El Colegio Nacional de Periodistas asegura que seis periodistas están bajo medidas cautelares sin causa, condena o juicio y denuncian la desaparición de la periodista Carol Romero.
«Denunciamos la política arbitraria que ha desatado el gobierno en contra de los trabajadores de la prensa a quienes se les dictan medidas judiciales, sin causa, sin condena ni juicio y en violación al debido proceso», expresó el secretario general del colegio, Edgar Cárdenas.
Por ello el CNP de Caracas inició una campaña en las redes sociales con motivo del mes del periodista para exigir la libertad plena de sus colegas que deben presentarse periódicamente «por instrucciones del gobierno con medidas cautelares, que restringe la libertad personal y la administración de sus bienes”.
Uno de los casos es el Arnaldo Sumoza un periodista detenido por presuntamente “alterar el orden público” cuando reportaba un protesta por la escasez de agua en El Sombrero, estado Guárico.
Mientras que por el estado Apure la GNB allanó la vivienda del periodista Eduardo Galindo Peña, secretario general del CNP Apure acusado de “instigación al odio por sus informaciones en el portal de noticias Senderos de Apure. También su esposa y otros familiares son víctimas del acoso policial»
Por otro lado, el caso de Darvinson Rojas detenido y con allanamiento de vivienda por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), también acusado por supuesta instigación al odio por ejercer la profesión de periodista.
«En la misma situación de hostigamiento por medida cautelar se encuentra el reportero gráfico Jesús Medina, detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), 28 de agosto de 2018. Estuvo preso durante 15 meses en la cárcel militar de Ramo Verde por sus reportajes fotográficos», comentó Cárdenas.
Por último tenemos los casos de Ana Belén Tovar y Elides Rojas. Belén fue detenida, luego de un allanamiento, durante 5 meses en la Dirección General Contrainteligencia Militar (DGCIM) y ahora debe presentarse periódicamente por difundir informaciones sobre altos funcionarios del gobierno. Por su parte, Rojas, vicepresidente de información del diario El Universal, fue acusado de presunta instigación al odio, luego de ser llevado a la DGCIM debido a una información difundida sobre un accidente aéreo en Charallave, estado Miranda.
El caso más reciente es el de Carola Romero, quien se encontraba este jueves reportando para FM Center desde El Junquito una protesta por gasolina cuando fue detenida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) donde fue presuntamente golpeada y esposada por grabar la situación.
«Estos casos y otros forman parte de una política de Estado de agresión a los periodistas y medios en Venezuela», puntualizó Cárdenas.