El fiscal general de la República, Tarek William Saab, acudió este jueves ante la Asamblea Nacional para presentar el informe anual del Ministerio Público correspondiente al 2021, según lo estipulado en el artículo 276 de la Constitución venezolana.
Saab destacó las acciones desarrolladas por el MP para castigar los actos llevados a cabo a través de la Operación Gedeón, ejecutada y derrotada el 3 de mayo de 2020, y la Operación Gedeón 2 desmantelada el 8 de agosto de 2020.
Asimismo, explicó que se han aprehendido 209 involucrados. «Hay 202 privados de libertad, 205 acusados y 62 condenados por admisión de hechos».
El fiscal detalló que por estos casos están pendientes de ejecutarse 102 órdenes de aprehensión, 79 de ellas tienen alerta roja de Interpol y hay 14 personas a las que se ha solicitado la extradición. Además, se han ejecutado 77 allanamientos, agregó.
En cuanto al nombramiento ilegal de una Junta Administrativa AD-Hoc de Citgo, la corrupción con ayuda humanitaria, el nombramiento ilegal de una Junta Administrativa AD-Hoc de Monómeros Colombo-Venezolanos y todo lo referente al supuesto gobierno paralelo de Juan Guaidó, el fiscal refirió que en total hay 23 investigaciones que involucran a la administración del opositor «en hechos de corrupción, vinculaciones criminales y usurpación de funciones».
Por tanto, se han solicitado 59 órdenes de aprehensión por estos hechos, se han practicado 21 allanamientos, se han realizado 15 incautaciones y se han solicitado 258 bloqueos e inmovilizaciones de cuentas.
En el 2021 se presentaron 97 mil 575 imputaciones
El fiscal señaló que entre los cambios importantes del Ministerio Público se destaca la creación de la División de Inteligencia Antidrogas.
En este sentido, puntualizó que se trata de una instancia de estudio y procesamiento de información confidencial relacionada con las mafias del narcotráfico que operan en las fronteras y territorios con Venezuela.
Indicó que también fue creada la Oficina de Atención a la Víctima en materia de Derechos Humanos, la cual adquirió rango legal en la reforma de Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales.
Saab explicó esta oficina tiene como fin garantizar «que aquellas personas que necesiten denunciar una presunta violación de sus derechos humanos, reciban una atención multidisciplinaria, que incluye, además de la recepción y tramitación de la denuncia, apoyo jurídico, atención psicosocial, y de ser necesario, el otorgamiento de medidas de protección».
En lo que respecta a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, el pasado septiembre fue inaugurada la nueva sede del Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Delitos de Violencia de Género en la Avenida Urdaneta de Caracas.
«Otro aspecto importante de la transformación que estamos haciendo, corresponde a la creación de nuevas fiscalías especializadas. En el Área Metropolitana de Caracas fue creada la Fiscalía 163° en materia de Legitimación de Capitales y Delitos Económicos, debido al aumento de estos delitos en la capital venezolana.
También se refirió al Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del MP, iniciado el pasado 15 de octubre con la finalidad de reconocer la trayectoria laboral de los fiscales provisorios con más de cuatro años de ejercicio en cargo. Mediante este “Plan Especial”, los fiscales provisorios que cumplieran los requisitos podrían aspirar a lograr la titularidad del cargo que ocupan.
En total, tras la realización de distintas pruebas: 42 fiscales consiguieron la titularidad de cargos. «Se trata de un pequeño pero importantísimo paso que busca fortalecer la independencia de los despachos fiscales», destacó.
En el 2021 ingresaron 271.176 casos y egresaron 318.851, «es decir que la cifra de casos concluidos con solución efectiva superó el número de casos nuevos». Además, se realizaron 511.180 actuaciones. Se realizaron 97.575 imputaciones y se presentaron 55.672 acusaciones.
En materia ambiental, se amplió la competencia de la Fiscalía 89ª Nacional en materia Ambiental para que conozca casos de derechos de fauna doméstica y silvestre.
Puntualizó que se cambió la competencia de las fiscalías 63ª y 78ª Nacionales para que se conviertan en Fiscalías Especializadas en Defensa de los Derechos Laborales y se amplió la competencia de la Fiscalía 60ª Nacional Plena a Especial Agraria, para que atienda los reclamos del sector campesino.
Saab: No hace falta que investigue la Corte Penal Internacional
Antes de hablar de las cifras de 2021 en materia de derechos humanos, el fiscal Saab se expresó al respecto de las actuaciones de las autoridades venezolanas ante la Corte Penal Internacional.
Durante su Memoria y Cuenta en la Asamblea Nacional, mencionó que demostrarán en la práctica el por qué no hace falta la presencia de la CPI en el país.
«En Venezuela se persiguen y sancionan las violaciones a derechos humanos. No hace falta que investigue la Corte Penal, y lo vamos a demostrar en la práctica. Debemos reiterar que en el Caso denominado Venezuela 1, este Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación», aseveró.
Recordó que Colombia estuvo sometida a un examen preliminar por la CPI por 17 años y recibió unas 12 misiones de este organismo internacional, tras lo cual, en octubre del año pasado el examen preliminar fue cerrado. En el caso venezolano, el país no recibió ninguna visita en los tres años que estuvo bajo examen preliminar, hasta que se decidió pasar a fase de investigación.
Ratificó en que Venezuela ha colaborado desde el principio con la Fiscalía de la Corte, aportando información e invitándola a visitar el país. «Se entregaron ocho informes a la Fiscalía de la Corte, que compilan más de 3.000 páginas de información sobre causas adelantadas por nuestros fiscales a los fines de individualizar y procesar a responsables de violaciones a derechos humanos, y agregó que el equipo de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y de la Dirección de Asuntos Internacionales ya tuvieron una primera reunión con el equipo que instalará esta oficina. Aún así, se ha abierto esta nueva etapa de la investigación, esperamos que haya respeto tras el memorandum firmado”, puntualizó.
Con respecto a las cifras del año 2021, durante este período se logró la imputación de 232 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y un civil por colaborar en la comisión del delito. Asimismo, fueron privados de libertad un total de 98 funcionarios de distintos organismos y dos civiles. Por otro lado, han sido acusados un total de 242 funcionarios y 24 civiles. Por último, durante el año se logró una cifra récord de aproximadamente 100 funcionarios condenados.
Sobre la lucha contra mafias del tráfico de drogas, destacó el caso de la red de narcotráfico que captaba a funcionarios con inmunidad para el transporte de drogas desde Zulia hacia varias zonas del país para su posterior exportación. «Venezuela se ha visto en la última década, desestabilizada desde el territorio colombiano de distintas formas», enfatizó.