El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes 27 de agosto que pone en «pausa» las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en su país, luego de que esos gobiernos expresaran críticas en los últimos días sobre la polémica reforma judicial, impulsada por el mandatario latinoamericano. El pronunciamiento llega un día después de que el proyecto de reforma diera un importante avance al ser aprobada por la mayoría oficialista en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La iniciativa avanza pese a la resistencia de los mercados, una huelga del poder judicial y el rechazo de la oposición.
El Gobierno mexicano frena, por ahora, su relación con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, en la capital de la nación latinoamericana, anunció este martes 27 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La medida llega pocos días después de que el embajador de EE. UU., Ken Salazar, criticara la propuesta de reforma judicial, impulsada por el presidente de México. El diplomático canadiense, Graeme Clark, también advirtió sobre los riegos para elegir mediante voto popular al Poder Judicial en México, como estipula la iniciativa.
«Tienen que aprender a respetar la soberanía de México», subrayó el líder político de izquierda.
Asimismo, López Obrador advirtió sobre el riesgo potencial para la relación comercial entre EE. UU. y México, naciones que son los principales socios económicos entre sí.
Sin embargo, el líder político de Morena aclaró que «la pausa» solo está dirigida a los embajadores de esos dos países en su capital, y que no afectará a las relaciones con los gobiernos de Washington ni Ottawa.
“La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa», remarcó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.
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La tensión diplomática se leva después de que la semana pasada, el embajador Ken Salazar calificara la reforma, que propone que los jueces sean elegidos por voto popular, como un «riesgo importante para el funcionamiento de la democracia de México».
Una declaración que generó un inusual intercambio de comentarios entre la Embajada estadounidense en la capital mexicana y el Palacio Nacional, que acaparó portadas de la prensa local, luego de que el mandatario calificara las críticas como «injerencia».
Por separado, el diplomático canadiense también advirtió sobre las «preocupaciones» de los inversionistas frente a la reforma, que se aprobaría el próximo septiembre, cuando la alianza de partidos de López Obrador tenga la mayoría necesaria, de dos tercios del Congreso, para modificar la Constitución.
Comisión del Congreso mexicano aprueba polémica reforma judicial de AMLO
El plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el sistema judicial de México recibió un respaldo clave el lunes 26 de agosto, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó avanzar con la propuesta.
La iniciativa, que plantea que todos los jueces federales, incluyendo los miembros de la Suprema Corte, sean elegidos por votación popular, genera controversia, con opositores advirtiendo que podría amenazar la democracia. Aunque la comisión aún podría hacer modificaciones en el proyecto en futuras votaciones, la reforma principal, que aboga por elecciones judiciales, tiene una alta probabilidad de mantenerse en la legislación.
Con los 22 votos a favor provinieron del gobernante Movimiento Regeneración Nacional, (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo, PT, y Verde Ecologista, PVEM, frente a 17 en contra de la oposición, la reforma propuesta para el sistema judicial de México pasó su primera prueba.
Fotografía cedida por la Cámara de Diputados de legisladores durante una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales el lunes 26 de agosto, en la Ciudad de México, México. © Cámara de Diputados de México/Vía EFE
El dictamen, que incluye cien modificaciones sugeridas por Morena, establece dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, siendo la primera una convocatoria extraordinaria programada para junio de 2025.
«Es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos, permite la intromisión de poderes fácticos»
El oficialismo prevé votar la reforma en el pleno el próximo septiembre, cuando tendrá los dos tercios del Congreso, necesarios para modificar la Constitución.
A pesar de la inminente aprobación de la reforma al sistema judicial, propuesta por López Obrador, representantes de la oposición expresaron su rechazo debido a preocupaciones sobre la independencia del poder judicial.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se manifestaron en contra de la reforma, argumentando que podría poner en riesgo la separación de poderes.
El diputado del PAN, Héctor Téllez, calificó la reforma como una “transgresión” a la independencia judicial, una violación del principio de división de poderes, y una forma de “cooptación” del Poder Judicial.
“Por todo lo anterior es que en Acción Nacional votaremos en contra este dictamen y los exhortamos a reformularlo de modo que evaluemos y contemplemos las fallas existentes en todo el sistema de justicia”, aseguró.
Desde el PAN, se presentó un voto particular al dictamen con el objetivo de replantear la reforma judicial y garantizar que se aborde la corrupción en el Poder Judicial, además de promover la selección de jueces con mejores perfiles.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que la oposición tiene «grandes razones» para oponerse a la reforma judicial.
“Lesiona el pacto federal, no representa mejorar la calidad de las resoluciones, es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos, permite la intromisión de poderes fácticos”, enfatizó Moreira.
¿Qué contiene la polémica propuesta de reforma judicial en México?
La reforma judicial propuesta en México busca cambiar cómo se eligen los jueces y cómo se administran los tribunales. Esto es lo que hay que saber:
-Elección popular de jueces: actualmente, en el país, los jueces son designados y ascienden con base en sus años de experiencia y méritos. La reforma sugiere que, en lugar de esto, los magistrados sean elegidos por voto popular. Esto significa que cualquier persona con un título en derecho y algo de experiencia podría postularse para ser juez y los ciudadanos votarían por ellos.
-Creación de nuevas instituciones: la reforma también propone la creación de dos nuevos órganos administrativos para gestionar el sistema judicial. Estos reemplazarían al actual Consejo de la Judicatura Federal, que supervisa la administración de los tribunales.
-Preocupaciones: los críticos de la reforma, incluidos magistrados y partidos de oposición, temen que esta nueva forma de elección pueda llevar a que los jueces sean seleccionados por sus vínculos políticos o lealtades al partido oficialista. Argumentan que esto podría poner en riesgo la imparcialidad del sistema judicial, especialmente con el cambio de gobierno que se avecina, ya que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, es parte del mismo partido del actual presidente.
En un comunicado, los sindicatos denunciaron el avance de la reforma como una medida precipitada y un riesgo para el «único contrapeso» al dominio del partido gobernante Morena en la presidencia y el Congreso. La oposición respalda esta preocupación al advertir que los cambios propuestos por el presidente amenazan la independencia del poder judicial.
Ante estos reproches y preocupaciones, jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial de México comenzaron el pasado miércoles 21 de agosto una huelga nacional indefinida.
El paro alcanza a 20 de los 32 estados del país y se suma a la protesta que ya mantenían desde el lunes 19 de agosto más de 55.000 trabajadores del sector.
En caso de que la reforma no termine de ser aprobada durante el mandato que resta de López Obrador, se prevé que sea avalada durante el próximo gobierno, ya que cuenta con el respaldo de su sustituta Claudia Sheinbaum, quien asumirá la Presidencia el próximo 1 de octubre.