La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes por unanimidad un acuerdo para la liberación de recursos financieros ilegalmente sustraídos, que le permitan al país efectuar la necesaria vacunación de la población ante la COVID-19.
Durante la Sesión Ordinaria que se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, leyó el proyecto de acuerdo en que se considera que desde el mes de marzo de 2020, el país enfrenta la pandemia de COVID-19, que ha constituido una amenaza real a la vida de la humanidad y ha puesto a prueba los sistemas sanitarios.
Asimismo, el acuerdo reconoce que desde la aparición del primer caso, el Gobierno Bolivariano adoptó todas las medidas necesarias de manera temprana para proteger la salud y la vida de la población.
En ese sentido, el cuerpo legislativo señaló que como parte de las medidas implementadas por el Ejecutivo, destaca un acuerdo suscrito con la Federación de Rusia para la adquisición de vacunas Sputnik V que le permitan iniciar un proceso masivo de inmunización contra este virus que azota a la humanidad.
Sin embargo, el mismo acuerdo reprocha que desde el año 2014, Venezuela sea víctima de medidas coercitivas que afectan los DD. HH. del pueblo, violentan el Derecho Internacional y constituyen crímenes de lesa humanidad.
Destaca el texto parlamentario que la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo venezolano han devenido en una dramática disminución de los ingresos en divisas que han afectado al presupuesto nacional y con ello al desarrollo armónico de la nación.
En virtud de ello, los diputados y diputadas del bloque parlamentario de la Patria y de oposición aprobaron hacer un llamado a los Estados y las instituciones del sistema financiero mundial a que liberen los recursos propiedad de Venezuela, que le permitan adquirir las vacunas necesarias para la población en medio de esta pandemia.
Asimismo, en el acuerdo se exige al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres y a la Alta Comisionada para DD. HH. de la ONU, Michell Bachelet, a que adopten las medidas a su alcance para el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales y la retención ilegal de los recursos que son propiedad del pueblo de Venezuela.
Los parlamentarios también aprobaron invitar al Ejecutivo Nacional a remitir el presente acuerdo al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, a la Alta Comisionada para DD. HH. de la ONU y al cuerpo diplomático acreditado en el país.