El magnate de la construcción y exalcalde de la ciudad de Bucaramanga se ha proyectado asimismo en la campaña presidencial como el abanderado de la lucha anticorrupción. Sin embargo, varios cuestionamientos en su paso por cargos públicos reposan sobre él, entre ellos el caso Vitalogic, en el que se le acusa de haber influido en una licitación en la que su hijo habría, presuntamente, pactado recompensas millonarias.
La figura del empresario Rodolfo Hernández se ha polarizado en los últimos días. Tras irrumpir con fuerza en la primera vuelta el pasado 29 de mayo, el ‘Viejito de TikTok’, como se le conoce, ha estado bajo la lupa de los colombianos, a sabiendas de que el controvertido empresario podría convertirse en pocos días en su próximo presidente.
Sin pelos en la lengua, sacando pecho del saneamiento de las cuentas públicas durante su alcaldía en Bucaramanga (2016-2019), y con el discurso de un ‘outsider’ transgresor al estilo de Donald Trump, arrasó con la derecha tradicional en la primera vuelta, conquistando el apoyo de millones de votantes cansados de la política tradicional.
Sus promesas de que acabará con “la politiquería” y que quitará “la chequera” a los gobernantes de siempre han sido el mantra de una cuestionada campaña, en cuya recta final Hernández se ha negado a conceder entrevistas y asistir a debates.
De hecho, hizo falta un fallo judicial para obligarlo a realizar un debate con su contendiente, el izquierdista Gustavo Petro. El magnate de la construcción aceptó, con exigencias y condiciones, el fallo del tribunal, pero horas después se negó a debatir, culpando a su contrincante.
Con las últimas encuestas augurando un voto reñido entre ambos y la posibilidad de una presidencia del empresario, el interés por su figura ha cobrado relieve. Un cierre de campaña que ha sacado a relucir señalamientos de posible mala conducta como servidor público, entre los cuales, una imputación por presunto interés indebido en celebración de contratos en la llamada trama Vitalogic.
El fantasma del caso Vitalogic se cierne sobre el candidato anticorrupción
El caso Vitalogic es la piedra angular de los cuestionamientos en contra de Rodolfo Hernández y el proceso por el cual está llamado a juicio el próximo 21 de julio. La Fiscalía lo acusó en agosto de 2020 de, presuntamente, participar en hechos de corrupción en la contratación de un asesor para la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB).
Según el ente acusador, Hernandez habría movido hilos para la contratación del consultor, el ingeniero químico Jorge Hernán Alarcón Ayala, para que este estableciera las condiciones de una licitación con el objetivo de que estuviera hecha a medida de la empresa Vitalogic RSU. El contrato en juego, que nunca llegó a término, era para gestionar los residuos de Bucaramanga durante 30 años y estaba avaluado en unos 250 millones de dólares. El hijo de Hernández, Luis Carlos Hernandez, habría pactado comisiones millonarias con Vitalogic de materializarse el convenio.
Junto a Hernández, hay otras seis personas imputadas en el caso. Una de ellas, el exgerente de la entidad, José Manuel Barrera, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para esclarecer el caso, pero que a falta de un pacto cerrado, iría también a juicio en pocas semanas.
Hernández se declara inocente y denuncia una maniobra contra su imagen. “Yo no tengo una investigación (…) el objetivo concreto era sacarme de la Alcaldía porque les quité la chequera”, dijo en una entrevista el pasado 1 de junio. Esos comentarios llevaron al Sindicato de la Fiscalía a solicitarle al candidato, vía comunicado, no negar el caso que en efecto existe y está en curso.
Diversas pruebas y acusaciones admitidas durante la investigación han salido a la luz en las últimas semanas de la mano de las investigaciones de periodistas y abogados.
¿Qué señalamientos y pruebas hay?
El exdirector de la empresa de residuos, José Manuel Barrera, aseguró ante la Fiscalía que Hernández le dio la directriz “de contratar” a Alarcón y pidió abrir una convocatoria en la que, aunque hubieran otros postulantes, él debía ser el elegido. Hernández, durante su mandato, dijo en una reunión de la EMAB tener “la responsabilidad” de la elección del consultor -que no fue elegido por la junta de la empresa, como era el procedimiento normal- y a quien aseguró no conocer antes del proceso.
Hay otro hecho que enreda a @ingrodolfohdez.
La hoja de vida fue enviada por Jorge Alarcón al lobbista de Vitalogic cuando sus integrantes estaban reunidos con el exalcalde en Bogotá.
