral en su artículo 42 es meridiana: la convocatoria a elecciones se debe hacer «en concordancia con los períodos constitucionales legalmente establecidos». En el caso de la elección de gobernadores, el artículo 160 de la Constitución no deja dudas: son elegidos por «un período de cuatro años». Los últimos comicios se realizaron el 16 de diciembre de 2012, por lo cual la próxima escogencia de mandatarios regionales debe efectuarse la segunda semana de diciembre de 2016 a más tardar. No hay vuelta de hoja.
Pero en el gobierno y en el mismo Consejo Nacional Electoral han comenzado a ofrecer tesis y explicaciones sobre por qué, iniciado el último trimestre del año, no se han convocado esas elecciones.
El dirigente del PSUV Juan Carlos Alemán dijo el 16/09/16: «El país no está en condiciones para los comicios regionales». El diputado Pedro Carreño abonó el 21/09/16: «No hay recursos y estamos en una emergencia. Eso no es un derecho humano fundamental». Y la rectora del CNE Socorro Hernández dijo sin inmutarse el 23/09/16: «No tenemos fecha. Estamos abocados a la recolección de manifestaciones de voluntad».
Todos esos argumentos no solo contravienen la Constitución y la ley, sino también la Carta Democrática de la OEA y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, cuyos principios, pese a haber sido denunciada por el gobierno en 2013, rigen a todos los países de la OEA, incluida Venezuela.
Sin razón ni argumento. Tanto la Carta Democrática como la Convención Interamericana dejan a Carreño, a Alemán y a Hernández sin razones legales para no agilizar la realización de las regionales y el revocatorio.
Hace 47 años la Convención Interamericana reconoció en su artículo 23 los derechos políticos como derechos humanos, y estableció que «todos los ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores».
Y para que no quedaran dudas el instrumento agrega en su artículo 27 que ni siquiera «en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad» los Estados parte podrán suspender esos derechos políticos.
Más recientemente la CDI estableció en su artículo 3 como un elemento esencial de la democracia representativa «la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo».
En defensa del voto. Diputados y académicos consultados coincidieron en señalar que una eventual postergación o suspensión de las elecciones regionales, así como los obstáculos impuestos al referéndum revocatorio, solo evidencian la plena conciencia que tiene el gobierno y las instituciones que le sirven de que ante cualquier consulta popular perderán el poder.
«Las elecciones regionales tienen que ser este año junto con el revocatorio. Aquí el tema no es que se elijan o no unos gobernadores, es el tema del voto. En Venezuela están aniquilando el voto. El gobierno no puede poner excusas presupuestarias ni razones políticas. Se trata de elecciones previstas y constitucionales», afirma Julio Borges, jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional.
El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Ángel Medina, adelantó que el próximo 17 de octubre presentarán a la junta directiva del Parlamento Latinoamericano la vulneración de derechos políticos en Venezuela a través de los ataques a la Asamblea y el boicot contra las elecciones. «En los sistemas democráticos se hacen elecciones cada cierto tiempo para que el sistema político no colapse. Que digan que no va a haber elecciones porque no hay dinero o porque hay desestabilización es una muestra de que no quieren elecciones. Para una elección siempre tiene que haber dinero porque la elección es lo que te permite mantener vivo el sistema democrático», sostiene Medina.
La mutación del sistema. En la academia, el coordinador del Proyecto Integridad Electoral de la UCAB, Juan Manuel Trak, advierte los signos de mutación del sistema político venezolano: «Esto era un régimen autoritario competitivo que basaba su legitimidad en ganar elecciones. Una vez perdida esa capacidad, evita o retrasa cualquier elección, consulta, revocatorio o recolección de firmas que no vaya a ganar. Poco a poco se va moviendo hacia un autoritarismo hegemónico. Y el otro asunto aquí es que la elección de gobernadores no se ha suspendido, simplemente no se ha convocado. Estamos en un limbo como consecuencia de la discrecionalidad del CNE para convocar las elecciones».
En cifras
372 millones de bolívares costaron las regionales de 2008 (tasa de cambio 2,15 bolívares por dólar)
856,2 millones de bolívares costaron las regionales de 2012 (tasa de cambio 4,30 bolívares por dólar)
Plata sí hay
El diputado José Guerra sostiene que la fuente de financiamiento para las elecciones regionales debe provenir principalmente de la venta de divisas y la recaudación tributaria.
En marzo de este año el gobierno ajustó los dos tipos de cambio: aumentó de 6,30 a 10 bolívares por dólar para compras prioritarias generando una ganancia de 3,70 bolívares por dólar (Dipro); mientras que liberó la divisa para compras no prioritarias que pasó de 200 bolívares por dólar a 650, lo que produjo un ingreso no previsto de 450 bolívares por dólar (Dicom).
De acuerdo con cálculos de Ecoanalítica, entre el 9 marzo y el 31 agosto de este año el gobierno vendió por Dicom un promedio de 7,7 millones de dólares en cada día hábil calendario (116 días) y un promedio 9,6 millones de dólares diarios en el Dipro. Al cruzar la ganancia o diferencial por el ajuste de cada tasa de cambio con el promedio de divisas vendidas desde marzo hasta agosto se desprende que gobierno percibió 591,71 millardos de bolívares que no estaban previstos en el presupuesto 2016. El Seniat, por su parte, ha reportado superávit en su recaudación desde enero hasta agosto, alcanzando la cifra de 1,82 billones de bolívares.
En total, el gobierno ha captado alrededor de Bs 2,41 billones por diferencial cambiario y recaudación tributaria. El presupuesto nacional 2016 asciende a Bs 1,55 billones.
«Bolívares no faltan. Los recursos están. La restricción es política porque no quieren elecciones. Con la doctrina de Pedro Carreño, según la cual cada vez que hay una crisis no hay elecciones, la posibilidad de cambio sería nula. Los gobiernos cambian con las crisis», señala Guerra.