En esa reunión, según Andelfo Trujillo (otro socio de la coima), se acordó poner al consultor. pic.twitter.com/7ayiYhA7Bi
— La Silla Vacía (@lasillavacia) April 4, 2022
Por otro lado, el currículum del consultor llegó a la EMAB por un correo enviado desde el despacho del alcalde. ‘La Silla Vacía’ dio a conocer la cadena de correos en los que el documento llegó a la empresa por medio de la secretaria privada del entonces alcalde. En los demás correos, se puede ver también que fue Luis Carlos Hernández, hijo del mandatario, quien había enviado dicho documento a la secretaria de su padre.
Además de Barrera, otro funcionario de la empresa de aseo implicado en el caso, Rubén Amaya, encargado de redactar la convocatoria para contratar al asesor, aseguró haber sugerido a dos posibles postulantes junto a Alarcón con la intención de que sus postulaciones fueran descartadas por no cumplir con los parámetros requeridos para el cargo. Durante la investigación judicial, se concluyó que las firmas de estos profesionales habían sido falsificadas.
Barrera también aseguró en el caso que Alarcón, una vez elegido, no se había desempeñado bien en la realización de los términos de la licitación para la que había sido contratado y dijo que esto habría sido causa de despido. Sin embargo, aseguró que Hernández había intervenido para evitar su dimisión al solicitar que se conformara un equipo que revisara su trabajo, en vez de sustituirlo por otro profesional que cumpliera con las expectativas del contrato.
Pero la que sería la prueba más contundente y polémica, sería la obtenida en una investigación realizada por el abogado Elmer Montaña, director del Colectivo Control Ciudadano Colombia y que apunta a que las coimas presuntamente pactadas por Luis Carlos Hérnandez habrían quedado registradas en una notaría.
En la investigación de Montaña, revelada por el periodista Daniel Coronell, Luis Andelfo Trujillo, quien era amigo y socio de Luis Carlos Hernández, mostró al abogado la copia de un documento que habría sido registrado en una notaría de Bucaramanga y que, según el testigo, estipula que el hijo del exalcalde debía recibir tres comisiones de 666.000 dólares y el 2,2% de la operación en el contrato de las basuras con Vitalogic.
Trujillo también aseguró que Alarcón había vivido durante meses en el apartamento de Rodolfo Hernández. “Dice el alcalde que era para ayudarle con la vivienda, pero yo creo que era para tenerlo cerca para hacer los pliegos (de la convocatoria)”, aseguró en el video.
¿Qué puede pasar con el caso si Hernández llega a ser presidente?
Mientras no haya una condena, se presume la inocencia de Rodolfo Hernández y es por ello que el empresario tiene el derecho, como cualquier otro ciudadano que no haya sido condenado antes, a presentarse a la Presidencia.
En caso de ganar las elecciones, el caso Vitalogic dejaría de estar en manos de la Fiscalía y del juez encargado y pasaría al Congreso, ya que, de acuerdo a la Constitución del país, el presidente no puede ser juzgado antes de que las Cámaras determinen si hay lugar o no a un juicio.
En primer lugar, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la que debería continuar con las investigaciones que se han llevado a cabo. Tras ello, sometería al pleno de la Cámara sus investigaciones y este determinaría realizar o no una acusación ante el Senado.
El Senado, por su parte, decidiría si aceptar o no la acusación. En caso de declinarla, el proceso se detendría. Pero de ser aceptada, suspendería al presidente de sus funciones y lo pondría a disposición de un juicio en la Corte Suprema. En ese escenario, sería la vicepresidenta, Marlene Castillo, quien asumiría las riendas del país hasta finalizar el mandato.
En caso de no ganar las elecciones, Rodolfo Hernández tiene asegurado un asiento en el Congreso como senador de la República. Si se diera el caso, y de acuerdo con las leyes del país, sería investigado y juzgado por la Corte Suprema.
¿Qué tanto podría influir la política en el proceso?
En la historia de Colombia, el Congreso nunca ha realizado un juicio político a un presidente en ejercicio, incluso en dos sonados procesos.
Uno contra Belisario Betacur, por la controvertida retoma del Palacio de Justicia en 1985 (cuando la guerrilla del M-19 tomó el edificio y luego el Ejército irrumpió y evacuó rehenes que tras salir con vida aparecieron luego muertos en el recinto y otras zonas de Bogotá); y el otro contra Ernesto Samper, señalado de haber recibido dinero del narcotráfico por el llamado ‘proceso 8.000’. Sendos dossieres fueron archivados.
A falta de precedentes, existe el temor de que intereses políticos influyeran, dado el caso, en el proceso.
En referencia a ello, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, indicó a France 24 que es un “riesgo” que se podría correr y que dependería, en gran parte, de “cómo se compongan las fuerzas políticas en la Comisión de Acusación” cuando asuma en agosto el recién elegido Congreso. De acuerdo con el experto, en el pasado, esta comisión “ha sido muy criticada por tener unos criterios más políticos que jurídicos”.
Sin embargo, Andrés Hernández explica que al tratarse de una investigación previa a una eventual elección de Rodolfo Hernández, la Comisión debería continuar con la investigación con todas las pruebas recopiladas hasta el momento por la Fiscalía y que lo avanzado “sería difícil de revertir”.
Por su parte, el abogado Elmer Montaña, que investiga el caso Vitalogic, apuntó en una entrevista que en caso de que la Justicia ordinaria, a cargo del caso hasta el momento, considerara que existen pruebas suficientes para una condena y esta no avanzara en el Senado, estos congresistas serían «denunciados penalmente ante la misma Corte (Suprema)».
En medio del debate que plantea la acusación a Hernández y su posible gobierno, el director de Transparencia por Colombia advirtió también de posibles complicaciones de gobernabilidad, así como para “las políticas y propuestas que él (Rodolfo Hernández) pueda impulsar”, indicando que ante el “escenario de una eventual condena”, las trabas serían mucho más adversas y aumentarían aún más el gran descontento social de la ciudadanía.
Otras polémicas que rondan a Rodolfo Hernández
A mediados de los 90, Hernández fue destituido como concejal de Piedecuesta, su pueblo natal. En 1991, había sido elegido para el cargo, pero el empresario no acudió a las sesiones porque las consideraba ineficientes. Por ello, envió una carta a la Alcaldía en la que informó que no haría efectiva su curul, pero indicando que en su lugar asistiría su suplente, Alexander Humberto Díaz.
En su asiento, Díaz impulsó una medida para que las constructoras pudieran pagar impuestos mediante la construcción de obras. Pocos días después, la empresa de Hernández firmó un convenio para realizar obras en el municipio por un valor de 30 millones de pesos (lo que en la actualidad equivaldría a unos 4.370 millones de pesos, o poco más de un millón de dólares).
Tras ello, la Procuraduría lo destituyó al considerar que en ocupación de un cargo público no podía optar a contratos con el Estado y señaló que el acuerdo impulsado para reemplazar impuestos por edificaciones había sido «hecho exclusivamente para favorecer los intereses» del constructor.
La defensa de Hernández argumentó que no se trataba de un contrato para obtener ganancias, si no para pagar impuestos y que el empresario no se había presentado al Concejo, por lo que no había participado en política. Sin embargo, para la Procuraduría su renuncia no había sido efectiva, ya que había dejado a su suplente en su lugar.
Denuncia de acoso laboral, suspensiones como alcalde y renuncia al cargo
Hernández terminó su mandato en la Alcaldía de Bucaramanga con una aprobación del 84% y varios logros, que resalta ahora en su campaña; como la reducción del déficit de 237.000 millones de pesos al inicio del periodo a cero pesos al finalizar.
No obstante, varios señalamientos aún pesan sobre él. Aunque el más renombrado es el caso Vitalogic, al margen de esta trama, Hernández fue denunciado por acoso laboral y suspendido en varias ocasiones antes de que él mismo renunciara.
Una de las funcionarias de su alcaldía, Ruby Morales, denunció a Hernández después de una acalorada charla en la que el alcalde le insistía en poner el nombre de pila del jefe de gobernanza en un comunicado oficial, mientras la trabajadora le aseguraba que debía incluirse el nombre completo según las normativas, a lo que el mandatario le contesto «me paso la ley por el culo», palabras recogidas en un audio que Morales aportó como prueba.
En cuanto a las suspensiones, una se dio luego de que en noviembre de 2018 Hernández le pegara una cachetada al concejal Jhon Claro, hecho registrado en un video que ha dado la vuelta al país y por el que tuvo que pagar una multa de 124 millones. Por ello fue suspendido ocho meses.
En enero de 2019 fue nuevamente alejado del cargo por acusar de corrupción y hurto de recursos de contratación para el municipio a un funcionario, caso que fue descartado por falta de pruebas. Y, finalmente, a dos meses de acabar su mandato, en septiembre de 2019, renunció luego de que la Procuraduría lo suspendiera por haber apoyado la campaña política de uno de los candidatos a sucederlo, Juan Carlos Cárdenas, quien es el actual mandatario de la ciudad.
A horas de la apertura de las urnas presidenciales, la imputación contra Rodolfo Hernández y los demás señalamientos como servidor público no dejan de crear revuelo sobre un candidato que se promueve como el indicado para acabar con la corrupción sistemática en Colombia. France24
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